Economía
Samuel Pereyra aborda desafíos de ciberseguridad bancaria y modernización del Banreservas
Santo Domingo, R.D.-Samuel Pereyra administra el banco que lidera la banca múltiple dominicana en cuanto a cantidad de activos. Aunque el Banco de Reservas (Banreservas) es propiedad del Estado, el 92.8 % de su cartera de crédito es privada. Su participación en el mercado ronda el 32 %, siendo la más alta de su sector.
Son estas y otras cifras que sitúan a la empresa en una posición de liderazgo y la comprometen a dos cosas: garantizar la seguridad digital de sus clientes y actualizarse con una nueva ley orgánica.
Sobre estos dos temas Pereyra conversó brevemente con Diario Libre mientras compartía con los asistentes a un desayuno que encabezó hoy en Madrid, con comunicadores y periodistas dominicanos que viajaron a la ciudad para cubrir la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024.
Es muy buena pregunta. Eso es una situación que se está presentando a nivel mundial y la banca local no escapa. Yo vi un informe de JP Morgan en donde estableció que ellos el año pasado recibieron más de 2,000 millones de ataques a sus estructuras financieras, y la banca local, nosotros, no escapamos a eso.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Fortaleciendo. Por primera vez el Banco de Reservas tiene una dirección general de ciberseguridad.
—¿Cuándo se abrió?
La dirección general de ciberseguridad se abrió en el 2020, y nosotros lo que hemos hecho es fortalecerla, invirtiendo en tecnología. Pero, lo más importante de eso también es la educación a los usuarios, a nuestros clientes, porque tú no haces nada con invertir en tecnología, pues muchas veces los hackers la mayor parte (del tiempo) atacan a los clientes. Tú tienes que invertir también en educación a los clientes.
Tenemos una campaña vigente en los medios informándoles (a los clientes) de que no pueden dar su contraseña, de que no den la información a terceros, de que solamente se lleven de las informaciones que transmite la posición oficial del banco.
Tenemos también el apoyo del regulador, del Banco Central, apoyando igual a toda la banca en general. El año pasado nosotros invertimos por encima de los 130 millones de dólares en tecnología en general y eso incluye ciberseguridad.
La ABA (Asociación Dominicana de Bancos Múltiples) en general ha estado atenta a todo, dándonos apoyo conjuntamente por esa situación.
—Pero, aparenta que la República Dominicana está siendo objeto más de ataques
Tal vez últimamente, porque lo han visto más en algunos bancos que ha pasado, que se ha presentado la situación y la gente lo está viendo. Yo recibo cientos de ataques diarios, generalmente de fuera del país, que viene de hackers extranjeros. Es una mafia que hay a nivel internacional. Lo más importante yo creo que es, además de fortalecer internamente, es también la concienciación al usuario, la educación al usuario. De que el usuario no dé la clave.
Antes, en el Banco de Reservas, para las personas, cuando tú entrabas a la app (aplicación), era con una tarjetita (de código). La gente muchas veces le tiraba una foto (a la tarjetita) y la guardaba en su celular. Le hackeaban el teléfono o le sacaban copia y ya tú tienes acceso. Nada más con la clave ya tenías acceso a la cuenta. Esa tarjeta nosotros nos dimos cuenta de que se vendía en la dark web. Nosotros cambiamos; ahora mismo ya tenemos el token digital.
Estamos a la vanguardia de la banca internacional. Eliminamos esas tarjetas, que eran obsoletas, que algunos bancos las tienen. Ahora tenemos un token digital, que tú entras y va cambiando el token, y es mayor seguridad para el usuario.
—¿Detectaron quejas de clientes a los que les robaron su tarjeta de claves y las encontraron en la dark web?
Esos ataques se dan a los clientes que tienen menor conocimiento. Los hackers atacan a los clientes que manejan balances de 25,000 pesos para abajo, que son las personas que tal vez tienen un menor conocimiento y los atacan. Les mandan un correo y la gente accede.
Si tú accedes a un enlace y tú no te fijas en la dirección, que no tenga Banco de Reservas -si tú te fijas tiene otro enlace-, ya tú caes inmediatamente en una trampa. Pero muchas veces no es el banco, a veces te mandan de «Amazon», de «Netflix», para tú acceder, para que tú des tu tarjeta de crédito, para que tú des tu cuenta. Es engaño. Lo que la banca está haciendo es fortaleciéndose.
Nueva ley orgánica del Banreservas
—La ley que está conociendo el Congreso Nacional para reformar la Ley Orgánica del banco, y que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cómo va a beneficiar la estructura interna del banco?
Esa ley lo que viene es a fortalecer más el gobierno corporativo del Banco de Reservas.
Le voy a poner un ejemplo. El administrador general se va a llamar presidente ejecutivo, como se llama en los demás bancos. A veces tengo reuniones con mis pares internacionales y no entienden lo de «administrador«. Decir general administrator, no saben lo que es.
Pero, también, por ejemplo, una parte importante: el patrimonio del banco. En estos tres años, nosotros hemos logrado aumentarlo más del doble. Actualmente, el Banco de Reservas, para aumentar su patrimonio, el capital, tiene que ir al Congreso Nacional. Hoy en día en toda la banca, es un consejo de directores de los bancos que aprueban un aumento del capital; como son las normas prudenciales y normas bancarias, así lo vamos a hacer. Esa ley contempla eso. Que ya el Consejo de Directores esté, te mejora la calificación frente a los calificadores.
Pero, básicamente es el gobierno corporativo del Banco de Reservas que nosotros vamos a cambiar, adaptarlo a lo que es la Ley Monetaria y Financiera. Esa ley es del 1941, imagínate. El Banco de Reservas, que es el banco más grande, tiene que adaptarse y nosotros poder competir (…)
La ley actual le da privilegio, por ejemplo, de exoneraciones de impuestos al banco. Nosotros personalmente quitamos esas exoneraciones y el Banco de Reservas va a pagar sus impuestos normales como lo hacen todos los bancos del país.
—Hay un punto en el proyecto que distribuye diferente las utilidades del banco.
No, se queda igual (…) Las utilidades van 60 % para la capitalización del Banco de Reservas y el 40 % de utilidades para el Estado, entonces se mantiene igual: el 60-40, es la misma distribución.
—Hay un punto que me llamó la atención, es la edad para ser parte del Consejo. El mandato de la ley vigente es que no podrán ser miembros del Consejo de Directores del banco los menores de 30 años. ¿Por qué se eliminó?
Se mantiene.
—No lo vi en el proyecto.
Es más, yo estaba en contra de eso, porque digo que los jóvenes pueden tener participación, pero se mantiene. Hay un tema de que también es por la experiencia. Lo que se mantiene es que tú tienes que tener 10 años de experiencia en sectores económicos, legal, financiero, por lo riguroso que es manejar un banco, y lo sensible que es manejar un banco. Nosotros empleamos a mucho jóvenes. Yo soy el administrador más joven que hay.
—¿Qué edad usted tiene?
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.