Santo Domingo, R.D.-Las estadísticas frías del Banco Central muestran que el promedio salarial del sector comercio es de RD$17,544.49, ya que un trabajador de este sector se estima trabaja 41.4 horas semanales con un pago por hora de RD$100.90, esto lógicamente en las empresas grandes y varía de acuerdo al área de desempeño de dicho trabajador.Economía
Salario promedio del sector comercial apenas alcanza al mínimo de las empresas grandes
Santo Domingo, R.D.-Las estadísticas frías del Banco Central muestran que el promedio salarial del sector comercio es de RD$17,544.49, ya que un trabajador de este sector se estima trabaja 41.4 horas semanales con un pago por hora de RD$100.90, esto lógicamente en las empresas grandes y varía de acuerdo al área de desempeño de dicho trabajador.Haciendo un sondeo por establecimientos comerciales como colmados y minimarket encontramos que un delivery que trabaja en horario extendido gana aproximadamente RD$8,000 más las propinas que les dan los clientes, una cajera gana entre RD$9,000 y RD$13,000, un despachador de embutidos RD$12,000 y una o un encargado de limpieza entre RD$6,000 y RD$7,000.
En las tiendas que venden ropa y artículos del hogar, si son grandes comercios se rigen por los salarios mínimos establecidos por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y sus sueldos varían de acuerdo a la función del empleado.
Si son tiendas pequeñas o medianas, de las que abundan en el país, los salarios fluctúan entre los RD$8,000 y los RD$12,000, dependiente la labor que desempeñe la persona y si tiene puesto de supervisión puede ganar entre RD$20,000 y RD$25,000.
Las escalas salariales en medianas, pequeñas y micro son menores. Según la última resolución del Comité Nacional de Trabajo (CNS), el salario mínimos en las empresas medianas es de RD$12,107 y en las pequeñas RD$10,730, pero Hoteles Bares y Restaurantes (sector de gran pujanza en la economía) el mínimo es de RD$10,355.75.
Los comerciantes han desatado toda una lucha reclamando que se aplique la Ley 187-17 que modifica la 488-08 sobre Reclasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas buscando que los salarios se ajusten a los parámetros de esta ley que califica como micro a una empresa que tenga hasta 10 trabajadores y ventas brutas de ocho millones de pesos, como pequeña a las que tienen entre 11 y 50 empleados y ventas de hasta RD$54 millones, como medianas a las que tienen de 51 a 150 y ventas de hasta RD$202 millones.
Esta Ley permitiría que empresas que hoy están clasificadas como pequeñas pasen a ser consideradas micro y sus salarios mínimos pueden ser menores, igual aprueba que un grupo de empresas clasificadas como medianas pasen a ser pequeñas, o por la cantidad de empleados o por su nivel de venta, y puedan bajar su salario mínimo de RD$12,107 a RD$10,730 y de igual forma empresas que hoy caen en la categoría de grandes pueden ser reclasificadas como medianas disminuyendo sus sueldos mínimos de RD$17,610 a RD$12,107.
Al ser aprobado, a mediado de año, un incremento de 14% a los salarios mínimos, la Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que aplicar este aumento llevaría a ese sector a despedir a cientos de trabajadores y Mipymes tendrían que cerrar sus puertas, esto sin analizar lo que representaría para miles de trabajadores ver disminuir sus ya pequeños sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar más pobre ( quintil 1) y que implica para la lucha contra la pobreza reducir los niveles del ingreso familiar.
Otra cosa a tomar en cuenta en este tema de la reclasificación salarial es que la disminución del poder adquisivo de las familias afecta seriamente el dinamismo económico porque frena el consumo.
El sector comercial ofrece empleo a casi un millón de la población ocupada de 15 años o más tanto en el sector formal como el informal, así lo muestran las estadísticas publicadas por el Banco Central.
listindario.com
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
La empresa afirma que todos sus empleados por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero; en cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Asimismo, tres Unidades Médicas Móviles dirigidas por un doctor general visitan diariamente las comunidades cañeras, brindando consultas de atención primaria y medicamentos sin costo alguno. Cuando se requiere un nivel superior de atención, los pacientes son trasladados en una ambulancia de la empresa, con un paramédico a bordo, al centro hospitalario más cercano de su comunidad o al Centro Médico Central Romana, en La Romana.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.
Santo Domingo.- Cuando una parte importante del salario se destina cada mes al pago de préstamos, tarjetas y otras obligaciones, organizar las deudas puede ser el primer paso para recuperar el control de las finanzas personales. Antes de buscar un nuevo crédito o refinanciar, la recomendación es conocer con precisión cuánto se debe, cuánto cuesta cada deuda y qué porcentaje de los ingresos ya está comprometido.
Guías y diarios de viaje
La Escuela de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos incluye entre sus contenidos la evaluación del nivel de endeudamiento, la priorización de pagos, la identificación del sobreendeudamiento y estrategias como los métodos avalancha y bola de nieve.
El primer paso consiste en sumar todas las obligaciones. Para cada una conviene identificar el saldo pendiente, la tasa de interés, la cuota mensual, el plazo restante y la fecha de pago. Tener varios préstamos puede hacer que una persona conozca cuánto paga cada mes, pero no necesariamente cuánto debe en total ni cuál de esas obligaciones representa un mayor costo.
También es importante diferenciar entre una deuda grande y una deuda cara. Una obligación con un saldo elevado no siempre es la más costosa si tiene una tasa de interés menor, mientras que una deuda con un saldo relativamente pequeño puede generar una mayor carga financiera si tiene intereses elevados.
Avalancha o bola de nieve: dos formas de atacar las deudas
Una vez cubiertos los pagos mínimos u obligatorios, existen distintas estrategias para destinar el dinero adicional.
El método avalancha consiste en concentrar el pago extra en la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez saldada, el dinero que se destinaba a esa cuota puede utilizarse para acelerar el pago de la siguiente deuda más costosa. El Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos señala que esta estrategia puede reducir el costo total de los intereses a largo plazo.
Por su parte, el método bola de nieve prioriza la deuda con el saldo más pequeño. Al eliminarla, la cuota que se pagaba se suma al pago de la siguiente obligación. Esta estrategia puede permitir ver resultados más rápidamente y generar motivación, aunque no necesariamente reduce primero la deuda que más intereses genera.
La elección dependerá de la situación de cada persona: quien busque reducir el costo financiero puede inclinarse por la avalancha, mientras que quien necesite avances visibles para mantener la disciplina de pago podría optar por la bola de nieve.
¿Cuánto del salario está comprometido?
Otro cálculo básico es determinar qué porcentaje del ingreso mensual se utiliza para pagar deudas. Para hacerlo, se suman todas las cuotas mensuales y el resultado se divide entre el ingreso.
Por ejemplo, una persona con un salario de RD$50,000 que paga RD$8,000 de un préstamo personal, RD$5,000 de una tarjeta y RD$4,000 de un financiamiento tiene cuotas mensuales por RD$17,000. Esto significa que el 34 % de su salario está comprometido únicamente con esas deudas, antes de cubrir vivienda, alimentos, transporte, electricidad, agua y otros gastos.
Si otra persona recibe RD$75,000 y paga RD$12,000 de un préstamo, RD$8,000 de una tarjeta y RD$7,000 de un crédito de vehículo, sus cuotas suman RD$27,000, equivalentes al 36 % de su ingreso mensual.
Estos ejemplos permiten observar cuánto dinero queda disponible después de pagar las obligaciones financieras. La Superintendencia de Bancos recomienda conocer el nivel de endeudamiento y utilizar herramientas de presupuesto para evaluar la situación financiera personal.
Antes de pagar más deuda, proteger lo esencial
En una situación de presión financiera, no todas las obligaciones tienen las mismas consecuencias. La orientación del CFPB recomienda priorizar las deudas según las consecuencias que puede tener dejar de pagarlas y calcular previamente cuánto se puede pagar de forma realista.
En la práctica, el presupuesto debe contemplar primero necesidades esenciales como vivienda, alimentos y servicios básicos. A partir del dinero disponible, se puede establecer un plan para atender las demás obligaciones sin asumir cuotas imposibles de sostener.
Aceptar un acuerdo de pago que exceda la capacidad real puede agravar el problema. Por ello, antes de negociar con una entidad financiera o asumir una nueva cuota, es necesario revisar ingresos, gastos fijos y compromisos existentes.
Consolidar o refinanciar: no siempre significa pagar menos
La consolidación puede ser una alternativa cuando permite reunir varias obligaciones en una sola, pero antes de tomar esta decisión es necesario comparar la nueva tasa de interés, el plazo, la cuota y el costo total que se terminará pagando.
En República Dominicana, Pro Consumidor contempla la mediación financiera en casos en los que los consumidores buscan acuerdos para saldar sus deudas mediante cuotas más manejables y, en situaciones complejas, incluso la consolidación de obligaciones.
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Sin embargo, refinanciar o consolidar no resuelve automáticamente un problema de endeudamiento. Una cuota mensual más baja puede deberse a un plazo más largo, lo que podría aumentar la cantidad total pagada durante la vida del préstamo. Tampoco resulta conveniente sustituir una deuda por otra si la nueva operación no reduce de manera efectiva el costo financiero o si, después de consolidar, la persona vuelve a utilizar el crédito y acumula nuevas obligaciones.
La recomendación es evitar tomar una deuda nueva para cubrir otra sin un plan que permita romper el ciclo de endeudamiento. Pro Consumidor también aconseja elaborar un presupuesto, hacer una lista de todas las deudas, revisar cuánto dinero puede añadirse a los pagos y evitar acumular nuevas obligaciones.
Cuándo buscar orientación financiera
Si las cuotas impiden cubrir gastos esenciales, existen atrasos frecuentes, se recurre constantemente a un préstamo para pagar otro o ya no es posible determinar cuánto se debe en total, puede ser momento de buscar orientación.
La Superintendencia de Bancos ofrece contenidos gratuitos de educación financiera sobre manejo de deudas, crédito, presupuesto y recuperación financiera. Además, Pro Consumidor dispone de servicios de mediación financiera para casos de controversias y deudas en los que el consumidor busca llegar a un acuerdo de pago.
Ordenar varias deudas no depende únicamente de pagar una cuota tras otra. El proceso comienza por conocer la situación completa, identificar cuáles préstamos son más costosos, calcular cuánto del salario está comprometido y elegir una estrategia de pago que no ponga en riesgo las necesidades básicas. Solo después de ese diagnóstico conviene evaluar alternativas como negociar, refinanciar o consolidar.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva empresa de origen vietnamita se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones dominicano a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel): se trata de Viettel Global Investment (VGI).
Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.
Gómez Mazara indicó que, tras un proceso de licitación pública, la multinacional estatal vietnamita Viettel Global Investment salió favorecida junto a Claro Dominicana, bajo una concesión de 20 y 15 años respectivamente.
Señaló que esto se determinó en el marco de las actuaciones llevadas por el Comité Evaluador de la Licitación Pública Internacional Indotel LPI-001-2026 para el otorgamiento de concesiones y las licencias vinculadas a la prestación de servicios públicos finales, portadores y de difusión por suscripción. Así como las licencias vinculadas para la explotación de frecuencias radioeléctricas.
“Viettel, adjudicataria de un total de 40 MHz en el segmento 728-748 MHz, pareado con 738-803 MHz, 100 MHz en el segmento 2300-2400 MHz y 100 MHz en el segmento 3600-3700 MHz para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”, explicó.
No obstante, el funcionario agregó que, para operar en el país, Viettel deberá constituir una empresa en República Dominicana, que será la titular de la licencia para el uso de los 240 MHz asignados.
Mientras la compañía Claro Dominicana obtuvo los derechos de adjudicar “un total de 20 MHz en el segmento 718-728 MHz, pareado con 773-783 MHz, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por el periodo restante del contrato de concesión suscrito en fecha 22 de septiembre de 2021, o lo que es lo mismo decir 15 años”, aclaró.
Puntualizó que las empresas tienen un plazo de 75 días a partir de la publicación de la resolución para constituir y presentar las garantías de cumplimiento conforme a lo establecido en las condiciones generales de la licitación.
Gómez Mazara destacó que este proceso de licitación crea las condiciones para que un nuevo actor en el sector de las telecomunicaciones sea parte de este proceso, adicionando también a un actor histórico conocido en el país, como Claro.
Al tiempo, resaltó que el resultado del proceso procura generar mejores condiciones para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
“Tenemos el interés de que en República Dominicana tengamos servicios telefónicos de mayor calidad, más competencia y que, sobre todas las cosas, esto favorezca el bolsillo de los usuarios. Este anuncio evidentemente transformaría el sector de las telecomunicaciones en el país”, aseguró Guido Gómez Mazara.
Otras frecuencias
Durante la rueda de prensa, el Indotel sostuvo que el proceso de licitación también contemplaba la asignación de 30 MHz en la banda AWS; pero no se recibieron ofertas para estos bloques. En consecuencia, el Consejo Directivo del Indotel los declaró desiertos.
El presidente del Indotel explicó que la institución hizo público el resultado en cumplimiento de su responsabilidad como órgano regulador, y destacó el carácter transparente del proceso y la responsabilidad que implica la función pública.
Conforme al pliego de condiciones generales de la licitación, hasta un 30 % de los pagos correspondientes podrá ser realizado mediante la ejecución de proyectos de desarrollo del Indotel, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso.
Las empresas adjudicatarias deberán suscribir el correspondiente contrato o adenda de concesión en un plazo no mayor de 90 días, conforme a lo establecido en las condiciones de la licitación.
La convocatoria fue realizada mediante la resolución núm. 013-2026, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel el 26 de febrero de 2026, con el propósito de ampliar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, fomentar la inversión y fortalecer la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de última generación.
El proceso se desarrolló al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), establecido mediante el Decreto 266-23, así como las normas y recomendaciones internacionales aplicables.