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Se impone ley de selva en Santiago con sentencias que obedecen a ineptitud, negligencia y complicidad jueces
Todas las jurisdicciones violan con sus decisiones no solo las normativas jurídicas, sino que también las jurisprudencias sentadas por los tribunales superiores.
El Distrito Judicial de Santiago se ha constituido en el principal ejemplo de que el estado de derecho es un verdadero mito y que todavía falta mucho para que en el país se pueda hablar de derechos constitucionales y consecuentemente de democracia.
Este problema toma un giro tan preocupante que los jueces de los diferentes tribunales de este distrito judicial se niegan a estatuir sobre las pruebas aportadas por las partes en un proceso legal y con esa actitud se ponen al margen de una serie de principios constitucionales como el de legalidad, de igualdad, de razonabilidad, entre otros.
La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago falla, por ejemplo, los referimientos no sobre la base de los mandatos de la ley, sino de los caprichos e intereses de su titular, independiente de que los casos se constituyan en una flagrante violación de una serie de principios jurídicos que son proclamados como un logro por el tribunal constitucional.
En los últimos meses a pesar del miedo de los abogados a recusar jueces se han producido una serie de estos recursos que para ser resueltos se toman meses en virtud de la solidaridad que hay entre los encargados de decidir los conflictos que se producen en el seno de la justicia de Santiago.
Los atropellos a este respecto tienen un alcance más que preocupante porque es una agresión al estado de derecho y todo parece indicar que el Consejo del Poder Judicial tiene un nivel de tolerancia que impide que la justicia de Santiago cambie su curso.
Los jueces de los diferentes tribunales, aparte de incurrir en peligrosas violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la denegación de justicia, se resisten a cumplir con su función de ser vigilantes del derecho constitucional difuso para constituirse en garante de la armonía social.
Los casos que revelan la situación de la justicia en Santiago se complican cuando los jueces suben a estrados a decidir casos de los que no conocen absolutamente nada de ellos y esto provoca que impidan que los abogados postulan sobre los expedientes que defienden en los tribunales correspondientes.
En la actualidad hay recusaciones en contra de jueces que han hecho un manejo inadecuado de recursos, como por ejemplo, incidentales que no se corresponden con el argumento esgrimido al respecto, sobre todo porque los mismos tienen que ver con asuntos elementales del derecho como aquellos referentes a la jerarquía del ordenamiento jurídico.
Hay otros casos como ocurre con los referimientos que celebra la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial que falla los mismos a partir de ponderaciones medalaganarias o que responden a intereses ocultos, ya que escoge caprichosamente las pruebas sobre la que va a estatuir e ignora otras que se constituyen en una violación al debido proceso, lo que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en varias sentencias.
En otros expedientes la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la cual es dirigida por el juez Henrry Domínguez, se admiten la existencia de las pruebas, pero para emitir el fallo entonces se alega que no hay constancia de que la misma haya sido depositada.
En otro tribunal civil ordinario el magistrado Aldemaro José Muñiz Mena, juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, recurre regularmente a la violación del mandato del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia del derecho procesal, ya que con cuyas decisiones vulnera esa normativa jurídica y los principios de legalidad y de igualdad, así como de razonabilidad a pesar de que sobre este particular ya hay una jurisprudencia erga omnes que es transversal a todos los poderes públicos del país.
El agravante del problema es que el magistrado Muniz Mena repite la misma conducta cada vez que hay una audiencia para favorecer a una de las partes, pero no hay nadie que lo someta a la disciplina y a la ley, ya que el Consejo del Poder Judicial sólo hace simulacro de supervisar y fiscalizar el comportamiento de los jueces.
A nivel laboral igual ocurre con Jesús María Díaz Ramírez, juez de la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo de Santiago, quien también ha sido recusado por su conducta siempre en contra de algunas de las partes envueltas en los procesos, ya que cae en graves violaciones al Código de Trabajo con reenvíos de una audiencias hasta cinco veces para buscar una razón que justifique una acción al margen de la seguridad jurídica.
La irregular situación no es menor a nivel de la jurisdicción inmobiliaria, donde jueces como Fidelina Gertrudis Batista y Manuel Antonio Francisco Espinal incurren en violaciones de cuestiones fundamentales del sistema de justicia, como ejemplo no distinguir por la razón que sea la jerarquía de las normativas jurídicas, cuyo comportamiento ha generado recusaciones en su contra o negarse a estatuir sobre pruebas aportadas en violación de las jurisprudencias al respecto.
En lo que respecta a los fiscales las cosas no tienen ninguna diferencia, porque todavía en Santiago los magistrados encargados de proporcionar la fuerza pública para fines de embargos ejecutivos exigen una cantidad de dinero al margen de la ley, para cuyo propósito mantienen una alianza con oficiales de la Policía Nacional.
De igual modo, se comportan los alguaciles, los cuales se ponen al servicio de particulares y se dedican a la notificación de actos ilegales y a actuar en procesos que no se corresponden con el mandato de las leyes sobre la materia.
En conclusión, la ineptitud, la negligencia, la irresponsabilidad y la complicidad se traga el Distrito Judicial de Santiago sin que las autoridades superiores hagan nada por parar las graves violaciones que se cometen en contra del estado de derecho y de la democracia.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.
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Empoderamiento de la derecha política en el hemisferio occidental con el patrocinio del presidente de los Estados Unidos.
En los últimos meses la derecha política camina a su empoderamiento en toda Latinoamérica como resultado del patrocinio del Donald Trump y también del fracaso de los gobiernos de izquierda que se han establecido en la denominada américa morena.
El fenómeno es mucho más fuerte en aquellos países en los que el mandatario de los Estados Unidos de América ha metido sus narices y que ha implicado aumentar sus niveles de dependencia de la potencia del norte, pero no se puede negar que la causa del mismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos de izquierda.
Los ejemplos están a la vista de todo el que quiere ver, cuyos casos más emblemáticos son los de Venezuela, donde hay variantes que difieren del resto, como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, entre otros, donde los candidatos derechistas han tenido el apoyo, no sólo moral, sino también económico de Trump.
El apoyo ha trascendido la frontera de lo moral para convertirse en cuestiones que involucran hasta el indulto de personajes con un historial oscuro, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cuyo candidato de su mismo partido se alzó con el triunfo en el país centroamericano con el apoyo abierto del mandatario de la potencia más grandes del mundo.
Pero lo propio ha ocurrido en otros países del continente, cuya coincidencia con Trump ha servido de base para que la derecha se empodere y desplace del poder a la izquierda, la cual ha tenido un gran fracaso por los errores cometidos por sus gobiernos.
El más reciente tiene que ver con la nueva elección hecha en Chile, donde un hombre de ultra derecha, José Antonio Kast, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet, triunfó en las recientes elecciones presidenciales con un margen significativo de votos en relación con la candidata de la izquierda, auspiciada por el saliente mandatario Gabriel Boric.
Los únicos países donde la izquierda parece que conservará el poder son Brasil, Uruguay y Colombia, donde el candidato a fin al actual presidente Gustavo Petro lleva la delantera en la carrera por colocarse en el poder.
Igual ocurre en México, donde Manuel López Obrador, supo producir una alternabilidad en el poder que fue a través del arma usada por partidos de derecha como el Revolucionario Institucional de la alternabilidad en el poder, el cual duró unos 70 años consecutivos en el Gobierno mediante el cambio del rostro del aspirante a controlar el Estado, aunque con los mismos propósitos y con un compromiso irrenunciable a la corrupción administrativa.
Falta ver si la derechización de la política en Latinoamérica se podrá mantener por mucho tiempo, dado que la izquierda no parece que pueda recuperarse tras lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Honduras, donde la corriente conservadora ha salido triunfadora en los procesos electorales de recientes celebración.
En la actualidad la derecha parece imbatible, aunque si el fenómeno está asociado a la política desarrollada por Trump, el éxito de ésta podría ser que no tenga una vida larga, ya que el presidente de los Estados Unidos de América baja aceleradamente de aceptación popular como resultado de que desarrolla un tipo de gestión que pone en entredicho los logros en términos de derechos en el campo internacional, así como interno, aparte del alto costo de la vida que golpea a la sociedad norteamericana.
Sin embargo, prever lo que puede ocurrir en el curso de los años no luce tan fácil, ya que mientras la derecha se empodera con el apoyo de Trump tiene como contraparte a una izquierda que cada día pierde apoyo popular en virtud de la erosión de su credibilidad.
La principal falencia de la izquierda consiste en que sus lideres que llegan a la Presidencia han querido perpetuarse en el poder, como los casos de Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, donde incluso su mujer funge de vicepresidenta de la nación, pero Bolivia no ha estado muy lejos de ese cuadro con las pretensiones de Evo Morales.
Hay otros lugares donde ni remotamente la izquierda sacará cabeza, como por ejemplo la Republica Dominicana, donde no existe ningún candidato de esa corriente que se pueda decir que tiene reales posibilidades de ascender al poder.
La patria de Duarte, Sánchez y Mella adolece de un problema de fondo, con un contenido profundamente cultural, ya que los problemas no sólo provienen de los gobernantes, sino también de los gobernados, que entran a la política partidaria con el fin de que se les dé alguna migaja, amén de que el clientelismo prácticamente tiene el control del escenario electoral.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.