En seis meses han sido suspendidas 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y mantiene fuera del programa a 89 que encontró sancionadas por la misma situación.
Entrevista. De izquierda a derecha, Aurora Féliz Rubio, Mario Doñé Montalvo, Celeste Silié de Castellanos, Fidias Mejía Malena y Viviano de León.
Santo Domingo.-Durante seis meses de gestión, la nueva directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro ha suspendido a 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Igualmente, otras 89 que encontró suspendidas no han podido volver a entrar, porque ni siquiera aparecen registradas.
Celeste Silié de Castellanos cree en que los fondos del Estado son sagrados y que hay que manejarlos con estricto apego a la ley.
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tiene como funciones regir todo lo relacionado con las ONG.
Silié de Castellanos, está inmersa en un proceso de relanzamiento del centro para lo cual ha creado una plataforma tecnológica, financiada por el Banco Mundial, que obliga a las ONG a estar interconectadas con la entidad, de manera que todas las actividades que realizan lleguen directamente al centro, incluyendo la rendición de cuentas que deben hacer trimestral y en algunos casos mensualmente.
El Estado destina cada año unos 1,756 millones de pesos para el programa de apoyo a las ONG, que son distribuidos entre 1,434 entidades activas al 2017.
“Tan pronto ocupé la posición, lo primero que hice fue ver lo que tenemos en las manos, dónde están, qué están haciendo las asociaciones que están registradas en el centro”, dijo la funcionaria al conceder una entrevista a Listín Diario.
En ese orden, Silié de Castellanos, expresó que creó un cuerpo de inspectorías, integrado por seis inspectores, el cual trabaja en la supervisión directa con las ONG que funcionan en todo el país, lo que dijo le permitió detectar las 77 nuevas entidades que no cumplen con los requisitos.
“Para nosotros hacer cumplir la ley, además de que reclutamos ese personal, de que contamos con esta plataforma tecnológica, ya hemos adiestrado el personal de unas 700 de las 1,500 que reciben fondos del Estado”, agregó.
Explicó que el proceso de fortalecimiento institucional incluye el adiestramiento a personal de las ONG, porque se ha dado cuenta de que por falta de información muchas no rinden cuentas a tiempo, no la rinden correctamente y no saben solicitar de manera correcta una subvención de fondos.
Como la entidad solo regula y no administra fondos, dijo que trabajan en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la creación de estructuras en cada ministerio que destina fondos presupuestados para las ONG.
Los ministerios
En la actualidad alrededor de mil quinientas ONG están adscritas a los trece ministerios de los que reciben fondos públicos.
Silié de Castellanos, explicó que por ley las ONG deben rendir cuentas a esa entidad, pero también a esos ministerios, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.
La funcionaria explicó que para simplificarle el trabajo a las ONG, se ha reunido con todas las instituciones controladoras de fondos públicos, como la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, Hacienda, presupuesto e impuestos Internos para plantearles el establecimiento una nueva normativa de rendición de cuentas, porque a final de cuentas todos los organismos exigen las mismas informaciones.
La Ley 122-05, establece la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana y crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.
(+) APROBACIÓN DE LAS EXONERACIONES
Diferente a otras ocasiones, la Dirección de Exoneraciones del Ministerio de hacienda, antes de aprobar una exoneración a una ONG, exige la aprobación del centro que las regula, acompañada de una certificación.
De igual modo, la Dirección General de Aduanas interconectó ese órgano a su sistema, de manera que todas las exoneraciones de las ONG previamente sean aprobadas por la entidad antes de Aduanas hacer los trámites definitivos.
“Ahora contamos con una normativa común, plataforma tecnológica, inspectoría, el equipo humano es nuevo, es un relanzamiento, el centro estaba dormido y lo que hemos hecho es despertarlo con el cumplimiento de la ley que nos regula”, sostuvo.
listindiario.com
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
