En seis meses han sido suspendidas 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y mantiene fuera del programa a 89 que encontró sancionadas por la misma situación.
Entrevista. De izquierda a derecha, Aurora Féliz Rubio, Mario Doñé Montalvo, Celeste Silié de Castellanos, Fidias Mejía Malena y Viviano de León.
Santo Domingo.-Durante seis meses de gestión, la nueva directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro ha suspendido a 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Igualmente, otras 89 que encontró suspendidas no han podido volver a entrar, porque ni siquiera aparecen registradas.
Celeste Silié de Castellanos cree en que los fondos del Estado son sagrados y que hay que manejarlos con estricto apego a la ley.
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tiene como funciones regir todo lo relacionado con las ONG.
Silié de Castellanos, está inmersa en un proceso de relanzamiento del centro para lo cual ha creado una plataforma tecnológica, financiada por el Banco Mundial, que obliga a las ONG a estar interconectadas con la entidad, de manera que todas las actividades que realizan lleguen directamente al centro, incluyendo la rendición de cuentas que deben hacer trimestral y en algunos casos mensualmente.
El Estado destina cada año unos 1,756 millones de pesos para el programa de apoyo a las ONG, que son distribuidos entre 1,434 entidades activas al 2017.
“Tan pronto ocupé la posición, lo primero que hice fue ver lo que tenemos en las manos, dónde están, qué están haciendo las asociaciones que están registradas en el centro”, dijo la funcionaria al conceder una entrevista a Listín Diario.
En ese orden, Silié de Castellanos, expresó que creó un cuerpo de inspectorías, integrado por seis inspectores, el cual trabaja en la supervisión directa con las ONG que funcionan en todo el país, lo que dijo le permitió detectar las 77 nuevas entidades que no cumplen con los requisitos.
“Para nosotros hacer cumplir la ley, además de que reclutamos ese personal, de que contamos con esta plataforma tecnológica, ya hemos adiestrado el personal de unas 700 de las 1,500 que reciben fondos del Estado”, agregó.
Explicó que el proceso de fortalecimiento institucional incluye el adiestramiento a personal de las ONG, porque se ha dado cuenta de que por falta de información muchas no rinden cuentas a tiempo, no la rinden correctamente y no saben solicitar de manera correcta una subvención de fondos.
Como la entidad solo regula y no administra fondos, dijo que trabajan en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la creación de estructuras en cada ministerio que destina fondos presupuestados para las ONG.
Los ministerios
En la actualidad alrededor de mil quinientas ONG están adscritas a los trece ministerios de los que reciben fondos públicos.
Silié de Castellanos, explicó que por ley las ONG deben rendir cuentas a esa entidad, pero también a esos ministerios, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.
La funcionaria explicó que para simplificarle el trabajo a las ONG, se ha reunido con todas las instituciones controladoras de fondos públicos, como la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, Hacienda, presupuesto e impuestos Internos para plantearles el establecimiento una nueva normativa de rendición de cuentas, porque a final de cuentas todos los organismos exigen las mismas informaciones.
La Ley 122-05, establece la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana y crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.
(+) APROBACIÓN DE LAS EXONERACIONES
Diferente a otras ocasiones, la Dirección de Exoneraciones del Ministerio de hacienda, antes de aprobar una exoneración a una ONG, exige la aprobación del centro que las regula, acompañada de una certificación.
De igual modo, la Dirección General de Aduanas interconectó ese órgano a su sistema, de manera que todas las exoneraciones de las ONG previamente sean aprobadas por la entidad antes de Aduanas hacer los trámites definitivos.
“Ahora contamos con una normativa común, plataforma tecnológica, inspectoría, el equipo humano es nuevo, es un relanzamiento, el centro estaba dormido y lo que hemos hecho es despertarlo con el cumplimiento de la ley que nos regula”, sostuvo.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
