Nacionales
La cesantía a punto de ser decidida en el Senado por comisión que la estudia.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes comenzó la fase final del proceso de estudio por parte de la comisión especial del Senado de la República de la cesantía, la cual descansa allí desde hace siete meses, la cual implica la modificación del Código de Trabajo
En esta etapa, los legisladores deberán aprobar «artículo por artículo» las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo en la pieza entregada el pasado 10 de octubre a la Cámara Alta. Así como también las observaciones realizadas por los sectores consultados, como es el caso de los juristas laboralistas, empresarios y sindicalistas.
Precisamente, esto obliga a los nueve legisladores que conforman la comisión a intentar alcanzar un consenso sobre algunos puntos conflictivos. El principal: La cesantía laboral.
En la reunión desarrollada esta tarde, los representantes, dirigidos por el senador Rafael Duluc, solo pudieron unificarse hasta el apartado que establece los principios. Sin embargo, en las próximas reuniones, sobrepasarán la lectura los puntos de los 738 artículos que podrían recibir una modificación en la ley vigente, elaborada en el año 1992.
La parte difícil para la mesa de trabajo será cuando los senadores no tengan otra opción que agrupar sus criterios para sesionar sobre los artículos en los cuales se refiera a las prestaciones laborales de los empleados.
Estos son el 32, 74, 80, 81, 85, 86, 95, 219, 301 y 702. En los espacios mencionados es donde el marco jurídico versa sobre las condiciones en las cuales son despedidos los asalariados; al igual que delimita los beneficios que reciben, en los casos que le corresponda.
El senador Duluc ha manifestado “hasta la saciedad”, y lo reiteró ante la prensa al concluir la reunión, que los congresistas no tienen la intención de legislar para vulnerar los derechos adquiridos por los sindicalistas.
“Le hemos dicho al sector trabajador muchas veces ya, tiene que tener primero confianza en esta comisión que está compuesta por senadores y todos de una manera u otra somos incluso trabajadores también. No hay por qué tener miedo, al contrario, mejoramos y modernizamos las condiciones…”, resaltó.
No obstante, las palabras de calma del congresista al parecer no han tenido ningún impacto en el sector de empleados del territorio nacional, ya que se muestran temerosos de ser afectados y resulten los empresarios “beneficiados” con la reducción de la cesantía.
“Oposición tranquila”
El jueves pasado, el Senado de la República resolvió el quinteto que encabezará, durante el periodo 2025-2029, el pleno de la Cámara de Cuentas. Como parte de la escogencia, los congresistas colocaron a la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, como presidenta del órgano fiscalizador, junto a otros cuatro “expertos” en contabilidad.
La Fuerza del Pueblo (FP), único partido político opositor que tiene tres curules dentro de los 32 representantes que contiene el órgano legislativo, presentó un informe disidente en reacción a la decisión de los oficialista, alegando la existencia de una extensa “falta de consenso”, en la evaluación realizada en la Cámara de Diputados y el Senado.
Pero, en esta ocasión, los legisladores de la FP en la cámara alta, liderados por su vocero Omar Fernández, aseguran que han tenido “una participación muy activa”.
Los senadores que integran la comisión especial autorizada por el pleno del Senado, dirigido por el presidente Ricardo de los Santos son: Rafael Duluc, Pedro Catrain, Cristóbal Castillo, María Mercedes, Omar Fernández, Santiago Zorrilla, Eduard Espiritusanto, Antonio Taveras y Antonio Marte.
Propuesta del empresariado
Más de 11 agrupaciones corporativas, representadas por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), estuvieron de acuerdo en colocar un tope de seis años máximo al pago de las prestaciones laborales que deben pagarles a los empleados por desahucio. Mientras los sindicalistas piden mantenerla intacta.
“Este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho, con un doble tope aplicable: un límite de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios, entre otras opciones”, explicaron los empresarios.
¿Qué es la cesantía?
La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.
Así lo dicta el artículo 80 de la ley, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.
Mientras que para quienes hayan cumplido con su labor entre seis meses y un año, la norma jurídica ordena el pago de 13 días de sueldo.
Los empleados que trabajaron por más de uno, sin sobrepasar los cinco años, tendrán que recibir 21 salarios, por cada año de servicio prestado.
Por último, en el caso de quienes tengan más de cinco años, la pieza legislativa vigente dispone una indemnización de 23 días de salarios, de igual forma, por cada año.
Según el artículo 86, las compensaciones económicas deben ser pagadas al trabajador en un plazo de diez días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. Cuando ocurra un incumplimiento, el empleador debe adicionar el pago de un día del salario por cada día de retraso.
La pieza edificada por el Ministerio de Trabajo no pretende afectar el artículo de la cesantía, debido a que este tema no pudo ser consensuado por el sector tripartito (Gobierno, empresarios y empleados). Esto, a pesar de los más de 100 encuentros en los que participaron estas tres representaciones de la sociedad.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.