Análisis Noticiosos
Sabia rectificación de Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Al revocar la decisión de regalar el 45 por ciento del valor de los terrenos de Bahía de las Águilas a quienes se los apropiaron, el presidente Medina atendió un amplio clamor de la sociedad y desbarató una estafa multimillonaria
Al revocar el poder que reconocía títulos usurpados en el entorno de la Bahía de las Águilas el Presidente Danilo Medina no sólo atendió un clamor de la sociedad, sino que libró a su gobierno de un baldón y dispuso que el Ministerio Público asuma en los tribunales la defensa del patrimonio nacional que se evadió durante años.
La sabia y oportuna rectificación se convertiría en victoria si las actuales autoridades se empeñan en hacer lo que nunca se había hecho: lograr que los tribunales anulen los títulos obtenidos de forma fraudulenta por una mafia de funcionarios y empresarios que rentarían miles de millones de pesos.
Agudo olfato político
Al revocar su poder 7-13 (P7-13) que reconocía el 45 por ciento del valor de las parcelas 215 y 40 sobre la Bahía de las Águilas en Pedernales a los beneficiarios de un fraude inmobiliario multimillonario, el presidente Danilo Medina no sólo atendió un inmenso y creciente clamor nacional, sino que se libró de un lastre para su gobierno que con ese proyecto heredó un regalo envenenado.
El olfato político del mandatario le permitió percibir que la sociedad rechazaba la ignominia de premiar a quienes hace 16 años fueron encarcelados por haberse constituido en una asociación de malhechores para apoderarse de una zona protegida de un inmenso valor ecológico y potencialmente económico.
El proyecto de crear un fideicomiso para dar paso a una supuesta inversión multimillonaria estaba dividiendo hasta el mismo gobierno y sus legisladores, algunos de los cuales no guardaron silencio, como el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien siendo director del Instituto Agrario Dominicano en 1997 motorizó la acción que llevó a prisión a su antecesor en el cargo Jaime Rodríguez Guzmán y varios asociados por la expedición ilegal de títulos de la atractiva Bahía de las Águilas.
Una circunstancia fortuita operó contra el proyecto, ya que el lunes 18 la Suprema Corte de Justicia conocía una instancia relativa a la demanda penal por usurpación de los terrenos. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General que la iniciaron hace 17 años, tuvieron que sostenerla, dejando al gobierno de espalda a la acción judicial reivindicativa del patrimonio público y en asociación con una mafia de traficantes. Con el agravante de que el sostener la demanda alejaría cualquier intento serio de invertir en terrenos en litis con el Estado. Se imponía la revocación, más aún ante la encomienda presidencial de defender el patrimonio público tras proclamar que “el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión”, lo que no hicieron los gobiernos anteriores ni los funcionarios actuales que promovían la transacción.
Una demoledora avalancha
El rechazo a la transacción se expandía a velocidad de rayo por las redes sociales, con los periódicos digitales y los programas de radio y televisión a la cabeza, alcanzaba a casi todos los diarios, y encontraba eco en las organizaciones sociales y ecológicas, con graves admoniciones de la Academia de Ciencias y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los jóvenes parecían encontrar un nuevo motivo para reanudar las protestas que los enardecieron por el déficit fiscal de Leonel Fernández.
El martes 19, cuando el presidente Medina reunió en el Palacio Nacional a 11 ejecutivos de medios de comunicación pudo contactar el nivel de rechazo a la transacción que validaba lo que tras una minuciosa investigación en 1997 la entonces directora del Catastro Nacional, Piky Lora Iglesias, catalogara como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional. Sólo dos de los comunicadores apoyaron el plan gubernamental y advirtieron que la ayuda al desarrollo de la región suroeste no justificaría que se terminara tan abruptamente la luna de miel del gobierno con la ciudadanía y que “le saldría más cara la sal que el chivo”. Al día siguiente se pondría la tapa al pomo con el comunicado de la Conferencia del Episcopado que llamaba a “defender el patrimonio nacional y los recursos naturales frente a inversionistas extranjeros o nacionales” que atenten contra el mismo, y la advertencia del embajador de Estados Unidos de que antes de cualquier transacción había que “limpiar los títulos”.
Mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana denunciaban una cadena de violaciones a preceptos constitucionales y legales que podrían generar acciones judiciales como la advertida por el exfiscal Guillermo Moreno de que el Presidente podría estar incurriendo en el delito de prevaricación. El gobierno se había quedado apenas con el apoyo de un diario y del presidente titular del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, un exitoso empresario inmobiliario, y a medias del Cardenal Nicolás López Rodríguez, cuya opinión quedó reducida por el comunicado del pleno del Episcopado.
La última batalla de Piky
Durante el encuentro con el mandatario, los ejecutivos periodísticos Huchi Lora, Persio Maldonado, Osvaldo Santana, Rafael Molina Morillo y Juan Bolívar Díaz fueron tan contundentes en rechazar la transacción con los retenedores de títulos falsos, que luego de tres horas otros consideraron redundante insistir. Huchi Lora reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, -la única mujer en la insurrección guerrillera de Manolo Tavarez en 1963 contra el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch- quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas. La abogada Laura Acosta Lora, hija de Piky, quien encabezó el rechazo la transacción y mantiene copia de las pruebas de la estafa inmobiliaria, sería recibida por el presidente Medina al día siguiente.
En resumen Piky Lora estableció: sin aprobación del consejo directivo del IAD, su titular Rodríguez Guzmán pidió el traspaso de las parcelas 215-A y 40 con 36 mil 197 hectáreas para un supuesto asentamiento campesino en terreno donde solo crece guazábara. El mismo día 5 de diciembre de 1995, el Registrador de Títulos de Barahona transfiere la parcela. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, aprueba el traspaso, sin autorización del Poder Ejecutivo. Se entregan títulos a supuestos campesinos, familiares, empleados y relacionados de los funcionarios y hasta a difuntos, que a su vez procederían a “venderlos” en violación a la ley de reforma agraria que lo prohíbe, al senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez, y a otros políticos. Gran parte de los títulos fueron luego revendidos a personas y empresas, “compradores de buena fé”, en una clara maniobra para tratar de legitimar el fraude y complicar su anulación demandada en 1997 ante la justicia. A todos ellos es que el P7-13 le venía a reconocer el 45 por ciento del valor de esos terrenos.
Muchos millones de dólares
En el curso del diálogo con el presidente Medina se preguntó al Ministro de Turismo Francisco Javier García, el nombre de la empresa que según dijo allí estaba lista para invertir en Bahía de las Águilas más de mil cien millones de dólares para un proyecto turístico. El funcionario sólo mencionaba que era “apellido Land”, por lo que se le requirió el nombre completo de la razón social. Reiteró deletreando la respuesta: “ele-a-ene-de”.
Al parecer el ministro de Turismo no recordaba el nombre de la importante “empresa norteamericana”. Dos días después entregó el proyecto de inversión remitido al presidente Medina el 4 de septiembre del 2012 por el bufete de abogados Pérez-Siragusa Martínez a nombre de una empresa “de capital canadiense” que identifica como Lamb Development Corporation. (Lamb en inglés es ovejo y Land es tierra). La comunicación especifica que el proyecto data del 2006 y fue presentado formalmente al ministerio de Turismo en el 2010 y que ha tenido la cooperación del mismo.
El asesor legal detalla que la empresa de Toronto ya “ha invertido millones de dólares en adquisición de propiedades” pero sin cuantificarlo. Dice que “adquirió los derechos de propiedad y los derechos litigiosos de un grupo de los reclamantes involucrados en la litis que cursa en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Aunque se ha negado que involucre la playa, la comunicación firmada por el abogado Cristóbal Pérez-Siraguza precisa que el proyecto “constará de 5 a 7 hoteles, donde cada resort ocupará entre 100 y 300 metros de playa”, con mil quinientas habitaciones.
Según la comunicación, la inversión total en dólares sería de 525 millones para los hoteles, 300 millones para condominios, 280 millones en campo de golf y villas y 40 millones en comercialización, totalizando 1,145 millones de dólares, sin duda un monto impresionante, pero no indica cómo se financiaría.
La página en Internet de la Lamb Development da cuenta en inglés de que fue fundada en el 2001, que ha ejecutado 9 proyectos inmobiliarios en ciudades de Canadá, no en turismo, que tiene en desarrollo o diseño otros seis en ese país, y en el exterior uno en Honduras y “un resort de 500 acres en Cabo Rojo, en la Costa Suroeste de la República Dominicana”.
En el encuentro citado, el autor del Tema de HOY le dijo al presidente Medina que calculando la totalidad de la parcela 215-A que bordea 14 kilómetros de playa en Bahía de las Águilas y totaliza 361 millones 978 mil 762 metros cuadrados, al precio de 231.30 pesos por metro a que le vendieron 63 mil 500 metros cuadrados al italiano Aldo Meroni, aprobada por el Senado en junio del 2012, el valor total sería de 83 mil 725 millones 402 mil 627 pesos. Convertido a dólares al 40 por uno equivaldrían a 2 mil 93 millones 135 mil dólares. Eso es ahora con la litis, pues una vez resuelta el valor de los terrenos se multiplicaría, y en la reunión un funcionario habló de 20 a 30 dólares por metro cuadrado, lo que implicaría de 7 mil 239 millones a 10 mil 859 millones de dólares. El fraude implicó sólo una parte de la parcela, pero en cualquier escenario el 45 por ciento del valor que se pretendía reconocer a los usurpadores de los títulos, podría ser la una de las más rentables operaciones inmobiliarias del mundo.
El escándalo ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de invertir en el desarrollo de la región sur, pero eso no puede ser aceptando una inmensa estafa ni que se necesitan 40 ó 50 años para que la justicia la revoque y sancione, pues implica proclamar que en el país no hay estado de derecho.
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.