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Salud Pública ofrecerá el 10% para alza salarial a los médicos
Médicos mientras protestaban frente a uno de los 137 hospitales públicos del país.
Santo Domingo.-Como una forma de mitigar y reducir las tandas de huelgas, paros y protestas que desarrolla el Colegio Médico Dominicano (CMD) al Gobierno en demanda de un alza salarial para este sector, el Ministerio de Salud Pública se abocará a proponer al gremio un reajuste de sueldos de 10 por ciento.
Diferentes fuentes confirmaron a EL DÍA que el monto del 10 por ciento constituye la propuesta central de la oferta de Salud Pública a los médicos en la reunión que sostendrán esta tarde, en el marco de una contrapropuesta a la que había hecho el gremio al Gobierno.
De aceptarse este porcentaje, el aumento salarial sería entre RD$1,000 y RD$3,000, según el sueldo que se devengue.
Hace poco los médicos entregaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, una propuesta que consiste en un alza de un 60% a ser aplicada en forma gradual durante el quinquenio 2014-2018.
La iniciativa está basada en los componentes siguientes: un 38.5% para cubrir los reajustes salariales atrasados y un 21.5% orientado a mejorar el nivel de vida de los recursos humanos del sector.
El reajuste de 38.5%
El mismo estaría orientado a resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario al momento que se inició el último aumento en 2010, y durante el período 2014-2018.
Los aumentos se harían de la forma siguiente: un 14.5% el año próximo y en los cinco años subsiguientes sería de un 6.0% del salario o el porcentaje anual que registre el Índice de Precio al Consumidor.
Esta información está contemplada en la “Propuesta Salarial de los Médicos y demás profesionales y técnicos del sector salud 2013”, que consta de 25 páginas, y del cual el periódico EL DÍA tiene copia.
De aplicarse en la forma que sugiere el gremio, mediante este informe, contribuiría de manera efectiva a la gobernabilidad del sector salud, ya que “evita nuevas distorsiones y erosiones en el nivel de vida de los médicos y demás profesionales del sector salud”.
Otro convenio que propone el gremio en el documento es realizar un “acuerdo nacional” para elevar gradualmente el gasto público en salud al 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2012 y 2020.
Con esto los facultativos de la salud buscan “reducir sustancialmente el gasto de bolsillo de la población y eliminar el déficit histórico existente entre el gasto público en salud actual, que es de un 2.6% del PIB, y entre el 5% y 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países con niveles de desarrollo intermedio como República Dominicana.
El gremio también se compromete apoyar la elaboración, aprobación y aplicación de una manual de valoración de puestos, nivelación salarial y reclasificación para corregir gradualmente las distorsiones existente en el personal.
Alza se la traga la inflación
Cada vez que el sector salud ha logrado un aumento salarial y este se ejecuta, el mismo se ve impactado por el alza en el costo de la vida y el IPC . Ejemplo de esto fue el aumento escalonado que iniciaron las autoridades en 2010 y que concluyó en 2011.
Para este año el Banco Central de la República reportó un índice de inflación de 10.7, con base al año anterior se estimó una pérdida real del poder adquisitivo del salario promedio de RD$2,501.61, por lo que el salario real descendió a RD$32, 237. 25 a diciembre de ese año.
Dentro de los acuerdo suscritos entre el gremio y el Gobierno, anteriormente, en el año 2012 no se consideró un aumento del salario promedio, lo que significa que continuó siendo el salario nominal promedio RD$34, 738.86.
El informe destacó que a julio del este año el salario nominal promedio mantuvo su nivel igual que en 2011 (que fue de RD$34, 738.8, salario promedio médico).
Es decir, que este se enfrenta a una inflación acumulada de 13.97 (a julio 2013) el cual determinó un descenso del salario real a RD$30,488.78, con una perdida acumulada de RD$4,250.13
Datos sin actualizar
Otro aspecto que toca el informe es la falta de actualización en la nómina del Ministerio de Salud, de sus médicos, profesionales del área y relacionados que prestan servicios al Estado.
“La mayor dificultad al abordar el tema de los recursos humanos en salud es la ausencia de información oficial coherente y actualizada para evaluar el comportamiento de los niveles salariales, nominales y reales de los galenos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Dominicano del Seguro Social”, sostiene el documento.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.