Opinión
“Se acata pero no se cumple”
Por Isaías Ramos
Es profundamente preocupante que, al cumplirse hoy 180 años desde la promulgación de nuestra constitución original, nuestro país aún no haya sido capaz de implementar plenamente el mandato constitucional que obliga a los mandatarios a «cumplir y hacer cumplir» la ley. Esta omisión ha sido una constante, con contadas excepciones.
Es inaceptable que la población siga permitiendo que la clase política se burle impunemente del cumplimiento de sus deberes. El pacto social que debería unirnos como nación, cimentado en la implementación efectiva de nuestra Constitución, sigue siendo una utopía inalcanzable. Cada día que pasa sin que se lleve a cabo una verdadera reforma política y social, es un día más en el que el pueblo sigue perdiendo su norte, mientras una clase dirigente egoísta y corrupta se perpetúa en el poder. Es indignante que, tras 14 años, 9 meses y 10 días desde la promulgación del Estado Social y Democrático de Derecho, todavía se siga utilizando nuestra Constitución como un simple «pedazo de papel», en lugar de ser la guía y el fundamento del orden social y político.
La falsedad y el engaño han sido los pilares de este gobierno y de muchos otros anteriores. Nos dicen una cosa mientras hacen todo lo contrario. Como nación, ya no podemos seguir tolerando que las élites políticas gobiernen de manera caprichosa, desinteresada y corrupta, priorizando su propio beneficio a costa del bienestar de la población. Es urgente que el pueblo exija un cambio real, un retorno a los principios democráticos y sociales que deben regir nuestra convivencia.
El actual modelo de gobierno, que ha entregado las riendas del país a los intereses de unos pocos, ha desatado un proceso de saqueo sistemático, endeudamiento y opresión que ha afectado a millones. Este modelo se basa en el desmantelamiento del Estado y la concentración de los recursos en manos de las élites. En lugar de avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, como dictan nuestra ley de leyes, hemos retrocedido a un Estado corporativista que favorece los intereses de unos pocos, mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza.
Cuando aceptamos que el lucro y la codicia, practicados sin control, son el motor del progreso, nos hemos rendido ante la idea de que cualquier acto de enriquecimiento personal puede ser justificado. La corrupción, el lavado de activos y el saqueo de los recursos públicos son vistos como «contribuciones al capital creativo del capitalismo», mientras más del 40% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema. Esta perversión del sistema ha generado una profunda desigualdad y ha condenado a la mayoría del pueblo a vivir en la miseria, mientras una élite política y económica acumula riquezas de manera escandalosa.
Esta miseria planificada es aún más grotesca cuando observamos la riqueza acumulada por una clase política que solo busca perpetuar su poder para robar y saquear los recursos del país. La élite actual ha logrado instalar un modelo de despojo que favorece a pocos, a costa de las generaciones presentes y futuras. Este pillaje no solo se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en el control absoluto de las instituciones del Estado, a través de un capitalismo mafioso que permite a actores corruptos perpetuar un sistema injusto y destructivo.
La corrupción masiva está normalizada y no se ve ningún cambio a la vista. Necesitamos urgentemente un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Desde el Frente Cívico y Social, defendemos este modelo porque representa una verdadera renovación, una opción frente a la corrupción y el desgobierno que nos está destruyendo. Tirar por la borda la libertad que nuestros héroes lograron a costa de sacrificios inmensos es un sacrilegio que no podemos permitir.
¿Cómo podemos seguir en silencio ante tanta ignominia? ¿Cómo podemos ver cómo se entregan nuestros derechos territoriales sin que se levante una sola voz en defensa de la patria? Nos descalifican con frases vacías sobre su supuesta superioridad intelectual, pero no podemos callar ante el despojo sistemático de lo que es nuestro. Nos tildan de ignorantes y nos acusan de romantizar el pasado, pero lo cierto es que estamos luchando por un futuro mejor, uno que respete nuestros derechos fundamentales, nuestra soberanía y nuestra identidad.
Es inaceptable que sigamos siendo cómplices de la indiferencia y la pasividad. La cultura del engaño, la manipulación y la falsedad debe ser erradicada. La clase política que gobierna ha sido incapaz de garantizar los derechos constitucionales, y cada día que pasa estamos más cerca de perder lo que tanto nos costó conquistar. La apatía social solo beneficia a aquellos que han mantenido secuestrado al Estado, despojándonos de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Por ello, en el FCS hacemos un llamado urgente al pueblo a despertar de su letargo y tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Es hora de exigir la implementación plena de la Constitución y de restablecer un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos políticos, económicos y sociales para todos. Debemos organizarnos, movilizarnos y exigir la rendición de cuentas de los gobernantes. La lucha por la justicia social no puede seguir siendo una promesa vacía ni una ilusión remota.
El cambio solo será posible si unimos nuestras fuerzas para erradicar esta cultura de demagogia y corrupción. Es hora de rechazar el cinismo de aquellos que han prometido el cambio y han traicionado la confianza del pueblo. La libertad y la dignidad de nuestra nación no deben seguir siendo mercadeadas como un bien de consumo. ¡El pueblo tiene el poder de transformar su realidad! ¡Es hora de que nos levantemos con firmeza, decididos a recuperar lo que es nuestro por derecho! No dejemos que nos roben el futuro que nos pertenece. ¡El momento de la acción es ahora!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.