Santo Domingo, RD.-Aun cuando permanece el desfase del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado y el precio base de la canasta familiar del quintil uno (menos ingresos) lo cierto es que por primera vez en más de 20 años el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y su Comité Nacional de Salarios (CNS) y los sectores empresariales y sindicales logran un acuerdo del salario mínimo a favor de la clase trabajadora sin sobresaltos ni protestas y sin las kilométricas reuniones a las que se estaba acostumbrado.Nacionales
Salario mínimo pasa sin traumas
La resolución abarca a la microempresa como un nueva categoría
Santo Domingo, RD.-Aun cuando permanece el desfase del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado y el precio base de la canasta familiar del quintil uno (menos ingresos) lo cierto es que por primera vez en más de 20 años el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y su Comité Nacional de Salarios (CNS) y los sectores empresariales y sindicales logran un acuerdo del salario mínimo a favor de la clase trabajadora sin sobresaltos ni protestas y sin las kilométricas reuniones a las que se estaba acostumbrado.El resultado del incremento salarial, que promedia un 24.%, en las cuatro escalas acordadas, es el fruto de las reuniones realizadas por el Gobierno y en encabezadas por el presidente de la República y los representantes patronales y sindicales, que por vez primera también agregan un nuevo grupo empleador.
Antes, el aumento salarial para los salarios mínimos del sector privado no sectorizado se aplicaban en tres rangos que van desde la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa. Ahora, con la decisión del CNS, anunciado ayer pasado el mediodía, se agregó a la micro empresa en la escala salarial, que es aquella que emplea de uno a 10 trabajadores.
Aumentos
Los trabajadores de las empresas grandes que ganan RD$17,610 mensual desde este 16 de julio ganarán RD$20,000 por mes y para enero 2022 recibirán RD$1,000 más, para completar los RD$21,000 acordados, equivalentes a un 19% de aumento y de RD$3,390 en términos de efectivo.
Las medianas empresas, de RD$12,107 aumentarán a RD$19,250, para un 59% de incremento, que los trabajadores recibirán en dos etapas.
En este julio cobrarán RD$18,500 y en enero de 2022 cobrarán los RD$750 restantes. Los trabajadores de las pequeñas empresas que cobran RD$10,730 pasarán a cobrar RD$12,900, un 20.2% más, que obtendrán de la siguiente forma: RD$12,400 este mes y RD$500 en enero 2022, y la nueva clasificación de microempresas de RD$10,730 pagarán a sus trabajadores un aumento de 10.9%, que va desde los RD$10,730 actuales a RD$11,900, divididos en RD$11,500 ahora y RD$400 en enero 2022.
En la nueva clasificación empresarial, conformada por cuatro categorías, las grandes empresas que componen el 51.5% de los trabajadores dominicanos quedan constituidas en aquellas con más de 151 empleados; las medianas de 51 a 150 empleados son 14.6%, las pequeñas que son el 20.9% de la planilla laboral formal componen de 11 a 50 y las microempresas de uno a 10 trabajadores, son el 12.9%.
Agro y guardianes
El acuerdo anunciado ayer también contempla aumentos de 25% y de 15% para trabajadores que desarrollan actividades agrícolas y para los vigilantes de seguridad.
Los jornaleros agrícolas que ganan RD$400 recibirán de inmediato un único incremento a RD$500, para un 25% de alza; los vigilantes de seguridad en cambio tendrán un aumento de 15%, dividido en dos etapas.
Actualmente los guardianes cobran RD$15,000 mensuales como salario mínimo y con el aumento cobrarán este mes RD$16,750 y RD$500 en enero 2022, para un total de sueldo de RD$17,250.
Según datos oficiales el promedio de gasto de la canasta básica en el quintil uno que comprende a las familias de menores ingresos es de RD$31,000 al mes. Para la negociación, se tomó en cuenta un promedio de RD$38,000 mensuales en el costo de la canasta familiar, el cual no resulta tan real, pero es un average y sienta al menos un precedente para impulsar los salarios generales que desde años están paralizados y se prevé que de no mejorarse un empleado de servicios estaría igualando su salario al de un profesional que desde hace años no ha recibido la debida consideración, tomando en cuenta que la productividad ha aumentado en la manufactura y también la inflación.
Los sectores pendientes que responden a sectores establecidos en actividades de la construcción, el turismo, las zonas francas, operadores de máquinas pesadas y el sector azucarero tienen un método distinto de negociación.
Se recuerda que estas actividades desarrolladas en el sector privado abarcan varios oficios, como es el caso de la construcción, que incluye a siete oficios independientes que se negocian con tarifas diferidas.
Las discusiones del órgano tripatito (Gobierno, empresarios y sindicatos) generaban un ambiente de agritud y largas jornadas de discusión en un ambiente en el cual los periódicos ocupaban primeras planas.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.