Latinoamericanas
Santos ordena de nuevo bombardeos a las FARC
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
BOGOTA, Colombia.El presidente Juan Manuel Santos anunció el miércoles que los campamentos de las FARC volverán a ser bombardeados luego de que 11 militares fueron asesinados en el suroeste colombiano por miembros de esa guerrilla.
«He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden», dijo el mandatario desde la ciudad de Cali.
El anuncio se conoció luego de que 11 militares murieron y 19 resultaron heridos durante un ataque de las FARC en un hecho que puso en entredicho el cese el fuego unilateral anunciado por la guerrilla en diciembre.
«Que les quede claro a las FARC que no me voy a dejar presionar por hechos infames como éste para tomar una decisión de cese al fuego bilateral», enfatizó Santos. «El incidente fue producto de un ataque deliberado y viola la promesa de la tregua unilateral», agregó.
En un comunicado de prensa, la Tercera División del ejército había informado más temprano que cuando los militares se encontraban haciendo patrullajes «fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego».
El choque armado, según el reporte oficial, se produjo hacia la medianoche del martes en el municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca y a unos 330 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En rueda de prensa, el general Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División, había acusado a las FARC del ataque contra sus hombres.
Dos soldados están heridos de consideración, otros seis presentan lesiones leves y 11 más fueron afectados por la onda explosiva, según el comunicado. Un suboficial que había resultado herido murió horas después del ataque, informó el ejército.
Desde fines de 2012 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo negociaciones de paz en Cuba para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno.
En diciembre las FARC habían anunciado un cese unilateral del fuego siempre y cuando sus guerrilleros no fueran agredidos por las fuerzas del orden.
El jueves de la semana pasada, Santos había prorrogado por un mes la suspensión de los bombardeos a los campamentos de las FARC por los avances en el proceso de negociación de La Habana y con el fin de empezar a disminuir la intensidad del conflicto.
Desde la capital cubana, el jefe guerrillero Pastor Alape, cuyo verdadero nombre es José Lisandro Lascarro, dijo desconocer los detalles del incidente en Cauca pero pidió a Santos el cese bilateral del fuego.
«Señor presidente Santos: la tregua bilateral, el cese al fuego bilateral, es urgente para la nación y esa noticia la espera el país», enfatizó en rueda de prensa Alape, quien integra el secretariado, la máxima línea de mando de las FARC.
Para el comandante rebelde, los combates en Cauca, «a todas luces, tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua».
Carlos Lozano, director del semanario Voz, del Partido Comunista Colombiano, opinó por teléfono que lo sucedido en Cauca es consecuencia de dialogar en medio de la guerra. «Las FARC pueden declarar un cese indefinido (del fuego), pero si el ejército se reserva… el derecho de actuar y de hacer presencia en todo el territorio nacional» es complicado para la guerrilla saber si las tropas oficiales están en plan de patrullaje o en una acción ofensiva.
Por su parte el senador Alfredo Rangel, del opositor Centro Democrático, sostuvo que en las FARC no hay ruedas sueltas «porque son una organización jerarquizada en donde la desobediencia o las divisiones son castigadas con el fusilamiento o la degradación». En síntesis, enfatizó, si la comandancia de las FARC no desautoriza hechos como los de Cauca «es porque están totalmente de acuerdo con ellos».
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un crítico acérrimo del proceso de paz, se dirigió en su cuenta de Twitter a Santos y le dijo que «no nos engañe más por favor, no justifique el asesinato de nuestros soldados con el cuento de la guerra que quiere terminar»’.
En diálogo con AP, el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, condenó el ataque contra la fuerza pública y lamentó que haya sucedido en momentos en que el país estaba asistiendo a una disminución de las acciones militares entre la fuerza pública y la guerrilla.
diariolibre.com
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am