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Rosalba Ramos rechaza acuerdos en violencia de género y respalda sanciones más severas en el nuevo Código Penal
Durante su evaluación como aspirante a la Suprema Corte de Justicia, la fiscal del Distrito Nacional sostuvo que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre la rapidez de los procesos judiciales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió este jueves las modificaciones introducidas en el nuevo Código Penal dominicano, al considerar que permitirán al sistema de justicia responder con sanciones más proporcionales a la gravedad de determinados delitos y superar las limitaciones que presentaba la legislación anterior.
Sus planteamientos fueron expuestos durante las vistas públicas celebradas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo ante el cual compareció como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La representante del Ministerio Público destacó la acumulación de penas como uno de los cambios relevantes de la nueva normativa, al entender que proporcionará mayores posibilidades para solicitar condenas que reflejen la magnitud de los hechos delictivos.
Cuestiona condenas insuficientes frente a delitos graves
Para explicar su posición, Ramos recordó el caso de Yocairi Amarante, la joven que sufrió un ataque con una sustancia química corrosiva por encargo de su expareja, en un hecho que provocó graves lesiones y consecuencias permanentes para su vida.
La fiscal manifestó que la condena de 30 años de prisión impuesta por ese crimen resultaba insuficiente frente a la gravedad de la agresión y sus efectos sobre la víctima.
Explicó que el antiguo Código Penal, que permaneció vigente durante más de un siglo, contemplaba disposiciones que dificultaban imponer sanciones más severas en determinadas circunstancias.
También mencionó las estafas piramidales, una modalidad delictiva que puede perjudicar económicamente a numerosas personas y que, según su explicación, enfrentaba penas de apenas dos años de prisión bajo disposiciones anteriores.
A su juicio, el nuevo régimen penal amplía las herramientas disponibles para que los fiscales soliciten condenas ajustadas a la naturaleza y gravedad de cada infracción.
Advierte sobre los riesgos de conciliar en casos de violencia de género
Uno de los aspectos más relevantes de su intervención estuvo relacionado con la protección de las mujeres víctimas de violencia.
Ramos manifestó su oposición a promover acuerdos que puedan comprometer la seguridad de quienes denuncian agresiones por parte de sus parejas o exparejas.
La fiscal explicó que algunas mujeres, después de acudir ante las autoridades, expresan su intención de retirar las denuncias o reconciliarse con sus agresores, incluso cuando persisten condiciones que podrían colocarlas nuevamente en peligro.
Sostuvo que las víctimas no siempre disponen de las condiciones necesarias para tomar decisiones completamente libres de presiones, especialmente cuando existen relaciones de dependencia emocional, económica o situaciones de intimidación.
Por esa razón, afirmó que prefiere asumir el riesgo de perder un proceso judicial antes que aceptar una conciliación que pueda facilitar nuevos episodios de violencia.
Acuerdos judiciales deben respetar los derechos de las víctimas
La aspirante a jueza reconoció que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden contribuir a disminuir la carga de trabajo de los tribunales y reducir los costos de los procedimientos penales.
Sin embargo, advirtió que su aplicación debe responder a criterios jurídicos y a las circunstancias particulares de cada expediente.
Explicó que la Fiscalía del Distrito Nacional contempla acuerdos en determinados procesos, siempre que se considere la gravedad del delito y se respete la posición de las personas perjudicadas.
En los casos de robo, señaló que resulta fundamental tomar en cuenta el consentimiento de la víctima para evitar que esta perciba que sus derechos fueron desatendidos.
No obstante, defendió un tratamiento más riguroso cuando los hechos involucren violencia grave, mutilaciones o personas menores de edad.
Destaca incorporación de nuevas figuras delictivas
Durante su comparecencia, Ramos señaló que el nuevo Código Penal incorpora 70 delitos y modifica el tratamiento de diversas conductas, lo que, desde su perspectiva, permitirá fortalecer la respuesta institucional frente a nuevas manifestaciones de criminalidad.
Asimismo, destacó la responsabilidad que tendrá el Ministerio Público en la investigación y presentación de los casos, así como la función de los tribunales en la interpretación y aplicación de las disposiciones legales.
La fiscal reconoció que corresponderá a los jueces desarrollar los criterios jurisprudenciales necesarios para orientar la aplicación de la legislación, conforme a los principios constitucionales y las garantías del debido proceso.
Inteligencia artificial no debe sustituir las decisiones judiciales
Otro de los asuntos abordados durante su evaluación fue la incorporación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia.
Ramos consideró que la inteligencia artificial puede facilitar determinadas tareas de apoyo en los tribunales, pero advirtió que no debe reemplazar la responsabilidad de los magistrados de examinar las pruebas, interpretar las normas y fundamentar sus decisiones.
Explicó que la función jurisdiccional exige una valoración humana, particularmente cuando los jueces deben resolver conflictos entre derechos fundamentales o ponderar principios constitucionales.
En ese contexto, defendió la importancia de preservar la dignidad de las personas y garantizar que las decisiones judiciales respondan a una motivación jurídica adecuada.
La comparecencia de Rosalba Ramos formó parte del proceso de evaluación de candidatos a la Suprema Corte de Justicia, durante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura examina las trayectorias, competencias y criterios jurídicos de los aspirantes a ocupar posiciones en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
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Tribunal mantiene en prisión a tres acusados del fraude de RD$2,500 millones en Coop-Herrera
La justicia rechazó las solicitudes de libertad de los imputados en la Operación Búho, proceso que involucra a 366 víctimas y un presunto esquema de préstamos simulados y certificados financieros sin respaldo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva contra tres de los principales acusados de participar en el presunto fraude de RD$2,500 millones cometido a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), caso investigado por el Ministerio Público mediante la denominada Operación Búho.
La decisión fue adoptada por el magistrado Julio Aybar, presidente del tribunal, quien rechazó las solicitudes de cese de prisión preventiva presentadas por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
El juez consideró que todavía persisten las circunstancias que justificaron la imposición de las medidas de coerción, al tiempo que recordó que el vencimiento de determinados plazos no implica necesariamente la libertad automática de los procesados, sino que deben evaluarse las condiciones particulares del expediente y las disposiciones legales aplicables.
Tribunal considera que persisten los riesgos procesales
Para adoptar su decisión, el magistrado tomó en consideración la gravedad de los hechos atribuidos, las posibles sanciones penales y las garantías que ofrecen los acusados para comparecer durante el desarrollo del juicio.
Asimismo, valoró que los argumentos presentados por las defensas ya habían sido examinados por otros tribunales, sin que se determinaran circunstancias suficientes para modificar las medidas de coerción.
En consecuencia, Gabriel Santana Borsilea continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana, mientras Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra permanecerán en el CCR-XVII de Najayo, provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público informó que se encuentra preparado para presentar su discurso de apertura durante el juicio de fondo, cuyo inicio está señalado en la información para el 20 de noviembre de 2026.
Fraude habría afectado a 366 personas
De acuerdo con el expediente acusatorio, la presunta estructura criminal habría perjudicado a 366 personas mediante operaciones financieras fraudulentas desarrolladas dentro de Coop-Herrera.
Las investigaciones señalan que los implicados supuestamente utilizaron mecanismos como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros sin respaldo económico para desviar recursos pertenecientes a los socios y ahorrantes de la cooperativa.
El Ministerio Público sostiene que estas operaciones ocasionaron un perjuicio económico estimado en RD$2,500 millones, afectando a personas que habían depositado sus ahorros y aportaciones en la entidad financiera.
Otros imputados y empresas vinculadas al expediente
Además de los tres acusados que permanecerán en prisión preventiva, el proceso judicial incluye a Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
También figuran varias sociedades comerciales presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas, entre ellas Inmobiliaria Villa Pastoral 21, ByT Diseños y Construcciones, Conspebo RD, Comercial Gabriel Santana, Gabriel Santana Auto Import, GSB Music Studio y Productions, y GBS Baseball Academy.
Para sustentar las acusaciones, el órgano persecutor ha reunido numerosas evidencias documentales, testimoniales, periciales y materiales.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos, utilizados para reconstruir las operaciones financieras y patrimoniales investigadas.
Operación Búho comenzó en octubre de 2023
La Operación Búho fue ejecutada el 4 de octubre de 2023, luego de varios meses de investigaciones relacionadas con denuncias presentadas por particulares y por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
El operativo contó con la participación de más de 20 fiscales, aproximadamente 100 agentes policiales y miembros de unidades especiales.
Durante las actuaciones, las autoridades ocuparon inmuebles, embarcaciones, vehículos y otros bienes considerados de interés para la investigación, mediante órdenes judiciales.
Las pesquisas fueron desarrolladas de manera conjunta por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Caso continúa hacia el juicio de fondo
Durante la audiencia de revisión de las medidas de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La ratificación de la prisión preventiva mantiene a los tres acusados privados de libertad mientras continúa el proceso judicial destinado a determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El caso Coop-Herrera constituye uno de los procesos judiciales relacionados con presuntos fraudes cooperativos de mayor repercusión económica en República Dominicana, debido a la cantidad de recursos investigados y al número de personas que aseguran haber resultado perjudicadas.
La decisión sobre las medidas de coerción no representa una declaración de culpabilidad, por lo que los procesados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial definitiva.
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Pandilla 400 Mawozo propone diálogo y pide detener operaciones militares en Haití tras advertencia de Bukele
La organización criminal haitiana anunció una manifestación para el 18 de noviembre en Croix-des-Bouquets y solicitó la suspensión de las operaciones ofensivas en los territorios bajo su control, mientras plantea abrir negociaciones para reducir la violencia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La poderosa pandilla haitiana 400 Mawozo respondió nuevamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y propuso iniciar un proceso de diálogo nacional para evitar una escalada de los enfrentamientos militares en Haití, país que continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad y violencia armada.
La organización, dirigida por Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», manifestó su disposición a participar en conversaciones orientadas a reducir las hostilidades y buscar una salida negociada a la crisis.
Mediante un comunicado fechado el viernes 6 de noviembre de 2026, en Croix-des-Bouquets, la Oficina de Comunicación de Wilson Joseph informó que habría establecido contacto con la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNDDR), con el propósito de facilitar un eventual proceso de negociación.
Responden a advertencia del presidente salvadoreño
El pronunciamiento de la pandilla se produjo después de que Bukele reaccionara en la red social X a una publicación que mostraba la residencia del cabecilla de los 400 Mawozo.
En su respuesta, el mandatario salvadoreño solicitó la dirección exacta del inmueble y manifestó su intención de destruirlo.
La organización criminal expresó preocupación por esas declaraciones y afirmó que la residencia de su líder forma parte de lo que presentó como una iniciativa de desescalada de las hostilidades.
Asimismo, sostuvo que cualquier operación militar contra bienes civiles debe examinarse conforme a las disposiciones del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, esa posición constituye un planteamiento de la propia organización y no implica que el inmueble tenga automáticamente una condición de protección especial ni que exista un acuerdo reconocido por las autoridades.
Solicitan suspensión de operaciones ofensivas
Como parte de sus planteamientos, los 400 Mawozo pidieron a las fuerzas militares involucradas suspender temporalmente las operaciones ofensivas en las zonas que mantienen bajo su control.
Según el comunicado, la medida permitiría reducir las tensiones, proteger a la población civil y crear condiciones para iniciar conversaciones destinadas a alcanzar una solución política.
La pandilla aseguró que su propuesta no representa una rendición, sino una decisión que considera necesaria para evitar nuevas pérdidas humanas.
No obstante, la solicitud surge en medio de los esfuerzos de las autoridades haitianas y de fuerzas internacionales por recuperar territorios controlados por organizaciones armadas, responsables de graves hechos de violencia e inseguridad.
Anuncian manifestación para el 18 de noviembre
La organización también anunció su intención de participar el próximo 18 de noviembre en una manifestación que calificó de pacífica, prevista para realizarse en la plaza pública de Croix-des-Bouquets.
Según sus representantes, la actividad buscaría reunir a instituciones y otros sectores interesados en promover un proceso de diálogo y reconciliación nacional.
El grupo expresó que la iniciativa pretende establecer las primeras bases de una negociación que permita reducir los enfrentamientos y recuperar la estabilidad en las comunidades afectadas.
Hasta el momento, la información divulgada no confirma que las autoridades haitianas o las fuerzas internacionales hayan aceptado formalmente la propuesta.
Pandilla plantea establecer zonas sin hostilidades
En otra parte de su comunicado, los 400 Mawozo reiteraron su intención de declarar los territorios bajo su control como zonas de no hostilidades frente a las fuerzas extranjeras.
Para fundamentar su planteamiento, citaron los Convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales y principios del derecho internacional humanitario relacionados con la protección de civiles y determinados bienes.
También hicieron referencia a la Carta de las Naciones Unidas e invitaron a organismos internacionales, autoridades haitianas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a considerar su propuesta.
Sin embargo, una declaración unilateral de una organización armada no constituye por sí sola una zona desmilitarizada reconocida jurídicamente ni impide automáticamente las operaciones legítimas de seguridad.
Crisis haitiana plantea desafíos para la seguridad regional
La nueva posición de los 400 Mawozo se produce en un momento de creciente atención internacional sobre las operaciones contra las pandillas que mantienen bajo amenaza a numerosas comunidades haitianas.
La participación de militares salvadoreños y el posicionamiento público de Bukele han añadido un nuevo componente al debate sobre las estrategias para enfrentar la violencia en Haití.
La propuesta de diálogo presentada por la organización criminal plantea interrogantes sobre las condiciones necesarias para cualquier negociación, especialmente en materia de desarme, protección de las víctimas, rendición de cuentas y recuperación del control territorial por parte del Estado.
Diálogo y seguridad, dos desafíos para Haití
La situación pone de relieve la complejidad de la crisis haitiana, donde las iniciativas de pacificación deben examinarse junto con las obligaciones de proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley.
Aunque los 400 Mawozo aseguran estar dispuestos a buscar una solución negociada, sus declaraciones no constituyen por sí mismas una garantía de desarme o abandono de las actividades criminales.
Por el momento, la organización mantiene su convocatoria para el 18 de noviembre, mientras permanece pendiente conocer si las autoridades haitianas y los organismos involucrados en las operaciones de seguridad responderán a su propuesta.
El futuro de cualquier iniciativa dependerá de compromisos verificables, garantías para la población civil y mecanismos que permitan avanzar hacia el restablecimiento de la seguridad y el Estado de derecho en Haití.
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JCE facilitará gratuitamente actas de nacimiento a mayores de 60 años para renovar la cédula
El organismo electoral aprobó un procedimiento extraordinario para reconstruir, digitalizar o registrar documentos de nacimiento de ciudadanos que poseen cédula, pero presentan irregularidades en sus expedientes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un protocolo especial destinado a facilitar la regularización de los registros de nacimiento de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad y electoral, pero enfrentan dificultades documentales que podrían impedirles renovar su identificación.
La medida, adoptada por el Pleno del organismo electoral, permitirá localizar, digitalizar, reconstruir o registrar gratuitamente las actas de nacimiento de ciudadanos cuyos documentos originales no aparecen en los archivos del Estado Civil, se encuentran deteriorados o carecen de los soportes necesarios para su validación.
La iniciativa busca evitar que miles de dominicanos de edad avanzada enfrenten obstáculos administrativos para obtener la nueva cédula debido a problemas documentales acumulados durante décadas.
Una problemática que se remonta a antes de 1992
De acuerdo con la JCE, la situación tiene su origen en las disposiciones y prácticas existentes antes de 1992, cuando no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para obtener la cédula de identidad y electoral.
Como consecuencia, numerosas personas recibieron su documento de identificación sin que sus registros de nacimiento estuvieran debidamente instrumentados o conservados en los libros oficiales.
Con el paso del tiempo, estas irregularidades han provocado dificultades para verificar la identidad de determinados ciudadanos, especialmente durante los procesos de actualización y renovación de documentos.
Utilizarán archivos y datos biométricos
El protocolo, denominado «Protocolo para el Registro Extraordinario, Digitalización o Reconstrucción de los Nacimientos de Personas de 60 Años o Más que Posean Cédula», establece un mecanismo excepcional sustentado en la Ley núm. 4-23, sobre los actos del Estado Civil.
Para desarrollar el procedimiento, la institución utilizará archivos históricos, informaciones documentales y datos biométricos disponibles en sus sistemas, con el propósito de verificar la identidad de los solicitantes y corregir las dificultades registrales correspondientes.
La JCE precisó que el mecanismo está dirigido a ciudadanos que ya poseen una cédula, pero cuyos registros de nacimiento presentan problemas de localización, deterioro, inexistencia de soportes documentales o dificultades para su validación.
Procedimiento será gratuito para los beneficiarios
Uno de los aspectos fundamentales de la disposición es que los ciudadanos que reúnan las condiciones establecidas no tendrán que pagar por el procedimiento extraordinario.
La gratuidad busca eliminar barreras económicas y garantizar que las personas mayores puedan regularizar sus documentos sin asumir costos adicionales derivados de problemas históricos en los archivos del Registro Civil.
De esta manera, la Junta Central Electoral procura facilitar que los beneficiarios completen el proceso de renovación de la cédula y mantengan actualizado su documento de identidad.
Buscan garantizar el derecho a la identidad
La institución considera que la falta de documentación registral no debe convertirse automáticamente en un impedimento para que las personas de edad avanzada puedan ejercer sus derechos y acceder a los servicios que requieren una identificación vigente.
El nuevo mecanismo representa una respuesta administrativa a una problemática que durante años ha afectado a ciudadanos cuyos registros de nacimiento presentan inconsistencias ajenas al proceso actual de renovación.
Con esta iniciativa, la Junta Central Electoral busca fortalecer la seguridad jurídica del Registro Civil, preservar la información histórica de los ciudadanos y garantizar que la modernización del sistema de identificación no excluya a quienes enfrentan dificultades documentales acumuladas durante décadas.