Análisis Noticiosos
Sabia rectificación de Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Al revocar la decisión de regalar el 45 por ciento del valor de los terrenos de Bahía de las Águilas a quienes se los apropiaron, el presidente Medina atendió un amplio clamor de la sociedad y desbarató una estafa multimillonaria
Al revocar el poder que reconocía títulos usurpados en el entorno de la Bahía de las Águilas el Presidente Danilo Medina no sólo atendió un clamor de la sociedad, sino que libró a su gobierno de un baldón y dispuso que el Ministerio Público asuma en los tribunales la defensa del patrimonio nacional que se evadió durante años.
La sabia y oportuna rectificación se convertiría en victoria si las actuales autoridades se empeñan en hacer lo que nunca se había hecho: lograr que los tribunales anulen los títulos obtenidos de forma fraudulenta por una mafia de funcionarios y empresarios que rentarían miles de millones de pesos.
Agudo olfato político
Al revocar su poder 7-13 (P7-13) que reconocía el 45 por ciento del valor de las parcelas 215 y 40 sobre la Bahía de las Águilas en Pedernales a los beneficiarios de un fraude inmobiliario multimillonario, el presidente Danilo Medina no sólo atendió un inmenso y creciente clamor nacional, sino que se libró de un lastre para su gobierno que con ese proyecto heredó un regalo envenenado.
El olfato político del mandatario le permitió percibir que la sociedad rechazaba la ignominia de premiar a quienes hace 16 años fueron encarcelados por haberse constituido en una asociación de malhechores para apoderarse de una zona protegida de un inmenso valor ecológico y potencialmente económico.
El proyecto de crear un fideicomiso para dar paso a una supuesta inversión multimillonaria estaba dividiendo hasta el mismo gobierno y sus legisladores, algunos de los cuales no guardaron silencio, como el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien siendo director del Instituto Agrario Dominicano en 1997 motorizó la acción que llevó a prisión a su antecesor en el cargo Jaime Rodríguez Guzmán y varios asociados por la expedición ilegal de títulos de la atractiva Bahía de las Águilas.
Una circunstancia fortuita operó contra el proyecto, ya que el lunes 18 la Suprema Corte de Justicia conocía una instancia relativa a la demanda penal por usurpación de los terrenos. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General que la iniciaron hace 17 años, tuvieron que sostenerla, dejando al gobierno de espalda a la acción judicial reivindicativa del patrimonio público y en asociación con una mafia de traficantes. Con el agravante de que el sostener la demanda alejaría cualquier intento serio de invertir en terrenos en litis con el Estado. Se imponía la revocación, más aún ante la encomienda presidencial de defender el patrimonio público tras proclamar que “el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión”, lo que no hicieron los gobiernos anteriores ni los funcionarios actuales que promovían la transacción.
Una demoledora avalancha
El rechazo a la transacción se expandía a velocidad de rayo por las redes sociales, con los periódicos digitales y los programas de radio y televisión a la cabeza, alcanzaba a casi todos los diarios, y encontraba eco en las organizaciones sociales y ecológicas, con graves admoniciones de la Academia de Ciencias y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los jóvenes parecían encontrar un nuevo motivo para reanudar las protestas que los enardecieron por el déficit fiscal de Leonel Fernández.
El martes 19, cuando el presidente Medina reunió en el Palacio Nacional a 11 ejecutivos de medios de comunicación pudo contactar el nivel de rechazo a la transacción que validaba lo que tras una minuciosa investigación en 1997 la entonces directora del Catastro Nacional, Piky Lora Iglesias, catalogara como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional. Sólo dos de los comunicadores apoyaron el plan gubernamental y advirtieron que la ayuda al desarrollo de la región suroeste no justificaría que se terminara tan abruptamente la luna de miel del gobierno con la ciudadanía y que “le saldría más cara la sal que el chivo”. Al día siguiente se pondría la tapa al pomo con el comunicado de la Conferencia del Episcopado que llamaba a “defender el patrimonio nacional y los recursos naturales frente a inversionistas extranjeros o nacionales” que atenten contra el mismo, y la advertencia del embajador de Estados Unidos de que antes de cualquier transacción había que “limpiar los títulos”.
Mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana denunciaban una cadena de violaciones a preceptos constitucionales y legales que podrían generar acciones judiciales como la advertida por el exfiscal Guillermo Moreno de que el Presidente podría estar incurriendo en el delito de prevaricación. El gobierno se había quedado apenas con el apoyo de un diario y del presidente titular del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, un exitoso empresario inmobiliario, y a medias del Cardenal Nicolás López Rodríguez, cuya opinión quedó reducida por el comunicado del pleno del Episcopado.
La última batalla de Piky
Durante el encuentro con el mandatario, los ejecutivos periodísticos Huchi Lora, Persio Maldonado, Osvaldo Santana, Rafael Molina Morillo y Juan Bolívar Díaz fueron tan contundentes en rechazar la transacción con los retenedores de títulos falsos, que luego de tres horas otros consideraron redundante insistir. Huchi Lora reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, -la única mujer en la insurrección guerrillera de Manolo Tavarez en 1963 contra el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch- quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas. La abogada Laura Acosta Lora, hija de Piky, quien encabezó el rechazo la transacción y mantiene copia de las pruebas de la estafa inmobiliaria, sería recibida por el presidente Medina al día siguiente.
En resumen Piky Lora estableció: sin aprobación del consejo directivo del IAD, su titular Rodríguez Guzmán pidió el traspaso de las parcelas 215-A y 40 con 36 mil 197 hectáreas para un supuesto asentamiento campesino en terreno donde solo crece guazábara. El mismo día 5 de diciembre de 1995, el Registrador de Títulos de Barahona transfiere la parcela. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, aprueba el traspaso, sin autorización del Poder Ejecutivo. Se entregan títulos a supuestos campesinos, familiares, empleados y relacionados de los funcionarios y hasta a difuntos, que a su vez procederían a “venderlos” en violación a la ley de reforma agraria que lo prohíbe, al senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez, y a otros políticos. Gran parte de los títulos fueron luego revendidos a personas y empresas, “compradores de buena fé”, en una clara maniobra para tratar de legitimar el fraude y complicar su anulación demandada en 1997 ante la justicia. A todos ellos es que el P7-13 le venía a reconocer el 45 por ciento del valor de esos terrenos.
Muchos millones de dólares
En el curso del diálogo con el presidente Medina se preguntó al Ministro de Turismo Francisco Javier García, el nombre de la empresa que según dijo allí estaba lista para invertir en Bahía de las Águilas más de mil cien millones de dólares para un proyecto turístico. El funcionario sólo mencionaba que era “apellido Land”, por lo que se le requirió el nombre completo de la razón social. Reiteró deletreando la respuesta: “ele-a-ene-de”.
Al parecer el ministro de Turismo no recordaba el nombre de la importante “empresa norteamericana”. Dos días después entregó el proyecto de inversión remitido al presidente Medina el 4 de septiembre del 2012 por el bufete de abogados Pérez-Siragusa Martínez a nombre de una empresa “de capital canadiense” que identifica como Lamb Development Corporation. (Lamb en inglés es ovejo y Land es tierra). La comunicación especifica que el proyecto data del 2006 y fue presentado formalmente al ministerio de Turismo en el 2010 y que ha tenido la cooperación del mismo.
El asesor legal detalla que la empresa de Toronto ya “ha invertido millones de dólares en adquisición de propiedades” pero sin cuantificarlo. Dice que “adquirió los derechos de propiedad y los derechos litigiosos de un grupo de los reclamantes involucrados en la litis que cursa en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Aunque se ha negado que involucre la playa, la comunicación firmada por el abogado Cristóbal Pérez-Siraguza precisa que el proyecto “constará de 5 a 7 hoteles, donde cada resort ocupará entre 100 y 300 metros de playa”, con mil quinientas habitaciones.
Según la comunicación, la inversión total en dólares sería de 525 millones para los hoteles, 300 millones para condominios, 280 millones en campo de golf y villas y 40 millones en comercialización, totalizando 1,145 millones de dólares, sin duda un monto impresionante, pero no indica cómo se financiaría.
La página en Internet de la Lamb Development da cuenta en inglés de que fue fundada en el 2001, que ha ejecutado 9 proyectos inmobiliarios en ciudades de Canadá, no en turismo, que tiene en desarrollo o diseño otros seis en ese país, y en el exterior uno en Honduras y “un resort de 500 acres en Cabo Rojo, en la Costa Suroeste de la República Dominicana”.
En el encuentro citado, el autor del Tema de HOY le dijo al presidente Medina que calculando la totalidad de la parcela 215-A que bordea 14 kilómetros de playa en Bahía de las Águilas y totaliza 361 millones 978 mil 762 metros cuadrados, al precio de 231.30 pesos por metro a que le vendieron 63 mil 500 metros cuadrados al italiano Aldo Meroni, aprobada por el Senado en junio del 2012, el valor total sería de 83 mil 725 millones 402 mil 627 pesos. Convertido a dólares al 40 por uno equivaldrían a 2 mil 93 millones 135 mil dólares. Eso es ahora con la litis, pues una vez resuelta el valor de los terrenos se multiplicaría, y en la reunión un funcionario habló de 20 a 30 dólares por metro cuadrado, lo que implicaría de 7 mil 239 millones a 10 mil 859 millones de dólares. El fraude implicó sólo una parte de la parcela, pero en cualquier escenario el 45 por ciento del valor que se pretendía reconocer a los usurpadores de los títulos, podría ser la una de las más rentables operaciones inmobiliarias del mundo.
El escándalo ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de invertir en el desarrollo de la región sur, pero eso no puede ser aceptando una inmensa estafa ni que se necesitan 40 ó 50 años para que la justicia la revoque y sancione, pues implica proclamar que en el país no hay estado de derecho.
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.