Análisis Noticiosos
Sabia rectificación de Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Al revocar la decisión de regalar el 45 por ciento del valor de los terrenos de Bahía de las Águilas a quienes se los apropiaron, el presidente Medina atendió un amplio clamor de la sociedad y desbarató una estafa multimillonaria
Al revocar el poder que reconocía títulos usurpados en el entorno de la Bahía de las Águilas el Presidente Danilo Medina no sólo atendió un clamor de la sociedad, sino que libró a su gobierno de un baldón y dispuso que el Ministerio Público asuma en los tribunales la defensa del patrimonio nacional que se evadió durante años.
La sabia y oportuna rectificación se convertiría en victoria si las actuales autoridades se empeñan en hacer lo que nunca se había hecho: lograr que los tribunales anulen los títulos obtenidos de forma fraudulenta por una mafia de funcionarios y empresarios que rentarían miles de millones de pesos.
Agudo olfato político
Al revocar su poder 7-13 (P7-13) que reconocía el 45 por ciento del valor de las parcelas 215 y 40 sobre la Bahía de las Águilas en Pedernales a los beneficiarios de un fraude inmobiliario multimillonario, el presidente Danilo Medina no sólo atendió un inmenso y creciente clamor nacional, sino que se libró de un lastre para su gobierno que con ese proyecto heredó un regalo envenenado.
El olfato político del mandatario le permitió percibir que la sociedad rechazaba la ignominia de premiar a quienes hace 16 años fueron encarcelados por haberse constituido en una asociación de malhechores para apoderarse de una zona protegida de un inmenso valor ecológico y potencialmente económico.
El proyecto de crear un fideicomiso para dar paso a una supuesta inversión multimillonaria estaba dividiendo hasta el mismo gobierno y sus legisladores, algunos de los cuales no guardaron silencio, como el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien siendo director del Instituto Agrario Dominicano en 1997 motorizó la acción que llevó a prisión a su antecesor en el cargo Jaime Rodríguez Guzmán y varios asociados por la expedición ilegal de títulos de la atractiva Bahía de las Águilas.
Una circunstancia fortuita operó contra el proyecto, ya que el lunes 18 la Suprema Corte de Justicia conocía una instancia relativa a la demanda penal por usurpación de los terrenos. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General que la iniciaron hace 17 años, tuvieron que sostenerla, dejando al gobierno de espalda a la acción judicial reivindicativa del patrimonio público y en asociación con una mafia de traficantes. Con el agravante de que el sostener la demanda alejaría cualquier intento serio de invertir en terrenos en litis con el Estado. Se imponía la revocación, más aún ante la encomienda presidencial de defender el patrimonio público tras proclamar que “el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión”, lo que no hicieron los gobiernos anteriores ni los funcionarios actuales que promovían la transacción.
Una demoledora avalancha
El rechazo a la transacción se expandía a velocidad de rayo por las redes sociales, con los periódicos digitales y los programas de radio y televisión a la cabeza, alcanzaba a casi todos los diarios, y encontraba eco en las organizaciones sociales y ecológicas, con graves admoniciones de la Academia de Ciencias y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los jóvenes parecían encontrar un nuevo motivo para reanudar las protestas que los enardecieron por el déficit fiscal de Leonel Fernández.
El martes 19, cuando el presidente Medina reunió en el Palacio Nacional a 11 ejecutivos de medios de comunicación pudo contactar el nivel de rechazo a la transacción que validaba lo que tras una minuciosa investigación en 1997 la entonces directora del Catastro Nacional, Piky Lora Iglesias, catalogara como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional. Sólo dos de los comunicadores apoyaron el plan gubernamental y advirtieron que la ayuda al desarrollo de la región suroeste no justificaría que se terminara tan abruptamente la luna de miel del gobierno con la ciudadanía y que “le saldría más cara la sal que el chivo”. Al día siguiente se pondría la tapa al pomo con el comunicado de la Conferencia del Episcopado que llamaba a “defender el patrimonio nacional y los recursos naturales frente a inversionistas extranjeros o nacionales” que atenten contra el mismo, y la advertencia del embajador de Estados Unidos de que antes de cualquier transacción había que “limpiar los títulos”.
Mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana denunciaban una cadena de violaciones a preceptos constitucionales y legales que podrían generar acciones judiciales como la advertida por el exfiscal Guillermo Moreno de que el Presidente podría estar incurriendo en el delito de prevaricación. El gobierno se había quedado apenas con el apoyo de un diario y del presidente titular del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, un exitoso empresario inmobiliario, y a medias del Cardenal Nicolás López Rodríguez, cuya opinión quedó reducida por el comunicado del pleno del Episcopado.
La última batalla de Piky
Durante el encuentro con el mandatario, los ejecutivos periodísticos Huchi Lora, Persio Maldonado, Osvaldo Santana, Rafael Molina Morillo y Juan Bolívar Díaz fueron tan contundentes en rechazar la transacción con los retenedores de títulos falsos, que luego de tres horas otros consideraron redundante insistir. Huchi Lora reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, -la única mujer en la insurrección guerrillera de Manolo Tavarez en 1963 contra el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch- quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas. La abogada Laura Acosta Lora, hija de Piky, quien encabezó el rechazo la transacción y mantiene copia de las pruebas de la estafa inmobiliaria, sería recibida por el presidente Medina al día siguiente.
En resumen Piky Lora estableció: sin aprobación del consejo directivo del IAD, su titular Rodríguez Guzmán pidió el traspaso de las parcelas 215-A y 40 con 36 mil 197 hectáreas para un supuesto asentamiento campesino en terreno donde solo crece guazábara. El mismo día 5 de diciembre de 1995, el Registrador de Títulos de Barahona transfiere la parcela. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, aprueba el traspaso, sin autorización del Poder Ejecutivo. Se entregan títulos a supuestos campesinos, familiares, empleados y relacionados de los funcionarios y hasta a difuntos, que a su vez procederían a “venderlos” en violación a la ley de reforma agraria que lo prohíbe, al senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez, y a otros políticos. Gran parte de los títulos fueron luego revendidos a personas y empresas, “compradores de buena fé”, en una clara maniobra para tratar de legitimar el fraude y complicar su anulación demandada en 1997 ante la justicia. A todos ellos es que el P7-13 le venía a reconocer el 45 por ciento del valor de esos terrenos.
Muchos millones de dólares
En el curso del diálogo con el presidente Medina se preguntó al Ministro de Turismo Francisco Javier García, el nombre de la empresa que según dijo allí estaba lista para invertir en Bahía de las Águilas más de mil cien millones de dólares para un proyecto turístico. El funcionario sólo mencionaba que era “apellido Land”, por lo que se le requirió el nombre completo de la razón social. Reiteró deletreando la respuesta: “ele-a-ene-de”.
Al parecer el ministro de Turismo no recordaba el nombre de la importante “empresa norteamericana”. Dos días después entregó el proyecto de inversión remitido al presidente Medina el 4 de septiembre del 2012 por el bufete de abogados Pérez-Siragusa Martínez a nombre de una empresa “de capital canadiense” que identifica como Lamb Development Corporation. (Lamb en inglés es ovejo y Land es tierra). La comunicación especifica que el proyecto data del 2006 y fue presentado formalmente al ministerio de Turismo en el 2010 y que ha tenido la cooperación del mismo.
El asesor legal detalla que la empresa de Toronto ya “ha invertido millones de dólares en adquisición de propiedades” pero sin cuantificarlo. Dice que “adquirió los derechos de propiedad y los derechos litigiosos de un grupo de los reclamantes involucrados en la litis que cursa en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Aunque se ha negado que involucre la playa, la comunicación firmada por el abogado Cristóbal Pérez-Siraguza precisa que el proyecto “constará de 5 a 7 hoteles, donde cada resort ocupará entre 100 y 300 metros de playa”, con mil quinientas habitaciones.
Según la comunicación, la inversión total en dólares sería de 525 millones para los hoteles, 300 millones para condominios, 280 millones en campo de golf y villas y 40 millones en comercialización, totalizando 1,145 millones de dólares, sin duda un monto impresionante, pero no indica cómo se financiaría.
La página en Internet de la Lamb Development da cuenta en inglés de que fue fundada en el 2001, que ha ejecutado 9 proyectos inmobiliarios en ciudades de Canadá, no en turismo, que tiene en desarrollo o diseño otros seis en ese país, y en el exterior uno en Honduras y “un resort de 500 acres en Cabo Rojo, en la Costa Suroeste de la República Dominicana”.
En el encuentro citado, el autor del Tema de HOY le dijo al presidente Medina que calculando la totalidad de la parcela 215-A que bordea 14 kilómetros de playa en Bahía de las Águilas y totaliza 361 millones 978 mil 762 metros cuadrados, al precio de 231.30 pesos por metro a que le vendieron 63 mil 500 metros cuadrados al italiano Aldo Meroni, aprobada por el Senado en junio del 2012, el valor total sería de 83 mil 725 millones 402 mil 627 pesos. Convertido a dólares al 40 por uno equivaldrían a 2 mil 93 millones 135 mil dólares. Eso es ahora con la litis, pues una vez resuelta el valor de los terrenos se multiplicaría, y en la reunión un funcionario habló de 20 a 30 dólares por metro cuadrado, lo que implicaría de 7 mil 239 millones a 10 mil 859 millones de dólares. El fraude implicó sólo una parte de la parcela, pero en cualquier escenario el 45 por ciento del valor que se pretendía reconocer a los usurpadores de los títulos, podría ser la una de las más rentables operaciones inmobiliarias del mundo.
El escándalo ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de invertir en el desarrollo de la región sur, pero eso no puede ser aceptando una inmensa estafa ni que se necesitan 40 ó 50 años para que la justicia la revoque y sancione, pues implica proclamar que en el país no hay estado de derecho.
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
Por Nelson Valdez
Hay momentos en que el cansancio de un pueblo se vuelve ira y la ira se desplaza como inteligencia. Es cuando dejamos de preguntarnos quién está preparado para gobernar y empezamos a pensar contra quién votar.
República Dominicana está en uno de esos momentos.
El fenómeno de Santiago Matías (Alofoke) no es solo el ascenso de un comunicador o empresario digital; es la manifestación sociológica de un electorado cansado de los partidos tradicionales, de promesas envejecidas y discursos vacíos. La política tradicional generó esta desconfianza. Primero buscamos al empresario, luego al outsider y ahora podemos estar buscando al espectáculo.
Pero el fracaso de la política tradicional no convierte automáticamente en estadista a quien triunfa en el entretenimiento.
El algoritmo premia la indignación, la controversia y la velocidad. El Estado funciona al revés: la inflación no baja por un video viral, la deuda no se administra con carisma ni la salud mejora por tener seguidores. Las redes premian la reacción; el Estado cobra la improvisación.
La antipolítica seduce diciendo: «Ellos te fallaron, nosotros somos distintos». ¿Pero distintos en qué? ¿Con qué equipo, programa o conocimiento de la administración pública? Gobernar es la parte aburrida de la política, pero es la única que importa cuando se apagan las cámaras.
El riesgo es convertir la decepción en un «voto de castigo»: «Como todos me fallaron, votaré por quien más daño les haga». Eso no es transformación, es desahogo. El voto es un instrumento demasiado poderoso para entregárselo a la ira.
Detrás de este fenómeno hay ciudadanos hartos que deben ser escuchados, pero la indignación debe ser el comienzo de una pregunta, no el final del razonamiento: ¿Qué propone? ¿Con quién? ¿Cómo?
No se trata de elegir entre política tradicional y espectáculo, sino de recuperar el criterio: no venerar al famoso por serlo ni condenar al político por serlo.
Antes nos engañaron con la promesa del cambio; ahora podrían seducirnos con la del castigo. La rabia es un pésimo combustible para gobernar. La próxima elección exige pensar.
#republicadominicana🇩🇴 #santiagomatias #alofoke @pr1ncematias
https://www.instagram.com/p/DcRz3lRCZhz/?igsh=MXMyMnF6ZGp5Mm56NA==
Por Nelson Valdez
Hay en la sociología del espectáculo un afán dañino por confundir la celebridad con el estadismo, un deslumbramiento de mercado que pretende equiparar el ruido mediático con la solvencia del pensamiento. La política no es un plato de televisión ni un debate de utilería donde la estridencia sustituye a la doctrina. Pretender que la conducción de un Estado pueda entregarse al primer charlatán con micrófono es confundir el circo con el templo, la muchedumbre enfervorizada con el ciudadano consciente.
El resentimiento hacia la clase política es comprensible; el desgaste de las siglas tradicionales y la fatiga ante los discursos gastados son heridas abiertas en la sociedad. Sin embargo, el hastío no puede convertirse en pasaje hacia el abismo. La figura de Leonel Fernández, con todas las contradicciones que la historia pueda atribuirle, pertenece al ámbito de la formación intelectual, del manejo de la diplomacia y de la comprensión profunda de las instituciones. Medirlo en el mismo rasero que a la cultura de la chabacanería y el algoritmo no solo es un desatino conceptual, sino un insulto a la inteligencia colectiva.
La búsqueda de un cambio no se resuelve dinamitando la casa para librarse de las goteras. Entregar la responsabilidad de una nación a la frivolidad del espectáculo no es renovación: es un suicidio asistido por el aplauso fácil. El verdadero liderazgo exige lectura, sobriedad y sentido de la historia; lo demás es pura escenografía para un público distraído que confunde la pantalla con la patria.
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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