Nacionales
Salud Pública ofrecerá el 10% para alza salarial a los médicos
Médicos mientras protestaban frente a uno de los 137 hospitales públicos del país.
Santo Domingo.-Como una forma de mitigar y reducir las tandas de huelgas, paros y protestas que desarrolla el Colegio Médico Dominicano (CMD) al Gobierno en demanda de un alza salarial para este sector, el Ministerio de Salud Pública se abocará a proponer al gremio un reajuste de sueldos de 10 por ciento.
Diferentes fuentes confirmaron a EL DÍA que el monto del 10 por ciento constituye la propuesta central de la oferta de Salud Pública a los médicos en la reunión que sostendrán esta tarde, en el marco de una contrapropuesta a la que había hecho el gremio al Gobierno.
De aceptarse este porcentaje, el aumento salarial sería entre RD$1,000 y RD$3,000, según el sueldo que se devengue.
Hace poco los médicos entregaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, una propuesta que consiste en un alza de un 60% a ser aplicada en forma gradual durante el quinquenio 2014-2018.
La iniciativa está basada en los componentes siguientes: un 38.5% para cubrir los reajustes salariales atrasados y un 21.5% orientado a mejorar el nivel de vida de los recursos humanos del sector.
El reajuste de 38.5%
El mismo estaría orientado a resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario al momento que se inició el último aumento en 2010, y durante el período 2014-2018.
Los aumentos se harían de la forma siguiente: un 14.5% el año próximo y en los cinco años subsiguientes sería de un 6.0% del salario o el porcentaje anual que registre el Índice de Precio al Consumidor.
Esta información está contemplada en la “Propuesta Salarial de los Médicos y demás profesionales y técnicos del sector salud 2013”, que consta de 25 páginas, y del cual el periódico EL DÍA tiene copia.
De aplicarse en la forma que sugiere el gremio, mediante este informe, contribuiría de manera efectiva a la gobernabilidad del sector salud, ya que “evita nuevas distorsiones y erosiones en el nivel de vida de los médicos y demás profesionales del sector salud”.
Otro convenio que propone el gremio en el documento es realizar un “acuerdo nacional” para elevar gradualmente el gasto público en salud al 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2012 y 2020.
Con esto los facultativos de la salud buscan “reducir sustancialmente el gasto de bolsillo de la población y eliminar el déficit histórico existente entre el gasto público en salud actual, que es de un 2.6% del PIB, y entre el 5% y 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países con niveles de desarrollo intermedio como República Dominicana.
El gremio también se compromete apoyar la elaboración, aprobación y aplicación de una manual de valoración de puestos, nivelación salarial y reclasificación para corregir gradualmente las distorsiones existente en el personal.
Alza se la traga la inflación
Cada vez que el sector salud ha logrado un aumento salarial y este se ejecuta, el mismo se ve impactado por el alza en el costo de la vida y el IPC . Ejemplo de esto fue el aumento escalonado que iniciaron las autoridades en 2010 y que concluyó en 2011.
Para este año el Banco Central de la República reportó un índice de inflación de 10.7, con base al año anterior se estimó una pérdida real del poder adquisitivo del salario promedio de RD$2,501.61, por lo que el salario real descendió a RD$32, 237. 25 a diciembre de ese año.
Dentro de los acuerdo suscritos entre el gremio y el Gobierno, anteriormente, en el año 2012 no se consideró un aumento del salario promedio, lo que significa que continuó siendo el salario nominal promedio RD$34, 738.86.
El informe destacó que a julio del este año el salario nominal promedio mantuvo su nivel igual que en 2011 (que fue de RD$34, 738.8, salario promedio médico).
Es decir, que este se enfrenta a una inflación acumulada de 13.97 (a julio 2013) el cual determinó un descenso del salario real a RD$30,488.78, con una perdida acumulada de RD$4,250.13
Datos sin actualizar
Otro aspecto que toca el informe es la falta de actualización en la nómina del Ministerio de Salud, de sus médicos, profesionales del área y relacionados que prestan servicios al Estado.
“La mayor dificultad al abordar el tema de los recursos humanos en salud es la ausencia de información oficial coherente y actualizada para evaluar el comportamiento de los niveles salariales, nominales y reales de los galenos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Dominicano del Seguro Social”, sostiene el documento.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.