Análisis Noticiosos
Se impone el conteo manual en una muestra de colegios
Por Juan Bolívar Díaz
La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.
Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.
La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.
Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:
“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.
“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.
“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.
La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.
No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.
La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.
Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.
Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.
La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.
En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.
En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.
Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.
Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.
Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.