Análisis Noticiosos
Se impone el conteo manual en una muestra de colegios
Por Juan Bolívar Díaz
La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.
Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.
La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.
Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:
“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.
“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.
“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.
La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.
No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.
La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.
Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.
Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.
La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.
En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.
En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.
Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.
Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.
Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.