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Se impone buscar una respuesta eficiente ante escenario de ilegalidad e ilegitimidad en frágil democracia dominicana.
Cada día la República Dominicana se acerca a un escenario que nunca fue previsto por el ordenamiento jurídico y constitucional y cuyas consecuencias podrían ser de un impacto que implicaría reconstruir la democracia nacional.
La Constitución de la República no cuenta con un mecanismo de sustitución de las autoridades nacionales a menos que no sea mediante un proceso electoral que podría no ser posible por la pandemia que mantiene amenazada la raza humana en todo el mundo.
En la actualidad la Junta Central Electoral ha tomado la decisión de suspender los comicios que manda la Constitución de la República del 17 de mayo y la reprogramó para el 5 de julio, cuya resolución no respeta el artículo 209, numeral 3, de la Carta Magna en el sentido de que esta propuesta debió ser sancionada por el Congreso Nacional y el cual debió emitir una ley para que se convoque a elecciones extraordinarias.
Sin embargo, habría que recrear lo que sería otra suspensión de los comicios por no haberse superado los efectos de la pandemia, entonces el país tendría que buscar con tiempo un mecanismo idóneo para resolver un vacío o limbo jurídico que amenazaría la democracia.
Congreso Nacional de la República Dominicana
Este escenario ha servido para que hayan quienes propongan que lo más ideal seria dejar en sus funciones a los que cesan en ellas, no sólo a nivel de la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también del Congreso Nacional, dígase senadores y diputados.
Esa propuesta luce muy descabellada y poca idónea en virtud de que estos funcionarios no sólo tienen el control de la autoridad que otorga el Estado, sino también del presupuesto nacional, cuyos gastos siempre han sido cuestionados porque han estado dirigidos en favor de causas no muy nobles y poco transparentes, máxime si hay de por medio la escogencia de un nuevo jefe de Estado y de senadores y diputados que está precedida de una campaña electoral
Ese limbo jurídico plantea un reto muy grande para el país, principalmente si se le suma el impacto que implica el coronavirus para la población votante, lo cual nos dice que la amenaza es todavía mucho más peligrosa, porque por los efectos de la pandemia el país podría estar frente a un problema también de ilegitimidad por una baja participación.
La pregunta que se cae de la mata para utilizar una expresión popular es quién controlaría las acciones de autoridades ilegales e ilegitimas, porque se sabe que la JCE no tendría la autoridad para fiscalizar los actos al margen de la ley en lo referente, por ejemplo, al uso del patrimonio nacional, sobre todo cuando en el actual proceso electoral el candidato del oficialismo ha jugado con todo el mundo y en el país nadie ha dispuesto una investigación seria al respecto.
Lo más atinado es que la sociedad se de un plan de contingencia para evitar un total descalabro del precario aparato institucional, porque no luce clara sólo una negociación política para darle salida a una situación jurídica que no está contemplada en la Constitución de la República, lo cual también la hace nula.
En tal virtud, lo recomendable sería que ante la posibilidad de que la pandemia advierta que no se puedan celebrar las elecciones presidenciales y congresionales extraordinarias, convocar al Congreso Nacional con una agenda que no supere una serie de puntos previamente acordados por el liderazgo nacional y que cualquier modificación para llenar el vacío no sea de mayor alcance que la solución del problema presentado en las actuales circunstancias.
Esa modificación constitucional debe incluir un transitorio que mande la escogencia de una junta gobernativa que debe convocar a elecciones en un plazo que no supere los 90 días.
De esa manera, se evita que los que tienen el control del Estado sigan al frente del mismo cuando el candidato del Gobierno ha hecho una serie de travesuras y que muy difícilmente no incurra en la misma irregularidad durante una prolongación ilegal e ilegítima de las actuales autoridades nacionales.
Se sabe que mucha gente tiene temores a una modificación constitucional porque siempre sobresale la cultura de la trampa y el engaño que forma parte del entretenimiento nacional de los que controlan el poder y que en consecuencia proponer la permanencia en el Gobierno de los actuales gobernantes podría ser muy peligroso y perjudicial para la democracia.
Este planteamiento ofrece un periodo de tiempo que no supera los 90 días para cumplir con todos los requerimientos del momento como es convocar a ambas cámaras a avocarse a conocer un proyecto de modificación constitucional, el cual no puede ser antes de un encuentro de todo el liderazgo nacional para que hayan propuestas puntuales que vayan dirigidas a solucionar el vacío de poder y el limbo jurídico que se advierte en las actuales circunstancias.
Naturalmente, esta discusión debe iniciarse en los próximos 40 días si se vislumbra que el coronavirus se quedaría en el país en los próximos meses y que no existen las condiciones para mantener la convocatoria a las elecciones del 5 de julio, lo cual plantea la crisis que se ha querido prever desde ahora frente un posible impedimento material de que las mismas no tengan lugar.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.