Análisis Noticiosos
Se acentúa el presidencialismo en el régimen de Danilo Medina
Sin responder los cuestionamientos de la sociedad ni de los comunicadores sociales el presidente Danilo Medina impone cada vez más un régimen unipersonal que subordina los demás poderes e instituciones del Estado y cumple las leyes a la conveniencia coyuntural, aún las aprobadas por el Congreso bajo control de su partido.
Más que nunca ha quedado claro que el mandatario llega al extremo de doblegar el Congreso Nacional pretendiendo imponer a todos los partidos la elección de candidaturas con el padrón universal para abrirse posibilidades de continuidad al frente del Estado o garantizársela a través de un escogido.
Solo Danilo Medina. Solo el extremo presidencialismo puede explicar que la Comisión Bicameral que durante dos legislaturas consecutivas ha avanzado en lograr consenso en torno al proyecto de ley de partidos que se discute durante casi dos décadas, esté paralizada y en ridículo, sin poder cumplir su mandato ni dar justificación ante el Congreso y la nación.
Está a la vista de todos que ni siquiera en su propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay consenso para imponer a todo el sistema partidista un único método de elección de candidatos que impera apenas en un puñado de naciones, y no solo lo rechaza un importante sector partidario encabezado por el expresidente Leonel Fernández, sino también casi todos sus aliados agrupados en un Comité Permanente de Partidos.
Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está concluyendo la elaboración de su propio padrón de militantes, parece más que grotesco que se pretenda imponerle que quienes no estén en el mismo tengan igual derecho a elegir las candidaturas de esa agrupación, constituida con apego al artículo 216 de la Constitución que garantiza la libertad de asociación política.
El voto universal dejaría sin sentido el artículo ya consensuado del proyecto de ley que condiciona la entrega del financiamiento estatal al registro del padrón de miembros de cada partido y su actualización cada año. Eso aparte de lo difícil que sería el cómputo simultáneo de los votos de la elección primaria de candidatos municipales, que podrían alcanzar a 12 mil por partidos, tres por cada cargo, dada la experiencia del procesamiento del voto preferencial a poco más de un millar de candidatos a diputados.
Doblegado el Congreso. En realidad el Congreso ha quedado doblegado por la voluntad presidencial después que el Comité Político del PLD fracasó tres veces en ponerse de acuerdo sobre las primarias abiertas, la última vez el 2 de octubre, cuando se anunció que escogerían una comisión de juristas para que determine si sería inconstitucional imponer a los partidos el voto universal en la elección de sus candidatos.
Como en muchos otros temas del debate nacional, el presidente Medina no ha expresado ni defendido su preferencia por el padrón abierto, lo que nadie duda porque sus colaboradores políticos han sido bien explícitos y solo su interés explica el congelamiento del Comité Político de su partido y ahora de la Comisión Bicameral del Congreso.
Pero más de seis semanas después que decidieran la comisión de constitucionalistas, no han podido ponerse de acuerdo para escogerlos y esta semana el secretario general del partido anunció que en vez de los cinco anunciados, serán siete, lo que todavía podría tomar tiempo y más aun para que se pongan de acuerdo. Todo eso indica que caerá otra legislatura a mediados de enero sin que el Congreso pueda decidir. Eso explicaría el comunicado expedido esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, reclamando la aprobación de la Ley de Partidos como fundamental para la institucionalidad democrática, apoyado luego por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
El próximo paso sería que la comisión de juristas se sobreponga al dictamen de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley 286-04 del 2004 que instituyó la votación obligatoria y simultánea con padrón abierto para las elecciones primarias. De nada ha valido que se recuerde que la Corte actuó en función constitucional y que la Constitución del 2010 del mismo PLD y de la gran mayoría de sus actuales legisladores se consignó un artículo transitorio consignando que le nuevo Tribunal Constitucional no podrá revisar las sentencias previas.
Restricciones presupuestarias. El presidencialismo subordina también al Poder Judicial y al municipal restringiéndole su financiamiento, aún desconociendo las leyes que pretenden evitarlo asignándole una proporción mínima de los ingresos fiscales, del 2.66% para la justicia, y 10% de los ingresos para los ayuntamientos.
Las carencias del Poder Judicial han sido exhibidas reiteradas veces en los últimos años, al punto que en la provincia Santo Domingo varios tribunales operan en furgones implementados como “salas judiciales”. Las asociaciones de jueces y algunos a título individual han reclamado inútilmente el cumplimiento de la ley. Igual en el Ministerio Público cada vez con mayores apremios investigativos.
Esta misma semana el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, que no se ha caracterizado por muchas exigencias a sus compañeros de partido que controlan el Poder Ejecutivo, respondió preguntas de reporteros diciendo que el incremento a la justicia en el presupuesto para el 2018, que acaba de ser aprobado, “no alcanza ni para arroz y habichuelas”. Recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas, otro organismo básico del Estado, dijo que no habían podido auditar las escandalosas construcciones de Odebrecht por falta de recursos. Hace solo días el alcalde de Santiago anunció que apelará al tribunal Contencioso Administrativo para que se le entregue la proporción presupuestaria de ley.
Concentra el presupuesto. Si se observan los cuadros anexos, cortesía del economista José Rijo, se puede advertir que progresivamente la presidencia de la República aumenta su participación en el presupuesto nacional, mientras restringe la de justicia y los cabildos. Para el 2018 al Poder Judicial solo se le asigna el 1.2% de los ingresos nacionales, cuando la ley 194-04 dispone el 2.66% y a la Procuraduría General el 1% en vez del 1.43% . Es decir que se le quita casi el 50% al sector.
Lo de los 158 municipios y 232 distritos municipales del país es todavía peor, por cuanto en vez del 10% que manda la Ley 166-03, solo se le asigna el 2.8% de los ingresos para el próximo año, es decir que el Ejecutivo se queda con más de las dos terceras partes. Pero cuando se ve el récord de los últimos tres años, en el caso de la justicia al menos se mantiene la proporción, pero en los municipios se reduce del 3.5 al 3.3 y al 2.8% de los ingresos. Ha sido una constante desde que se aprobó la ley en el 2003, cuando se le llegó a asignar el 6%.
El pretexto es que los ingresos nacionales son insuficientes, pero sin embargo, el presupuesto de la Presidencia de la República se ha mantenido entre el 10 y el 11% de los ingresos cada año. Para el 2018 se le aumenta en 4,208 millones de pesos, mientras al Poder Judicial y la Procuraduría se le incrementa en 1,697 millones de pesos. El próximo año la Presidencia de la República tiene asignados 61, 974 millones de pesos, mientras los dos organismos judiciales solo 13 mil 338 millones de pesos.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.