Opinión
Se impone la solidaridad
Por Juan Bolívar Díaz
Desde la primera lectura a la penosa sentencia con que el Tribunal Constitucional decreta un apartheid o gueto que conformarían cientos de miles de dominicanos y dominicanas de diversas ascendencias, especialmente haitiana, consideré que terminará resolviendo a corto plazo la situación que desde hace seis años afecta a miles de personas.
El dictamen viola tantos preceptos de la constitución dominicana, como de los códigos del derecho internacional, que no dejará espacio a la indiferencia. Toda persona con un mínimo de sensibilidad tendrá que reaccionar y muchos militarán en la solidaridad que ha comenzado a manifestarse con las víctimas de esta “limpieza étnica”, que afectaría también a descendientes de chinos, árabes, judíos y de muchas otras nacionalidades, que hace tiempo son parte de la dominicanidad.
Un cable de la agencia española Efe daba cuenta de cómo la sentencia de marras ha dividido a los dominicanos desatando amplias manifestaciones de solidaridad. Ha sido relevante que casi todos los expertos en derecho constitucional, como destacados juristas han coincidido en señalar que el dictamen viola principios constitucionales y universales fundamentales que la hacen insostenible por lo que está destinada a ser revertida tan pronto sea dilucidada por la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado Dominicano desde que en 1978 suscribió, con aprobación congresual, la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Como esa corte es parte de la Convención, bastaba con una declaración posterior que la reconociera, por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo, que fue lo que hizo en 1999 el presidente Leonel Fernández. Si alguien quería redundancia, se puede encontrar en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde se ratifica que sus decisiones quedan subordinadas a la CIDH.
Al disponer una limpieza del registro civil retroactiva al 1929 para excluir de la ciudadanía a todos los hijos de extranjeros que estuvieran indocumentados al momento en que nacieron, dando cuenta la sentencia misma que podrían ser cientos de miles, quedó desafiada la sensibilidad de quienes creen en principios fundamentales, como la irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 110 de nuestra Constitución, la que, por demás, en su artículo 18.2 proclama dominicanos y dominicanas a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
La inmensa mayoría de la opinión pública sensata reconoce que sería ignominioso crear un apartheid de cientos de miles de personas nacidas y con décadas de vida en el país, que no se irán para ninguna parte, ni pueden irse sin pasaporte, en base a los prejuicios y sentimientos de odio que destilan algunos defensores a ultranza de la “pureza de la dominicanidad”, ignorando que este es un país de inmigrantes, donde los colonizadores no dejaron vivo uno solo de los nativos, y que al mismo tiempo somos una nación de emigrantes que ha mandado millón y medio de sus hijos al exterior, en su inmensa mayoría sin previa autorización para permanecer en múltiples países del mundo, en algunos con una saturación que crea tensiones.
Lo bueno del dictamen del Constitucional es que despeja las dudas: Ya no es si los hijos de indocumentados que nacen ahora en el país tienen derecho a la nacionalidad, cosa que niega claramente la Constitución del 2010, sino que se pretende despojar a cientos de miles que ya la tenían.
Hay que saludar la sensibilidad mostrada por el presidente Danilo Medina ante el grito desgarrante de los jóvenes descendientes de haitianos, que son los más afectados, y esperar que no se deje enmendar la plana ni chantajear. El prestigio de la nación está en juego y es preciso enmendar el despojo antes que nos lo imponga la CIDH, cuya sentencia del 2005 a favor de dos niñas de ascendencia haitiana no deja dudas. Mientras más rápido rectifiquemos mejor, porque el escándalo seguirá expandiéndose y quedará como el mayor despojo después del que decretó Hitler contra judíos, gitanos y otras minorías, en vísperas de la mayor matanza de la historia.-
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 7 del Estatuto de Roma también tipifica como crimen la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el referido párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional.
El acto de persecución se define como ¨la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad¨.
Un grupo o colectividad puede verse potencialmente privado de diversos derechos fundamentales como consecuencia de daños ambientales, la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud física y mental, el derecho a un suministro adecuado de alimentos y agua, entre otros derechos fundamentales.
Reviste especial importancia adoptar un enfoque interseccionales en materia de persecución en el contexto ambiental, pues pueda que se cometa un acto de persecución por medio de daños ambientales o que resulte en dichos daños por razones múltiples o interseccionales, entre ellas razones de género, políticas , raciales, étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo que se consideran universalmente inadmisibles de conformidad con el derecho internacional.
A diferencia de otros crímenes de lesa humanidad, la persecución exige algún tipo de prueba de intención de discriminación. El autor hace daño a la víctima porque considera que pertenece a un determinado grupo o colectividad.
La intención puede inferirse del comportamiento general del autor, asi como de las circunstancias en las que se cometió el crimen. En ese sentido verter productos químicos tóxicos en un río del que dependía un determinado Pueblo Indígena para obtener alimentos y agua no constituirá un crimen de lesa humanidad consistente en persecución.
Sin embargo, el acto de contaminación señalado anteriormente constituye persecución si el autor hubiera optado por contaminar ese río concreto con intención de privar a ese Pueblo Indígena en particular de sus derechos fundamentales.
Cabe destacar que el artículo 7, párrafo 1 K) del Estatuto de Roma tipifica como crímenes otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
En vista del lugar central que ocupa el medio ambiente en la vida social, cultural, religiosa y espiritual de muchas personas, en particular de los miembros de Pueblos Indígenas, los daños ambientales, la explotación ilegal de de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras pueden a menudo ser fuente de gran sufrimiento físico o mental, incluso cuando no constituyen uno de los demás crímenes de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Finalmente, mientras el causante del sufrimiento fuera consciente de que en el curso normal de los acontecimientos tendría lugar ese daño, tales actos podrían calificarse de crímenes de lesa humanidad o actos inhumanos de otro tipo.
Ni autoelogio oficial ni amnesia opositora
Por Isaías Ramos
Esta Semana Santa encuentra al país en medio de una incertidumbre internacional real y de una incertidumbre interna todavía más vieja: la de una clase política que, cuando el pueblo necesita verdad, vuelve a ofrecer relato. Luis Abinader habló de cambiar la “cultura de corrupción” por una de transparencia. Leonel Fernández dijo que los precios venían subiendo por la ineficiencia del PRM. Danilo Medina exigió un plan frente a la crisis derivada de la guerra con Irán y reclamó austeridad porque al pueblo no se le puede pedir todo el sacrificio mientras el Gobierno no se sacrifica en nada.
Los tres quieren ocupar la tribuna moral del momento. Pero, vistos con serenidad, los tres revelan el mismo problema: el oficialismo quiere absolverse y la oposición tradicional quiere amnistiarse.
Uno habla de transparencia desde el poder. Los otros hablan de crisis como si no hubieran dejado, durante años, buena parte del endeudamiento, del privilegio y de la fragilidad estructural que hoy vuelve tan vulnerable a la República Dominicana. No estamos viendo una disputa entre verdad y mentira. Estamos viendo, demasiadas veces, una competencia entre autoelogio y amnesia. Y el pueblo ya no debería seguir dejándose encerrar en esa falsa alternativa.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: la corrupción no se apaga con palabras. No se derrota con congresos partidarios sobre ética. No se derrota con discursos de transparencia. No se derrota con opositores que descubren el dolor popular solo cuando no gobiernan.
La corrupción empieza a retroceder cuando un país instala educación, concientización y disciplina, de manera coherente, persistente y consistente; y, por último, consecuencias reales para quien viola la ley y el orden. Sin esa secuencia, todo discurso moral corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y cuando la mora judicial en casos de presunta corrupción supera el 80%, la prédica ética sin consecuencia se parece demasiado a una cultura de favoritos protegidos y de impunidad administrada.
La verdad completa empieza por las finanzas públicas. Según el Presupuesto Consolidado del SPNF 2026, la Administración Central proyecta RD$1,342,258.2 millones en ingresos, RD$324,257.1 millones en intereses de la deuda y RD$121,192.6 millones en aplicaciones financieras. Traducido al lenguaje del ciudadano: entre 32.8 y 33.2 pesos de cada 100 que ingresan al Estado ya están comprometidos por intereses y amortización/aplicaciones de deuda. Esa no es una opinión. Es una señal de alarma fiscal. Y esa carga no cayó del cielo.
Es el resultado acumulado de años de endeudamiento bajo las administraciones de las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el relato nacional, sin haber explicado con el debido detalle y con la debida seriedad en qué se invirtió cada peso tomado a nombre del pueblo dominicano, qué problema resolvió y qué resultado concreto dejó para el país.
Con una carga así, la austeridad que demandan las circunstancias no debe empezar por el bolsillo exhausto del ciudadano común. Debe empezar por el privilegio enquistado del poder: gasto público innecesario, subsidios no auditables, gastos tributarios injustificados, recursos blindados a partidos, salarios estatales desproporcionados y rentas protegidas por décadas de un Estado complaciente. Solo después de esa cirugía arriba puede pedírsele al país un sacrificio adicional con autoridad moral. Lo contrario no es disciplina: es crueldad administrativa.
Y hay una coincidencia todavía más grave entre oficialismo y oposición tradicional: cuando se trató de cerrar el sistema político para protegerse entre sí, convergieron. La Constitución reconoce, en su artículo 22, el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. Sin embargo, tras la sentencia TC/0788/24, el Congreso no reguló las candidaturas independientes: optó por suprimirlas. Diario Libre reportó que legisladores del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRSC y otras fuerzas se pusieron inusualmente de acuerdo para aprobar esa eliminación. Ahí no hubo rivalidad real. Hubo defensa corporativa del sistema cerrado.
Eso debe entenderlo bien el pueblo dominicano. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de si el ciudadano conserva o pierde espacios reales para competir fuera del oligopolio partidario. Se trata de si las grandes maquinarias pueden seguir repartiéndose la cancha mientras le dicen al país que su libertad política consiste en escoger siempre entre los mismos administradores del mismo sistema. Esa es la lógica que el pueblo ya no debería aceptar: el viejo libreto del dominicano súbdito. Pedagogía moral para abajo, comodidad política para arriba; sacrificio para el ciudadano, excepción para el privilegiado; deber para el pueblo, impunidad para el poder.
Esta Semana Santa debería servir para discernir el bien del mal en la vida pública. El bien no está en el gobernante que se felicita mientras preserva demasiadas excepciones. El bien no está en el opositor que denuncia el presente como si no hubiese pasado años incubando parte de lo que ahora critica. El bien político, en esta hora, está en algo mucho más exigente: verdad fiscal, austeridad arriba, protección de los más vulnerables, defensa de la Constitución y un régimen de consecuencias real.
La República Dominicana sí puede soportar tiempos duros. Lo que ya no debería seguir soportando es la incoherencia de quienes le piden deber mientras administran privilegio, opacidad e impunidad selectiva. Si de verdad vienen sacrificios, el primer recorte debe hacerse arriba. Y la primera disciplina debe imponerse al poder.
Solo entonces el esfuerzo nacional dejará de parecer abuso
y podrá empezar a parecerse a un pacto republicano.
Por Oscar López Reyes
Con sus resabios personales en la creencia de ser el rey de la selva, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha roto el pecho de la humanidad, a la que mantiene en ascuas y causándole una dolencia inconmensurable. Perpetra una hecatombe en el salvajismo a guisa de la confrontación con las supremas instancias institucionales de su país y de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido. ¡Caray …!
Detrás del apoderamiento geoestratégico del Golfo Pérsico, que concentra el más gigantesco volumen de petróleo y gas del globo terráqueo, y el control del estrecho de Ormuz, Estados Unidos está apelando a su corpulencia convencional y tecnológica, desestabilizando, como un tobogán, la economía, los ecosistemas y la salud humana universal.
Las tormentas de fuego son parecidas a un Armagedón y cumplen una profecía bíblica. En el empeño imperialista/hegemónico de la superpotencia de Norteamérica y expansionista territorial del sionismo de Israel, se han intensificado los bombardeos aéreos en Irán y el Golfo Pérsico, destrozado edificios, hospitales, escuelas, cuarteles y bases castrenses, centrales nucleares y otras infraestructuras militares, industriales y urbanísticas.
El saldo ha sido de miles de muertos y heridos, hambrunas y desplazamientos poblacionales, que tiemblan en el ensordecedor zumbido de las cargas explosivas. Aunque cuentan con armas nucleares, Estados Unidos e Israel también matan persiguiendo detener el proyecto de bombas atómicas emprendido por Irán.
Por esta conflagración bélica ha sido apretado el botón de pánico energético, acelerado la volatilidad económico-financiera internacional -con la consiguiente avalancha inflacionaria-, los daños medioambientales y el estrés postraumático crónico, cocidos por el mal olor cadavérico, el calor de los escombros en llamas y la diseminación en la atmósfera de fardos de pólvoras y sustancias nocivas.
En anclas parecidas, el influyente humorista gráfico de diarios de España Antonio Fraguas de Pablo (Forges, 1942-2018) tiró un alarido expresivo: “No hay guerras justas y guerras injustas: solo hay malditas guerras”, apropiado para ser repetido en esta época.
¡Oh guerras! De veras, estas han sido gestadas por desarmonías espirituales individuales, el ensanchamiento de negocios en la codicia económica, las rivalidades por apoderarse de recursos naturales, franjas fronterizas y por geoestrategias en la desconfianza, las demandas de seguridad ante amenazas y los fracasos diplomáticos.
En la escalada guerrera de Estados Unidos e Israel contra Irán (iniciada el 28-2-2026), el primer complejo militar fabricante y exportador de armas está de pláceme, cual festines carnívoros de perros y gatos, alacranes y buitres, y ratas y leones. Los cielos, mares y tierras retumban saturados de drones suicidas y sistemas anti-drones, misiles balísticos de largo alcance y aviones bombarderos ultramodernos, con toques de sirenas para huir despavoridamente hacia los refugios.
En este escenario de acometidas, el presidente Donald Trump (Taco) y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Bibi) traen a la memoria las atrocidades del nazi autoritario de Alemania Adolfo Hitler, por aquello de “El veneno de la sangre”, y la crueldad.
Y, en ese hábitat, han detonado esos dos osados que, con vértebras que flechan lutos, se engullen un elefante africano sin obedecer las normas jurídicas, éticas y de salubridad; sin arrojar gases del estómago ni dar señales de sonrojo. La catástrofe de Trump desde la Casa Blanca y Netanyahu desde Beit HaNassi (Casa del Presidente), convoca a glosar las odas del poeta español Vicente Aleixandre (1898-1984), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1977:
“…Suena en las calles /Todas las casas gritan/… y de esa ventana rota sale un grito de muerte/Seguís. De ese hueco sin puerta/sale una sangre y grita/ Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados/gritan. Son niños que murieron/Por la ciudad gritando/…un río pasa: un río clamoroso de dolor que no acaba/No lo miréis: sentido/Pequeños corazones, pechos difuntos, caritas destrozadas/”.
Incontestablemente, la guerra del 2026 está engordando el mercantilismo de las herramientas de muerte, en el batir de récords de ventas de las compañías armamentistas enclavadas en una nación que pregona defender la vida y los derechos humanos. El Pentágono está pidiendo cuadruplicar la producción de esos artefactos para reponer los arsenales y sustentar los enfrentamientos, en tanto que Lockheed Martin, RTX (Raytheon), Northrop Grumman, General Dynamics y Boeing han suscrito contratos sin precedentes, con encapié en la tecnología aeroespacial, como los misiles de precisión.
La carrera belicista se acrecienta colosalmente, sin contención de naciones capitalistas ni socialistas. En 2025, el gasto militar mundial ascendió a unos 2,63 billones de dólares, que equivale a un incremento del 2,5%, comparado con el año anterior. Ese presupuesto está liderado por Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, India, Arabia Saudita, Japón, Ucrania, Francia, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte.
A riendas sueltas, las superpotencias acumulan un arsenal nuclear que cifra 9,745 ojivas, conforme con el último monitoreo de la Prohibición de Armas Nucleares. Ellas son un riesgo a gran escala por su utilización ante una situación de presión, un error de cálculo o un accidente, con lo cual serían aniquiladas más de 5 mil millones de personas, especies animales y vegetales. Ese cataclismo radioactivo destruiría la civilización humana.
En contraste con la prosperidad en la venta de armas de fuego, se disparan los precios del petróleo y el gas, los mercados financieros sobrellevan una recia perturbación, particularmente con la caída de las cotizaciones bursátiles, y los ciudadanos estadounidenses se ven compelidos a pagar un costo calculado en más de 890 millones de dólares diarios.
Esa tirantez marcial causa estragos financieros, y revive la teoría de los conflictos sociales y políticos, expuesta por el filósofo y revolucionario alemán Carlos Marx (1818-1883) en su obra «Contribución a la crítica de la economía política» (1859), cuando aún no proliferaban instalaciones atómicas.
El fundador del socialismo científico postula que los conflictos sociopolíticos no son casuales, sino que nacen de la infraestructura económica (relaciones de producción) que, a su vez, cimienta y levanta la superestructura jurídica y política. Plantea que, por la pugna en torno a recursos limitados, la sociedad está inmersa en una discrepancia perpetua (pobreza, discriminación, violencia doméstica, guerras y revoluciones), y que el orden social se sustenta en la dominación y el poder, y no en el consenso y la conformidad.
En esa coordenada, opinamos, el armamentismo alimenta el planteamiento marxista-leninista de que la lucha armada encarna el medio esencial para conquistar y mantener el poder político. La anterior premisa de Carlos Marx se complementa con la famosa frase acuñada, el 7 de agosto de 1927 y reafirmada en 1938, por el líder de la revolución (1949) y presidente de la República Popular China (1949-1976), Mao Tse Tung: «El poder político nace del cañón de un arma», o sea, «del fusil».
La inversión monetaria para la defensa y para neutralizar capacidades militares luce que seguirá en marcha, para que por calles y avenidas veamos transitar, lentamente, más carros fúnebres con seres humanos devorados, sin bombas y con flores; más guirnaldas sin arder en mañanas, tardes ni noches de hogueras, pero sin pólvora, y llevados hasta cementerios, sin fuego ni sangre y dejados en tumbas frías.
En su cancionero y romancero de ausencias, el poeta y dramaturgo Miguel Hernández (1910-1942), comprometido con la Guerra Civil Española, esparció su lírica contra las hostilidades en la hoguera: “Tristes guerras/si no es amor la empresa/Tristes, tristes/Tristes armas/si no son las palabras/Tristes, tristes/Tristes hombres/si no mueren de amores/Tristes, tristes”.
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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