Análisis Noticiosos
Se impone el conteo manual en una muestra de colegios
Por Juan Bolívar Díaz
La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.
Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.
La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.
Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:
“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.
“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.
“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.
La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.
No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.
La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.
Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.
Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.
La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.
En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.
En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.
Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.
Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.
Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.