Santo Domingo, RD.-Aun cuando permanece el desfase del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado y el precio base de la canasta familiar del quintil uno (menos ingresos) lo cierto es que por primera vez en más de 20 años el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y su Comité Nacional de Salarios (CNS) y los sectores empresariales y sindicales logran un acuerdo del salario mínimo a favor de la clase trabajadora sin sobresaltos ni protestas y sin las kilométricas reuniones a las que se estaba acostumbrado.Nacionales
Salario mínimo pasa sin traumas
La resolución abarca a la microempresa como un nueva categoría
Santo Domingo, RD.-Aun cuando permanece el desfase del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado y el precio base de la canasta familiar del quintil uno (menos ingresos) lo cierto es que por primera vez en más de 20 años el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y su Comité Nacional de Salarios (CNS) y los sectores empresariales y sindicales logran un acuerdo del salario mínimo a favor de la clase trabajadora sin sobresaltos ni protestas y sin las kilométricas reuniones a las que se estaba acostumbrado.El resultado del incremento salarial, que promedia un 24.%, en las cuatro escalas acordadas, es el fruto de las reuniones realizadas por el Gobierno y en encabezadas por el presidente de la República y los representantes patronales y sindicales, que por vez primera también agregan un nuevo grupo empleador.
Antes, el aumento salarial para los salarios mínimos del sector privado no sectorizado se aplicaban en tres rangos que van desde la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa. Ahora, con la decisión del CNS, anunciado ayer pasado el mediodía, se agregó a la micro empresa en la escala salarial, que es aquella que emplea de uno a 10 trabajadores.
Aumentos
Los trabajadores de las empresas grandes que ganan RD$17,610 mensual desde este 16 de julio ganarán RD$20,000 por mes y para enero 2022 recibirán RD$1,000 más, para completar los RD$21,000 acordados, equivalentes a un 19% de aumento y de RD$3,390 en términos de efectivo.
Las medianas empresas, de RD$12,107 aumentarán a RD$19,250, para un 59% de incremento, que los trabajadores recibirán en dos etapas.
En este julio cobrarán RD$18,500 y en enero de 2022 cobrarán los RD$750 restantes. Los trabajadores de las pequeñas empresas que cobran RD$10,730 pasarán a cobrar RD$12,900, un 20.2% más, que obtendrán de la siguiente forma: RD$12,400 este mes y RD$500 en enero 2022, y la nueva clasificación de microempresas de RD$10,730 pagarán a sus trabajadores un aumento de 10.9%, que va desde los RD$10,730 actuales a RD$11,900, divididos en RD$11,500 ahora y RD$400 en enero 2022.
En la nueva clasificación empresarial, conformada por cuatro categorías, las grandes empresas que componen el 51.5% de los trabajadores dominicanos quedan constituidas en aquellas con más de 151 empleados; las medianas de 51 a 150 empleados son 14.6%, las pequeñas que son el 20.9% de la planilla laboral formal componen de 11 a 50 y las microempresas de uno a 10 trabajadores, son el 12.9%.
Agro y guardianes
El acuerdo anunciado ayer también contempla aumentos de 25% y de 15% para trabajadores que desarrollan actividades agrícolas y para los vigilantes de seguridad.
Los jornaleros agrícolas que ganan RD$400 recibirán de inmediato un único incremento a RD$500, para un 25% de alza; los vigilantes de seguridad en cambio tendrán un aumento de 15%, dividido en dos etapas.
Actualmente los guardianes cobran RD$15,000 mensuales como salario mínimo y con el aumento cobrarán este mes RD$16,750 y RD$500 en enero 2022, para un total de sueldo de RD$17,250.
Según datos oficiales el promedio de gasto de la canasta básica en el quintil uno que comprende a las familias de menores ingresos es de RD$31,000 al mes. Para la negociación, se tomó en cuenta un promedio de RD$38,000 mensuales en el costo de la canasta familiar, el cual no resulta tan real, pero es un average y sienta al menos un precedente para impulsar los salarios generales que desde años están paralizados y se prevé que de no mejorarse un empleado de servicios estaría igualando su salario al de un profesional que desde hace años no ha recibido la debida consideración, tomando en cuenta que la productividad ha aumentado en la manufactura y también la inflación.
Los sectores pendientes que responden a sectores establecidos en actividades de la construcción, el turismo, las zonas francas, operadores de máquinas pesadas y el sector azucarero tienen un método distinto de negociación.
Se recuerda que estas actividades desarrolladas en el sector privado abarcan varios oficios, como es el caso de la construcción, que incluye a siete oficios independientes que se negocian con tarifas diferidas.
Las discusiones del órgano tripatito (Gobierno, empresarios y sindicatos) generaban un ambiente de agritud y largas jornadas de discusión en un ambiente en el cual los periódicos ocupaban primeras planas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.