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Califican el 2020 como trágico para sistema judicial dominicano
SANTO DOMINGO.- Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2020 como trágico para la justicia dominicana por el cierre de los tribunales por el Covid 19 y el retraso injustificado en la apertura de los mismos, lo que provocó graves consecuencias a los servidores del sistema como los abogados, cuyos casos y economía resultaron altamente afectadas por esta situación.
El CARD informó que la actual circunstancia también resultó muy perjudicial para miles de usuarios del sistema judicial, que no pudieron tener acceso a la justicia, sufrieron la dilación de sus procesos y en ocasiones solo pudieron recibir servicios judiciales lentos, ineficaces y virtuales, en la mayoría de las ocasiones sin contar las herramientas tecnológicas para utilizar el mismo.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que lo grave de la situación es que la mayoría de los tribunales del país continúan actualmente cerrados de forma ilegal y abusiva por disposición de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Es evidente que el sistema judicial dominicano tuvo más sombras que luces en el 2020, otros de los problemas que enfrentamos es el desmantelamiento de toda la estructura de administración de justicia, que lo conformaban servidores judiciales formados en los ultimos 25 años de reforma judicial, para ser sustituidos por activistas políticos al servicio de Luis Henry Molina, y su tendencia dentro del PLD encabezada por el ex presidente Danilo Medina Sánchez”, expresó Surun Hernández.
Agregó que el actual titular de la Suprema Corte de Justicia además está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de Organización Judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.
El CARD lamentó que se mantenga el cierre de la mayoría de los tribunales en desacato a una disposición del Consejo del Poder Judicial y de dos Sentencias del Tribunal Superior Administrativo y Constitucional de Amparo.
Aspectos positivos
El Colegio de Abogados valoró como positivo o luces del sistema judicial en el 2020, la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de designar a procuradores independientes y trabajar para garantizar la independencia del Ministerio Público, lo que fue un hecho sin precedentes que beneficiará mucho a la población dominicana.
Asimismo valoramos el inicio de los sometimientos a la justicia de ex funcionarios y relacionados acusados por corrupción, solicitamos que se profundicen las investigaciones y que sean sometidos todos los responsables de actos irregulares sin importar rango, nivel político o social, caiga quien caiga.
Surun Hernández también hizo un llamado al Poder Ejecutivo de ayudar a despolitizar la Suprema Corte de Justicia y varios estamentos judiciales, para que se garanticen procesos justos y transparentes. Para iniciar este proceso recomendó la destitución del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, persona vinculada al PLD y a Gustavo Montalvo, ex ministro de la Presidencia.
Recordó que las irregularidades del titular de la SCJ han sido denunciadas por el primer sustituto de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Manuel Herrera Carbuccia y por el miembro titular del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo.
Elecciones
En 6 de diciembre del 2020 el Colegio de Abogados de la República Dominicana realizó las elecciones de nuevas autoridades, en un proceso abierto, participativo y transparente, resultando reelecto el actual presidente Miguel Surun Hernández, quien se ha comprometido con continuar su lucha en defensa de los intereses de los abogados y trabajar por mejorar sus reivindicaciones.
noticiassin.com
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.