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Salud Pública ofrecerá el 10% para alza salarial a los médicos
Médicos mientras protestaban frente a uno de los 137 hospitales públicos del país.
Santo Domingo.-Como una forma de mitigar y reducir las tandas de huelgas, paros y protestas que desarrolla el Colegio Médico Dominicano (CMD) al Gobierno en demanda de un alza salarial para este sector, el Ministerio de Salud Pública se abocará a proponer al gremio un reajuste de sueldos de 10 por ciento.
Diferentes fuentes confirmaron a EL DÍA que el monto del 10 por ciento constituye la propuesta central de la oferta de Salud Pública a los médicos en la reunión que sostendrán esta tarde, en el marco de una contrapropuesta a la que había hecho el gremio al Gobierno.
De aceptarse este porcentaje, el aumento salarial sería entre RD$1,000 y RD$3,000, según el sueldo que se devengue.
Hace poco los médicos entregaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, una propuesta que consiste en un alza de un 60% a ser aplicada en forma gradual durante el quinquenio 2014-2018.
La iniciativa está basada en los componentes siguientes: un 38.5% para cubrir los reajustes salariales atrasados y un 21.5% orientado a mejorar el nivel de vida de los recursos humanos del sector.
El reajuste de 38.5%
El mismo estaría orientado a resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario al momento que se inició el último aumento en 2010, y durante el período 2014-2018.
Los aumentos se harían de la forma siguiente: un 14.5% el año próximo y en los cinco años subsiguientes sería de un 6.0% del salario o el porcentaje anual que registre el Índice de Precio al Consumidor.
Esta información está contemplada en la “Propuesta Salarial de los Médicos y demás profesionales y técnicos del sector salud 2013”, que consta de 25 páginas, y del cual el periódico EL DÍA tiene copia.
De aplicarse en la forma que sugiere el gremio, mediante este informe, contribuiría de manera efectiva a la gobernabilidad del sector salud, ya que “evita nuevas distorsiones y erosiones en el nivel de vida de los médicos y demás profesionales del sector salud”.
Otro convenio que propone el gremio en el documento es realizar un “acuerdo nacional” para elevar gradualmente el gasto público en salud al 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2012 y 2020.
Con esto los facultativos de la salud buscan “reducir sustancialmente el gasto de bolsillo de la población y eliminar el déficit histórico existente entre el gasto público en salud actual, que es de un 2.6% del PIB, y entre el 5% y 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países con niveles de desarrollo intermedio como República Dominicana.
El gremio también se compromete apoyar la elaboración, aprobación y aplicación de una manual de valoración de puestos, nivelación salarial y reclasificación para corregir gradualmente las distorsiones existente en el personal.
Alza se la traga la inflación
Cada vez que el sector salud ha logrado un aumento salarial y este se ejecuta, el mismo se ve impactado por el alza en el costo de la vida y el IPC . Ejemplo de esto fue el aumento escalonado que iniciaron las autoridades en 2010 y que concluyó en 2011.
Para este año el Banco Central de la República reportó un índice de inflación de 10.7, con base al año anterior se estimó una pérdida real del poder adquisitivo del salario promedio de RD$2,501.61, por lo que el salario real descendió a RD$32, 237. 25 a diciembre de ese año.
Dentro de los acuerdo suscritos entre el gremio y el Gobierno, anteriormente, en el año 2012 no se consideró un aumento del salario promedio, lo que significa que continuó siendo el salario nominal promedio RD$34, 738.86.
El informe destacó que a julio del este año el salario nominal promedio mantuvo su nivel igual que en 2011 (que fue de RD$34, 738.8, salario promedio médico).
Es decir, que este se enfrenta a una inflación acumulada de 13.97 (a julio 2013) el cual determinó un descenso del salario real a RD$30,488.78, con una perdida acumulada de RD$4,250.13
Datos sin actualizar
Otro aspecto que toca el informe es la falta de actualización en la nómina del Ministerio de Salud, de sus médicos, profesionales del área y relacionados que prestan servicios al Estado.
“La mayor dificultad al abordar el tema de los recursos humanos en salud es la ausencia de información oficial coherente y actualizada para evaluar el comportamiento de los niveles salariales, nominales y reales de los galenos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Dominicano del Seguro Social”, sostiene el documento.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.