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Se impone ley de selva en Santiago con sentencias que obedecen a ineptitud, negligencia y complicidad jueces
Todas las jurisdicciones violan con sus decisiones no solo las normativas jurídicas, sino que también las jurisprudencias sentadas por los tribunales superiores.
El Distrito Judicial de Santiago se ha constituido en el principal ejemplo de que el estado de derecho es un verdadero mito y que todavía falta mucho para que en el país se pueda hablar de derechos constitucionales y consecuentemente de democracia.
Este problema toma un giro tan preocupante que los jueces de los diferentes tribunales de este distrito judicial se niegan a estatuir sobre las pruebas aportadas por las partes en un proceso legal y con esa actitud se ponen al margen de una serie de principios constitucionales como el de legalidad, de igualdad, de razonabilidad, entre otros.
La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago falla, por ejemplo, los referimientos no sobre la base de los mandatos de la ley, sino de los caprichos e intereses de su titular, independiente de que los casos se constituyan en una flagrante violación de una serie de principios jurídicos que son proclamados como un logro por el tribunal constitucional.
En los últimos meses a pesar del miedo de los abogados a recusar jueces se han producido una serie de estos recursos que para ser resueltos se toman meses en virtud de la solidaridad que hay entre los encargados de decidir los conflictos que se producen en el seno de la justicia de Santiago.
Los atropellos a este respecto tienen un alcance más que preocupante porque es una agresión al estado de derecho y todo parece indicar que el Consejo del Poder Judicial tiene un nivel de tolerancia que impide que la justicia de Santiago cambie su curso.
Los jueces de los diferentes tribunales, aparte de incurrir en peligrosas violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la denegación de justicia, se resisten a cumplir con su función de ser vigilantes del derecho constitucional difuso para constituirse en garante de la armonía social.
Los casos que revelan la situación de la justicia en Santiago se complican cuando los jueces suben a estrados a decidir casos de los que no conocen absolutamente nada de ellos y esto provoca que impidan que los abogados postulan sobre los expedientes que defienden en los tribunales correspondientes.
En la actualidad hay recusaciones en contra de jueces que han hecho un manejo inadecuado de recursos, como por ejemplo, incidentales que no se corresponden con el argumento esgrimido al respecto, sobre todo porque los mismos tienen que ver con asuntos elementales del derecho como aquellos referentes a la jerarquía del ordenamiento jurídico.
Hay otros casos como ocurre con los referimientos que celebra la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial que falla los mismos a partir de ponderaciones medalaganarias o que responden a intereses ocultos, ya que escoge caprichosamente las pruebas sobre la que va a estatuir e ignora otras que se constituyen en una violación al debido proceso, lo que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en varias sentencias.
En otros expedientes la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la cual es dirigida por el juez Henrry Domínguez, se admiten la existencia de las pruebas, pero para emitir el fallo entonces se alega que no hay constancia de que la misma haya sido depositada.
En otro tribunal civil ordinario el magistrado Aldemaro José Muñiz Mena, juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, recurre regularmente a la violación del mandato del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia del derecho procesal, ya que con cuyas decisiones vulnera esa normativa jurídica y los principios de legalidad y de igualdad, así como de razonabilidad a pesar de que sobre este particular ya hay una jurisprudencia erga omnes que es transversal a todos los poderes públicos del país.
El agravante del problema es que el magistrado Muniz Mena repite la misma conducta cada vez que hay una audiencia para favorecer a una de las partes, pero no hay nadie que lo someta a la disciplina y a la ley, ya que el Consejo del Poder Judicial sólo hace simulacro de supervisar y fiscalizar el comportamiento de los jueces.
A nivel laboral igual ocurre con Jesús María Díaz Ramírez, juez de la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo de Santiago, quien también ha sido recusado por su conducta siempre en contra de algunas de las partes envueltas en los procesos, ya que cae en graves violaciones al Código de Trabajo con reenvíos de una audiencias hasta cinco veces para buscar una razón que justifique una acción al margen de la seguridad jurídica.
La irregular situación no es menor a nivel de la jurisdicción inmobiliaria, donde jueces como Fidelina Gertrudis Batista y Manuel Antonio Francisco Espinal incurren en violaciones de cuestiones fundamentales del sistema de justicia, como ejemplo no distinguir por la razón que sea la jerarquía de las normativas jurídicas, cuyo comportamiento ha generado recusaciones en su contra o negarse a estatuir sobre pruebas aportadas en violación de las jurisprudencias al respecto.
En lo que respecta a los fiscales las cosas no tienen ninguna diferencia, porque todavía en Santiago los magistrados encargados de proporcionar la fuerza pública para fines de embargos ejecutivos exigen una cantidad de dinero al margen de la ley, para cuyo propósito mantienen una alianza con oficiales de la Policía Nacional.
De igual modo, se comportan los alguaciles, los cuales se ponen al servicio de particulares y se dedican a la notificación de actos ilegales y a actuar en procesos que no se corresponden con el mandato de las leyes sobre la materia.
En conclusión, la ineptitud, la negligencia, la irresponsabilidad y la complicidad se traga el Distrito Judicial de Santiago sin que las autoridades superiores hagan nada por parar las graves violaciones que se cometen en contra del estado de derecho y de la democracia.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.