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Califican el 2020 como trágico para sistema judicial dominicano
SANTO DOMINGO.- Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2020 como trágico para la justicia dominicana por el cierre de los tribunales por el Covid 19 y el retraso injustificado en la apertura de los mismos, lo que provocó graves consecuencias a los servidores del sistema como los abogados, cuyos casos y economía resultaron altamente afectadas por esta situación.
El CARD informó que la actual circunstancia también resultó muy perjudicial para miles de usuarios del sistema judicial, que no pudieron tener acceso a la justicia, sufrieron la dilación de sus procesos y en ocasiones solo pudieron recibir servicios judiciales lentos, ineficaces y virtuales, en la mayoría de las ocasiones sin contar las herramientas tecnológicas para utilizar el mismo.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que lo grave de la situación es que la mayoría de los tribunales del país continúan actualmente cerrados de forma ilegal y abusiva por disposición de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Es evidente que el sistema judicial dominicano tuvo más sombras que luces en el 2020, otros de los problemas que enfrentamos es el desmantelamiento de toda la estructura de administración de justicia, que lo conformaban servidores judiciales formados en los ultimos 25 años de reforma judicial, para ser sustituidos por activistas políticos al servicio de Luis Henry Molina, y su tendencia dentro del PLD encabezada por el ex presidente Danilo Medina Sánchez”, expresó Surun Hernández.
Agregó que el actual titular de la Suprema Corte de Justicia además está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de Organización Judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.
El CARD lamentó que se mantenga el cierre de la mayoría de los tribunales en desacato a una disposición del Consejo del Poder Judicial y de dos Sentencias del Tribunal Superior Administrativo y Constitucional de Amparo.
Aspectos positivos
El Colegio de Abogados valoró como positivo o luces del sistema judicial en el 2020, la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de designar a procuradores independientes y trabajar para garantizar la independencia del Ministerio Público, lo que fue un hecho sin precedentes que beneficiará mucho a la población dominicana.
Asimismo valoramos el inicio de los sometimientos a la justicia de ex funcionarios y relacionados acusados por corrupción, solicitamos que se profundicen las investigaciones y que sean sometidos todos los responsables de actos irregulares sin importar rango, nivel político o social, caiga quien caiga.
Surun Hernández también hizo un llamado al Poder Ejecutivo de ayudar a despolitizar la Suprema Corte de Justicia y varios estamentos judiciales, para que se garanticen procesos justos y transparentes. Para iniciar este proceso recomendó la destitución del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, persona vinculada al PLD y a Gustavo Montalvo, ex ministro de la Presidencia.
Recordó que las irregularidades del titular de la SCJ han sido denunciadas por el primer sustituto de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Manuel Herrera Carbuccia y por el miembro titular del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo.
Elecciones
En 6 de diciembre del 2020 el Colegio de Abogados de la República Dominicana realizó las elecciones de nuevas autoridades, en un proceso abierto, participativo y transparente, resultando reelecto el actual presidente Miguel Surun Hernández, quien se ha comprometido con continuar su lucha en defensa de los intereses de los abogados y trabajar por mejorar sus reivindicaciones.
noticiassin.com
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.