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Ministerio Púbico dice que SCJ dejó de administrar justicia en caso Odebrecht.

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La declinación del caso Odebrecht hacia la jurisdicción ordinaria  en lo que respecta a la mayoría de los imputados, provocó la reacción del Ministerio Público, que  rechazó de inmediato  este martes que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en función de jurisdicción privilegiada,  se declarara  incompetente para conocer el juicio de fondo del caso que involucra a la multinacional.

El Pleno dispuso que el proceso penal seguido a el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa,  Roberto Rodríguez y Andrés Bautista sea remitido a la Presidencia de la  Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para  que  éste su vez designe un Tribunal Colegiado para que conozca el caso.

El proceso de estos imputados era conocido por la SCJ por el arrastre que creaba el senador Tommy Galán, quien si ostenta el cargo que indica la norma para ser juzgado en esta alta corte.

El Pleno de la SCJ indicó que abandonaba la aplicación del arrastre y que para ello consideró los principios de razonabilidad y utilidad, además del reconocimiento del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por su juez natural y el derecho al doble grado de jurisdicción.

Mientras que el proceso judicial seguido al actual senador Tommy Galán será conocido por la Segunda Sala (o Sala Penal) de la SCJ, y en caso de que haya un recurso de casación entonces lo conocerá el Pleno, con lo que explicó se garantiza el derecho a recurrir la decisión a intervenir en única instancia.

En ese sentido, el Ministerio Público afirmó que este fallo “muestra lo difícil que es perseguir el tema de corrupción en República Dominicana”.

“En mi posición muy particular esta es una decisión frustrante que el más alto tribunal del país abandone un  criterio que había mantenido históricamente y de forma pacífica, sino que lo hace sin argumentos suficientes para abandonar el criterio del arrastre”, expresó el procurador fiscal Wilson Camacho.

Aseguró que el Pleno de la SCJ hoy dejó de administrar justicia, que “es su obligación y dedicarse a administrar en forma matemática un  proceso penal”.

“Que Dios ampare la República Dominicana”, concluyó.

De su lado, los abogados de los imputados celebraron el fallo emitido por el Pleno de la SCJ y declararon este día como histórico “al romper con una tradición maldita”.

El abogado de Ángel Rodón aseguró que la “sociedad debe de estar de regocijo en el día de hoy al inversa de lo que dice el Ministerio Público”.

El jotitas José Miguel Minier afirmó que el Pleno de la SCJ garantizó lo establecido en la Constitución.

Asimismo, Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, dijo que cuando el juez Francisco Ortega, quien conoció la audiencia preliminar quitó la asociación de malhechores, “no había ningún motivo para que estos señores permanecieran en la Suprema Corte de Justicia”.

“Hoy la Suprema Corte de Justicia rompió con una tradición maldita y eso es lo que nos alegra”.

 

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Detienen a dos cabecillas del narcotráfico en RD socios de Juan Carlos López Macias “El Sobrino»

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Santo Domingo, R.D.-A tres días de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, definiera a República Dominicana como unos de los grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas, este miércoles fue desplegado en el país la Operación Búfalo NK, donde fueron capturados dos presuntos cabecillas del narcotráfico.

Durante la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y La Romana Samaná, las autoridades capturaron a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína en los últimos años.

En el mismo fueron apresados los presuntos cabecilla identificado como Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don) y a uno de sus socios, Isidoro Rotestan Clase (El Men), a quienes se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.

En la operación también hay más de 10 arrestados con sus órdenes para ser presentado a solicitud de medida de coerción dentro del plazo de las 48 horas. Todavía las operaciones se encuentran activas, los equipos procesan las evidencias y los bienes ocupados.

De acuerdo con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, la red habría movilizados otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.

Sostuvo que más 400 efectivos, unidades marítimas, aéreas y terrestres, coordinados por 47 fiscales ejecutaron 37 órdenes de allanamientos, de manera simultánea, para capturar a los integrantes de la poderosa red de narcotráfico internacional.

Explicó que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.

Indicó que en el operativo participaron el ministerio público con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.

Señaló que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal y que en el trascurso de la investigación, se comprobó que Ynoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macias “El Sobrino”, quien era cabecilla de una organización de narcotráfico internacional, vinculado a organizaciones criminales colombianos y mexicanos.

Agregó que alias el Sobrino fue apresado el 27 de junio de 2022, durante la realización de la Operación “Troya”, en acción simultánea en varias ciudades de Colombia, la cual configuró un importante resultado operacional que aporta al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en la región.

«Tras un amplio proceso de cooperación en materia jurídica internacional, esta es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país, en este caso la República de Colombia a requerimiento de la República Dominicana, para fortalecer la investigación y la judicialización de una organización internacional de narcotráfico en la República Dominicana», señaló Devers.

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Implicados en asalto al Popular quería cambiar contrato de alquiler de vehículo porque “los muertos no hablan”

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Santo Domingo, R.D.-La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias, establece que las cinco personas involucradas en este hecho jugaron un rol importante para cometer el crimen.

Durante los diferentes allanamientos la Policía Nacional ultimó a Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, alias «Beberra».

La aseveración del órgano acusador en que “cada participante jugó un rol” importante en el atraco, es para destacar el papel que desempeñó Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien a pesar de no participar directamente en el asalto al banco fue la persona que alquiló el vehículo donde se cometió el crimen.

Varios días después y al tener pruebas que lo vinculaban con el caso, las autoridades procedieron a su detención. Contra él se dictó una garantía económica de RD$500,000, como medida de coerción.

Este joven fue el responsable de contactar a Manuel Antonio Matos, dueño del dealer donde se alquiló el vehículo, tipo jeep, marca Kía, Modelo Sorento negra. El alquiler del mismo se realizó el 31 de mayo 2024, bajo el alegato de que era para otra para uno de sus clientes y lo necesitaba por cinco días.

Este joven hermano de dos de los implicados y primo de otro, fue un día antes del asalto al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100 para pagar por el alquiler del vehículo.

Luego que las autoridades apresaran a los implicados en la sustracción del dinero, de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel Estrella Arias, se puso en contacto con el dueño del vehículo para pedirle que pusieran a su hermano ultimado por las autoridades como la persona que alquiló la jeepeta.

“El acusado le dice que le consiga el formulario (Contrato de Renta de Vehículo) para poner a su hermano como la persona que alquiló, añadiendo: Los muertos no hablan, a lo que Manuel Antonio Matos Reyes le indicó que no podía hacer eso”, las autoridades indican que tienen estas pruebas debido a que el duelo del automóvil entregó su celular con las conversaciones.

¿Qué pasó con el dinero?

Hasta el momento las autoridades no han podido recuperar la suma de RD$ 1,520,745.16; US$ 2,718.00 y 50 euros sustraídos en el asalto realizado el pasado 3 de junio en la entidad bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palmer, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.

De acuerdo a la acusación Johan Eduardo Belliard Aybar, ultimado en su residencia cuatro días después del asalto, fue la persona que “portaba una mochila que contenía en su interior el dinero sustraído al banco”.

Con la acusación, la fiscalía del Distrito Nacional está solicitando la apertura a juicio contra los tres implicados de este caso.

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SCJ destaca transformación judicial para protección del Estado de Derecho

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Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.

Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.

Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.

“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.

“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.

Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.

En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.

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