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Califican el 2020 como trágico para sistema judicial dominicano
SANTO DOMINGO.- Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2020 como trágico para la justicia dominicana por el cierre de los tribunales por el Covid 19 y el retraso injustificado en la apertura de los mismos, lo que provocó graves consecuencias a los servidores del sistema como los abogados, cuyos casos y economía resultaron altamente afectadas por esta situación.
El CARD informó que la actual circunstancia también resultó muy perjudicial para miles de usuarios del sistema judicial, que no pudieron tener acceso a la justicia, sufrieron la dilación de sus procesos y en ocasiones solo pudieron recibir servicios judiciales lentos, ineficaces y virtuales, en la mayoría de las ocasiones sin contar las herramientas tecnológicas para utilizar el mismo.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que lo grave de la situación es que la mayoría de los tribunales del país continúan actualmente cerrados de forma ilegal y abusiva por disposición de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Es evidente que el sistema judicial dominicano tuvo más sombras que luces en el 2020, otros de los problemas que enfrentamos es el desmantelamiento de toda la estructura de administración de justicia, que lo conformaban servidores judiciales formados en los ultimos 25 años de reforma judicial, para ser sustituidos por activistas políticos al servicio de Luis Henry Molina, y su tendencia dentro del PLD encabezada por el ex presidente Danilo Medina Sánchez”, expresó Surun Hernández.
Agregó que el actual titular de la Suprema Corte de Justicia además está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de Organización Judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.
El CARD lamentó que se mantenga el cierre de la mayoría de los tribunales en desacato a una disposición del Consejo del Poder Judicial y de dos Sentencias del Tribunal Superior Administrativo y Constitucional de Amparo.
Aspectos positivos
El Colegio de Abogados valoró como positivo o luces del sistema judicial en el 2020, la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de designar a procuradores independientes y trabajar para garantizar la independencia del Ministerio Público, lo que fue un hecho sin precedentes que beneficiará mucho a la población dominicana.
Asimismo valoramos el inicio de los sometimientos a la justicia de ex funcionarios y relacionados acusados por corrupción, solicitamos que se profundicen las investigaciones y que sean sometidos todos los responsables de actos irregulares sin importar rango, nivel político o social, caiga quien caiga.
Surun Hernández también hizo un llamado al Poder Ejecutivo de ayudar a despolitizar la Suprema Corte de Justicia y varios estamentos judiciales, para que se garanticen procesos justos y transparentes. Para iniciar este proceso recomendó la destitución del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, persona vinculada al PLD y a Gustavo Montalvo, ex ministro de la Presidencia.
Recordó que las irregularidades del titular de la SCJ han sido denunciadas por el primer sustituto de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Manuel Herrera Carbuccia y por el miembro titular del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo.
Elecciones
En 6 de diciembre del 2020 el Colegio de Abogados de la República Dominicana realizó las elecciones de nuevas autoridades, en un proceso abierto, participativo y transparente, resultando reelecto el actual presidente Miguel Surun Hernández, quien se ha comprometido con continuar su lucha en defensa de los intereses de los abogados y trabajar por mejorar sus reivindicaciones.
noticiassin.com
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.