En seis meses han sido suspendidas 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y mantiene fuera del programa a 89 que encontró sancionadas por la misma situación.
Entrevista. De izquierda a derecha, Aurora Féliz Rubio, Mario Doñé Montalvo, Celeste Silié de Castellanos, Fidias Mejía Malena y Viviano de León.
Santo Domingo.-Durante seis meses de gestión, la nueva directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro ha suspendido a 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Igualmente, otras 89 que encontró suspendidas no han podido volver a entrar, porque ni siquiera aparecen registradas.
Celeste Silié de Castellanos cree en que los fondos del Estado son sagrados y que hay que manejarlos con estricto apego a la ley.
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tiene como funciones regir todo lo relacionado con las ONG.
Silié de Castellanos, está inmersa en un proceso de relanzamiento del centro para lo cual ha creado una plataforma tecnológica, financiada por el Banco Mundial, que obliga a las ONG a estar interconectadas con la entidad, de manera que todas las actividades que realizan lleguen directamente al centro, incluyendo la rendición de cuentas que deben hacer trimestral y en algunos casos mensualmente.
El Estado destina cada año unos 1,756 millones de pesos para el programa de apoyo a las ONG, que son distribuidos entre 1,434 entidades activas al 2017.
“Tan pronto ocupé la posición, lo primero que hice fue ver lo que tenemos en las manos, dónde están, qué están haciendo las asociaciones que están registradas en el centro”, dijo la funcionaria al conceder una entrevista a Listín Diario.
En ese orden, Silié de Castellanos, expresó que creó un cuerpo de inspectorías, integrado por seis inspectores, el cual trabaja en la supervisión directa con las ONG que funcionan en todo el país, lo que dijo le permitió detectar las 77 nuevas entidades que no cumplen con los requisitos.
“Para nosotros hacer cumplir la ley, además de que reclutamos ese personal, de que contamos con esta plataforma tecnológica, ya hemos adiestrado el personal de unas 700 de las 1,500 que reciben fondos del Estado”, agregó.
Explicó que el proceso de fortalecimiento institucional incluye el adiestramiento a personal de las ONG, porque se ha dado cuenta de que por falta de información muchas no rinden cuentas a tiempo, no la rinden correctamente y no saben solicitar de manera correcta una subvención de fondos.
Como la entidad solo regula y no administra fondos, dijo que trabajan en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la creación de estructuras en cada ministerio que destina fondos presupuestados para las ONG.
Los ministerios
En la actualidad alrededor de mil quinientas ONG están adscritas a los trece ministerios de los que reciben fondos públicos.
Silié de Castellanos, explicó que por ley las ONG deben rendir cuentas a esa entidad, pero también a esos ministerios, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.
La funcionaria explicó que para simplificarle el trabajo a las ONG, se ha reunido con todas las instituciones controladoras de fondos públicos, como la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, Hacienda, presupuesto e impuestos Internos para plantearles el establecimiento una nueva normativa de rendición de cuentas, porque a final de cuentas todos los organismos exigen las mismas informaciones.
La Ley 122-05, establece la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana y crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.
(+) APROBACIÓN DE LAS EXONERACIONES
Diferente a otras ocasiones, la Dirección de Exoneraciones del Ministerio de hacienda, antes de aprobar una exoneración a una ONG, exige la aprobación del centro que las regula, acompañada de una certificación.
De igual modo, la Dirección General de Aduanas interconectó ese órgano a su sistema, de manera que todas las exoneraciones de las ONG previamente sean aprobadas por la entidad antes de Aduanas hacer los trámites definitivos.
“Ahora contamos con una normativa común, plataforma tecnológica, inspectoría, el equipo humano es nuevo, es un relanzamiento, el centro estaba dormido y lo que hemos hecho es despertarlo con el cumplimiento de la ley que nos regula”, sostuvo.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
