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Escogencia de procurador general de la República en momentos de total erosión de credibilidad del Ministerio Público.
Por Elba García
El Ministerio Público por la conducta de sus fiscales ha entrado en nivel de descrito que podría decirse que es total, ya que los funcionarios que trabajan a su servicio se prestan a todo tipo de maniobras para mentir e incurrir en acciones antijurídicas en violación de su propia legalidad consignada en el articulo 169 la Constitución de la Republica y en su ley orgánica, la 133-11.
En el Ministerio Público se ha creado una fuerte muralla en contra de la transparencia y sus fiscales ponen a rodar los pocos logros que ha tenido el país en términos constitucionales, ya que incluso las denuncias y querellas presentadas ante este mecanismo terminan generalmente en el zafacón y para justificar esta irregularidad sus funcionarios incurren en el chantaje y la retaliación en contra de las víctimas a través de la figura del archivo definitivo.
Por lo que se ve, en el Ministerio Público sólo caminan aquellos casos con importancia mediática, porque los mismos son una herramienta para buscar promociones y un falso respeto ante la sociedad, lo cual forma parte de un problema integral del órgano, pese a que se puede decir que es un asunto generalizado en el Estado dominicano.
En los actuales momentos no se sabe cuál de ambos, es decir, la Policía Nacional o el Ministerio Público es el más corrupto del Estado dominicano y al propio tiempo negligente y que no ajusta sus acciones al principio de legalidad, cuya expresión del fenómeno se nota con mayor fuerza en las jurisdicciones donde el crimen tiene un mayor impacto.
Un lugar peligrosamente impactado por la corrupción de los fiscales es el Distrito Judicial de Santiago, aunque los demás no están libres del mal, pero en esta jurisdicción el descaro y la falta de vergüenza de este órgano público raya en lo peor.
Es tan grande el problema que la ejecución de una sentencia irrevocablemente juzgada a través del otorgamiento de la fuerza publica, la cual es una función de la fiscalía, es una misión imposible porque en esta instancia se distorsiona este propósito y se le suma la manipulación de muchos jueces que aparentemente están al servicio de los que se dedican a cometer hechos al margen de la ley.
Es una crisis integral la que afecta a todo el sistema de justicia nacional, pero con la escogencia de un nuevo procurador general de la República que esté consciente del problema y que de inmediato inicie un proceso de profilaxis de los fiscales, muy probablemente el cuadro pueda variar.
En las próximas horas el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se aboca a escoger al jefe del Ministerio Público y entre los posibles escogidos está Yeny Berenice Reynoso, Milton Ray Guevara, Jorge Subero Isa, entre otros, pero en lo que respecta a estos tres este periódico se inclina por el expresidente del Tribunal Constitucional porque ese órgano del Estado necesita ser insertado en el proceso de constitucionalización que hoy vive el país.
En lo que respecta al accionar del Ministerio Público la mayor parte de sus errores obedece a que los fiscales no están formados para responder a la corriente del neo-constitucionalismo que hoy impacta al sistema de justicia, máxime a nivel penal.
Y si de una cosa sabe Ray Guevara es precisamente de derecho constitucional, lo cual dejó más que claro cuando estuvo al frente del Tribunal Constitucional, el cual en este momento es el mejor referente de respeto a los derechos fundamentales.
Este diario considera que Ray Guevara prestigiaría al Ministerio Público y por su vía podría producir el cambio que necesita ese órgano del Estado, vital para que se acaben los atropellos en contra de la mayoría de los ciudadanos que en algún momento se convierten en víctimas de aquellos que creen en la violación de la ley y en la comisión de lo mal hecho.
El otro señalado para ocupar el puesto que apoya este periódico es Jorge Subero Isa, porque es una persona con una sólida formación jurídica y de una conducta que hasta pruebas en contrario es recta y firme.
En el caso de Yeni Berenice Reynoso su trayectoria podría proyectar una buena imagen de ella, pero hay detalles de su desempeño que generan muchas dudas, dado que la mayoría de los fiscales adjuntos de Santiago son liderados por su persona o que por lo menos ella es su madrina, muchos de los cuales tienen un comportamiento que dañan severamente la sociedad.
En realidad, el peso de Ray Guevara y de Subero Isa superan el de Berenice Reynoso y ese es un detalle que cuenta en un Ministerio Público en el peor de los descréditos, lo cual representa una amenaza para el Estado de derecho y la democracia.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.