Opinión
“Se acata pero no se cumple”
Por Isaías Ramos
Es profundamente preocupante que, al cumplirse hoy 180 años desde la promulgación de nuestra constitución original, nuestro país aún no haya sido capaz de implementar plenamente el mandato constitucional que obliga a los mandatarios a «cumplir y hacer cumplir» la ley. Esta omisión ha sido una constante, con contadas excepciones.
Es inaceptable que la población siga permitiendo que la clase política se burle impunemente del cumplimiento de sus deberes. El pacto social que debería unirnos como nación, cimentado en la implementación efectiva de nuestra Constitución, sigue siendo una utopía inalcanzable. Cada día que pasa sin que se lleve a cabo una verdadera reforma política y social, es un día más en el que el pueblo sigue perdiendo su norte, mientras una clase dirigente egoísta y corrupta se perpetúa en el poder. Es indignante que, tras 14 años, 9 meses y 10 días desde la promulgación del Estado Social y Democrático de Derecho, todavía se siga utilizando nuestra Constitución como un simple «pedazo de papel», en lugar de ser la guía y el fundamento del orden social y político.
La falsedad y el engaño han sido los pilares de este gobierno y de muchos otros anteriores. Nos dicen una cosa mientras hacen todo lo contrario. Como nación, ya no podemos seguir tolerando que las élites políticas gobiernen de manera caprichosa, desinteresada y corrupta, priorizando su propio beneficio a costa del bienestar de la población. Es urgente que el pueblo exija un cambio real, un retorno a los principios democráticos y sociales que deben regir nuestra convivencia.
El actual modelo de gobierno, que ha entregado las riendas del país a los intereses de unos pocos, ha desatado un proceso de saqueo sistemático, endeudamiento y opresión que ha afectado a millones. Este modelo se basa en el desmantelamiento del Estado y la concentración de los recursos en manos de las élites. En lugar de avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, como dictan nuestra ley de leyes, hemos retrocedido a un Estado corporativista que favorece los intereses de unos pocos, mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza.
Cuando aceptamos que el lucro y la codicia, practicados sin control, son el motor del progreso, nos hemos rendido ante la idea de que cualquier acto de enriquecimiento personal puede ser justificado. La corrupción, el lavado de activos y el saqueo de los recursos públicos son vistos como «contribuciones al capital creativo del capitalismo», mientras más del 40% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema. Esta perversión del sistema ha generado una profunda desigualdad y ha condenado a la mayoría del pueblo a vivir en la miseria, mientras una élite política y económica acumula riquezas de manera escandalosa.
Esta miseria planificada es aún más grotesca cuando observamos la riqueza acumulada por una clase política que solo busca perpetuar su poder para robar y saquear los recursos del país. La élite actual ha logrado instalar un modelo de despojo que favorece a pocos, a costa de las generaciones presentes y futuras. Este pillaje no solo se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en el control absoluto de las instituciones del Estado, a través de un capitalismo mafioso que permite a actores corruptos perpetuar un sistema injusto y destructivo.
La corrupción masiva está normalizada y no se ve ningún cambio a la vista. Necesitamos urgentemente un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Desde el Frente Cívico y Social, defendemos este modelo porque representa una verdadera renovación, una opción frente a la corrupción y el desgobierno que nos está destruyendo. Tirar por la borda la libertad que nuestros héroes lograron a costa de sacrificios inmensos es un sacrilegio que no podemos permitir.
¿Cómo podemos seguir en silencio ante tanta ignominia? ¿Cómo podemos ver cómo se entregan nuestros derechos territoriales sin que se levante una sola voz en defensa de la patria? Nos descalifican con frases vacías sobre su supuesta superioridad intelectual, pero no podemos callar ante el despojo sistemático de lo que es nuestro. Nos tildan de ignorantes y nos acusan de romantizar el pasado, pero lo cierto es que estamos luchando por un futuro mejor, uno que respete nuestros derechos fundamentales, nuestra soberanía y nuestra identidad.
Es inaceptable que sigamos siendo cómplices de la indiferencia y la pasividad. La cultura del engaño, la manipulación y la falsedad debe ser erradicada. La clase política que gobierna ha sido incapaz de garantizar los derechos constitucionales, y cada día que pasa estamos más cerca de perder lo que tanto nos costó conquistar. La apatía social solo beneficia a aquellos que han mantenido secuestrado al Estado, despojándonos de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Por ello, en el FCS hacemos un llamado urgente al pueblo a despertar de su letargo y tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Es hora de exigir la implementación plena de la Constitución y de restablecer un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos políticos, económicos y sociales para todos. Debemos organizarnos, movilizarnos y exigir la rendición de cuentas de los gobernantes. La lucha por la justicia social no puede seguir siendo una promesa vacía ni una ilusión remota.
El cambio solo será posible si unimos nuestras fuerzas para erradicar esta cultura de demagogia y corrupción. Es hora de rechazar el cinismo de aquellos que han prometido el cambio y han traicionado la confianza del pueblo. La libertad y la dignidad de nuestra nación no deben seguir siendo mercadeadas como un bien de consumo. ¡El pueblo tiene el poder de transformar su realidad! ¡Es hora de que nos levantemos con firmeza, decididos a recuperar lo que es nuestro por derecho! No dejemos que nos roben el futuro que nos pertenece. ¡El momento de la acción es ahora!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!