Análisis Noticiosos
Sabia rectificación de Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Al revocar la decisión de regalar el 45 por ciento del valor de los terrenos de Bahía de las Águilas a quienes se los apropiaron, el presidente Medina atendió un amplio clamor de la sociedad y desbarató una estafa multimillonaria
Al revocar el poder que reconocía títulos usurpados en el entorno de la Bahía de las Águilas el Presidente Danilo Medina no sólo atendió un clamor de la sociedad, sino que libró a su gobierno de un baldón y dispuso que el Ministerio Público asuma en los tribunales la defensa del patrimonio nacional que se evadió durante años.
La sabia y oportuna rectificación se convertiría en victoria si las actuales autoridades se empeñan en hacer lo que nunca se había hecho: lograr que los tribunales anulen los títulos obtenidos de forma fraudulenta por una mafia de funcionarios y empresarios que rentarían miles de millones de pesos.
Agudo olfato político
Al revocar su poder 7-13 (P7-13) que reconocía el 45 por ciento del valor de las parcelas 215 y 40 sobre la Bahía de las Águilas en Pedernales a los beneficiarios de un fraude inmobiliario multimillonario, el presidente Danilo Medina no sólo atendió un inmenso y creciente clamor nacional, sino que se libró de un lastre para su gobierno que con ese proyecto heredó un regalo envenenado.
El olfato político del mandatario le permitió percibir que la sociedad rechazaba la ignominia de premiar a quienes hace 16 años fueron encarcelados por haberse constituido en una asociación de malhechores para apoderarse de una zona protegida de un inmenso valor ecológico y potencialmente económico.
El proyecto de crear un fideicomiso para dar paso a una supuesta inversión multimillonaria estaba dividiendo hasta el mismo gobierno y sus legisladores, algunos de los cuales no guardaron silencio, como el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien siendo director del Instituto Agrario Dominicano en 1997 motorizó la acción que llevó a prisión a su antecesor en el cargo Jaime Rodríguez Guzmán y varios asociados por la expedición ilegal de títulos de la atractiva Bahía de las Águilas.
Una circunstancia fortuita operó contra el proyecto, ya que el lunes 18 la Suprema Corte de Justicia conocía una instancia relativa a la demanda penal por usurpación de los terrenos. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General que la iniciaron hace 17 años, tuvieron que sostenerla, dejando al gobierno de espalda a la acción judicial reivindicativa del patrimonio público y en asociación con una mafia de traficantes. Con el agravante de que el sostener la demanda alejaría cualquier intento serio de invertir en terrenos en litis con el Estado. Se imponía la revocación, más aún ante la encomienda presidencial de defender el patrimonio público tras proclamar que “el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión”, lo que no hicieron los gobiernos anteriores ni los funcionarios actuales que promovían la transacción.
Una demoledora avalancha
El rechazo a la transacción se expandía a velocidad de rayo por las redes sociales, con los periódicos digitales y los programas de radio y televisión a la cabeza, alcanzaba a casi todos los diarios, y encontraba eco en las organizaciones sociales y ecológicas, con graves admoniciones de la Academia de Ciencias y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los jóvenes parecían encontrar un nuevo motivo para reanudar las protestas que los enardecieron por el déficit fiscal de Leonel Fernández.
El martes 19, cuando el presidente Medina reunió en el Palacio Nacional a 11 ejecutivos de medios de comunicación pudo contactar el nivel de rechazo a la transacción que validaba lo que tras una minuciosa investigación en 1997 la entonces directora del Catastro Nacional, Piky Lora Iglesias, catalogara como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional. Sólo dos de los comunicadores apoyaron el plan gubernamental y advirtieron que la ayuda al desarrollo de la región suroeste no justificaría que se terminara tan abruptamente la luna de miel del gobierno con la ciudadanía y que “le saldría más cara la sal que el chivo”. Al día siguiente se pondría la tapa al pomo con el comunicado de la Conferencia del Episcopado que llamaba a “defender el patrimonio nacional y los recursos naturales frente a inversionistas extranjeros o nacionales” que atenten contra el mismo, y la advertencia del embajador de Estados Unidos de que antes de cualquier transacción había que “limpiar los títulos”.
Mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana denunciaban una cadena de violaciones a preceptos constitucionales y legales que podrían generar acciones judiciales como la advertida por el exfiscal Guillermo Moreno de que el Presidente podría estar incurriendo en el delito de prevaricación. El gobierno se había quedado apenas con el apoyo de un diario y del presidente titular del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, un exitoso empresario inmobiliario, y a medias del Cardenal Nicolás López Rodríguez, cuya opinión quedó reducida por el comunicado del pleno del Episcopado.
La última batalla de Piky
Durante el encuentro con el mandatario, los ejecutivos periodísticos Huchi Lora, Persio Maldonado, Osvaldo Santana, Rafael Molina Morillo y Juan Bolívar Díaz fueron tan contundentes en rechazar la transacción con los retenedores de títulos falsos, que luego de tres horas otros consideraron redundante insistir. Huchi Lora reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, -la única mujer en la insurrección guerrillera de Manolo Tavarez en 1963 contra el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch- quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas. La abogada Laura Acosta Lora, hija de Piky, quien encabezó el rechazo la transacción y mantiene copia de las pruebas de la estafa inmobiliaria, sería recibida por el presidente Medina al día siguiente.
En resumen Piky Lora estableció: sin aprobación del consejo directivo del IAD, su titular Rodríguez Guzmán pidió el traspaso de las parcelas 215-A y 40 con 36 mil 197 hectáreas para un supuesto asentamiento campesino en terreno donde solo crece guazábara. El mismo día 5 de diciembre de 1995, el Registrador de Títulos de Barahona transfiere la parcela. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, aprueba el traspaso, sin autorización del Poder Ejecutivo. Se entregan títulos a supuestos campesinos, familiares, empleados y relacionados de los funcionarios y hasta a difuntos, que a su vez procederían a “venderlos” en violación a la ley de reforma agraria que lo prohíbe, al senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez, y a otros políticos. Gran parte de los títulos fueron luego revendidos a personas y empresas, “compradores de buena fé”, en una clara maniobra para tratar de legitimar el fraude y complicar su anulación demandada en 1997 ante la justicia. A todos ellos es que el P7-13 le venía a reconocer el 45 por ciento del valor de esos terrenos.
Muchos millones de dólares
En el curso del diálogo con el presidente Medina se preguntó al Ministro de Turismo Francisco Javier García, el nombre de la empresa que según dijo allí estaba lista para invertir en Bahía de las Águilas más de mil cien millones de dólares para un proyecto turístico. El funcionario sólo mencionaba que era “apellido Land”, por lo que se le requirió el nombre completo de la razón social. Reiteró deletreando la respuesta: “ele-a-ene-de”.
Al parecer el ministro de Turismo no recordaba el nombre de la importante “empresa norteamericana”. Dos días después entregó el proyecto de inversión remitido al presidente Medina el 4 de septiembre del 2012 por el bufete de abogados Pérez-Siragusa Martínez a nombre de una empresa “de capital canadiense” que identifica como Lamb Development Corporation. (Lamb en inglés es ovejo y Land es tierra). La comunicación especifica que el proyecto data del 2006 y fue presentado formalmente al ministerio de Turismo en el 2010 y que ha tenido la cooperación del mismo.
El asesor legal detalla que la empresa de Toronto ya “ha invertido millones de dólares en adquisición de propiedades” pero sin cuantificarlo. Dice que “adquirió los derechos de propiedad y los derechos litigiosos de un grupo de los reclamantes involucrados en la litis que cursa en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Aunque se ha negado que involucre la playa, la comunicación firmada por el abogado Cristóbal Pérez-Siraguza precisa que el proyecto “constará de 5 a 7 hoteles, donde cada resort ocupará entre 100 y 300 metros de playa”, con mil quinientas habitaciones.
Según la comunicación, la inversión total en dólares sería de 525 millones para los hoteles, 300 millones para condominios, 280 millones en campo de golf y villas y 40 millones en comercialización, totalizando 1,145 millones de dólares, sin duda un monto impresionante, pero no indica cómo se financiaría.
La página en Internet de la Lamb Development da cuenta en inglés de que fue fundada en el 2001, que ha ejecutado 9 proyectos inmobiliarios en ciudades de Canadá, no en turismo, que tiene en desarrollo o diseño otros seis en ese país, y en el exterior uno en Honduras y “un resort de 500 acres en Cabo Rojo, en la Costa Suroeste de la República Dominicana”.
En el encuentro citado, el autor del Tema de HOY le dijo al presidente Medina que calculando la totalidad de la parcela 215-A que bordea 14 kilómetros de playa en Bahía de las Águilas y totaliza 361 millones 978 mil 762 metros cuadrados, al precio de 231.30 pesos por metro a que le vendieron 63 mil 500 metros cuadrados al italiano Aldo Meroni, aprobada por el Senado en junio del 2012, el valor total sería de 83 mil 725 millones 402 mil 627 pesos. Convertido a dólares al 40 por uno equivaldrían a 2 mil 93 millones 135 mil dólares. Eso es ahora con la litis, pues una vez resuelta el valor de los terrenos se multiplicaría, y en la reunión un funcionario habló de 20 a 30 dólares por metro cuadrado, lo que implicaría de 7 mil 239 millones a 10 mil 859 millones de dólares. El fraude implicó sólo una parte de la parcela, pero en cualquier escenario el 45 por ciento del valor que se pretendía reconocer a los usurpadores de los títulos, podría ser la una de las más rentables operaciones inmobiliarias del mundo.
El escándalo ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de invertir en el desarrollo de la región sur, pero eso no puede ser aceptando una inmensa estafa ni que se necesitan 40 ó 50 años para que la justicia la revoque y sancione, pues implica proclamar que en el país no hay estado de derecho.
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
elpais.com
México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
elpais.com