Nacionales
Ministerio Púbico dice que SCJ dejó de administrar justicia en caso Odebrecht.
La declinación del caso Odebrecht hacia la jurisdicción ordinaria en lo que respecta a la mayoría de los imputados, provocó la reacción del Ministerio Público, que rechazó de inmediato este martes que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en función de jurisdicción privilegiada, se declarara incompetente para conocer el juicio de fondo del caso que involucra a la multinacional.
El Pleno dispuso que el proceso penal seguido a el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista sea remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que éste su vez designe un Tribunal Colegiado para que conozca el caso.
El proceso de estos imputados era conocido por la SCJ por el arrastre que creaba el senador Tommy Galán, quien si ostenta el cargo que indica la norma para ser juzgado en esta alta corte.
El Pleno de la SCJ indicó que abandonaba la aplicación del arrastre y que para ello consideró los principios de razonabilidad y utilidad, además del reconocimiento del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por su juez natural y el derecho al doble grado de jurisdicción.
Mientras que el proceso judicial seguido al actual senador Tommy Galán será conocido por la Segunda Sala (o Sala Penal) de la SCJ, y en caso de que haya un recurso de casación entonces lo conocerá el Pleno, con lo que explicó se garantiza el derecho a recurrir la decisión a intervenir en única instancia.
En ese sentido, el Ministerio Público afirmó que este fallo “muestra lo difícil que es perseguir el tema de corrupción en República Dominicana”.
“En mi posición muy particular esta es una decisión frustrante que el más alto tribunal del país abandone un criterio que había mantenido históricamente y de forma pacífica, sino que lo hace sin argumentos suficientes para abandonar el criterio del arrastre”, expresó el procurador fiscal Wilson Camacho.
Aseguró que el Pleno de la SCJ hoy dejó de administrar justicia, que “es su obligación y dedicarse a administrar en forma matemática un proceso penal”.
“Que Dios ampare la República Dominicana”, concluyó.
De su lado, los abogados de los imputados celebraron el fallo emitido por el Pleno de la SCJ y declararon este día como histórico “al romper con una tradición maldita”.
El abogado de Ángel Rodón aseguró que la “sociedad debe de estar de regocijo en el día de hoy al inversa de lo que dice el Ministerio Público”.
El jotitas José Miguel Minier afirmó que el Pleno de la SCJ garantizó lo establecido en la Constitución.
Asimismo, Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, dijo que cuando el juez Francisco Ortega, quien conoció la audiencia preliminar quitó la asociación de malhechores, “no había ningún motivo para que estos señores permanecieran en la Suprema Corte de Justicia”.
“Hoy la Suprema Corte de Justicia rompió con una tradición maldita y eso es lo que nos alegra”.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana aparece como una de las cinco economías más prósperas de América Latina y el Caribe, al alcanzar el quinto lugar en el nuevo “Índice de Prosperidad”.
Así lo aseguran datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismos que evalúan tanto el crecimiento económico como la calidad de vida y el bienestar social.
En el más reciente Índice, que analiza el desarrollo integral de 186 países a partir de factores económicos y sociales, la República Dominicana alcanzó la quinta posición entre 23 países de América Latina y el Caribe, con una puntuación de 37.4 sobre 100.
Con ese resultado, aparece solo detrás de Chile, Uruguay, Panamá y Argentina y supera a naciones relevantes de la región como Brasil, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
VARIABLES CLAVES
Este ascenso de la República Dominicana evidencia avances notables en variables claves, como el aumento del Producto Interno Bruto per cápita y la reducción sostenida de la pobreza monetaria.
Con esta nueva clasificación, República Dominicana consolida su posición como una de las economías emergentes más dinámicas de la región, mientras busca cada día transformar el progreso económico en bienestar tangible para sus ciudadanos.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-Una pareja de esposos, identificados como Yohan Altagracia y Yunior Santos Restrepo, fue condenada por un tribunal de San Pedro de Macorís a 12 y cinco años de cárcel, así como al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos por ser encontrados culpables de narcotráfico y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo explicó que el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís ordenó, además, el decomiso de todos los bienes y activos, incluyendo los derechos sobre bienes muebles e inmuebles lujosos, villas, apartamentos y vehículos de alta gama que fueron obtenidos por los procesados a través del narcotráfico y el lavado de activos.
La investigación reveló que la red introdujo al sistema económico más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachadas para adquirir bienes, muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.
Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, vehículos de lujo y otros bienes relacionados con la red criminal.
Por el hecho, hay otros miembros con medidas de coerción, esperando la audiencia para su acusación, estos son: a Walky Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Hellwy Santos Restrepo y Danilo Piñeyro Aristy, hermana y cuñado, de Yunior Santos Restrepo.
La procuradora, Ramona Nova, titular de Antilavado del Ministerio Público, manifestó que el órgano persecutor del delito continuará firme para que caiga todo el peso de la ley contra los demás miembros de la red que faltan por procesar.
Aseveró, que la investigación realizada en coordinación con los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes han aportado pruebas suficientes para identificar y vincular a los acusados a los hechos por los que son procesados.
Nacionales
Será este sábado que depositarán solicitud de medida de coerción contra dueños del Jet Set.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción será depositada por el Ministerio Público este sábado en contra de Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set, ya que se les cumple las 48 horas que establece la Constitución de la República.
Antonio Espaillat fue trasladado la noche del jueves al centro de atención de privación de libertad provisional de este recinto.
El empresario enfrenta varias demandas interpuestas por los familiares de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.
Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó a su despacho el pasado jueves.
Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos.
Asimismo los fiscales investigan a los hermanos por el delito de homicidio involuntario. Además, aseguran que ambos intentaron «intimidar o manipular» a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.
Igualmente se informó que Maribel Espaillat fue ingresada en un centro de salud luego de estar recluida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los arrestos ocurrieron un día después de que un empleado de Jet Set asegurara que le advirtió con anterioridad a Espaillat que no se podía realizar la fiesta del 8 de abril amenizada por el merenguero Rubby Pérez, en la que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron lesionadas.
El Ministerio Público pudo acceder al celular del empleado, para extraer conversaciones que tuvo con Espaillat.
Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó el informe preliminar a la Procuraduría con la explicación de las causas que produjeron la caída del techo.