Editorial
Se impone transparentar sistema electoral dominicano.
La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una propuesta de modificación de más de cien artículos de las leyes 15-19 y 33-18, cuyos aspectos constituyen una transformación de fondo de un elemento fundamental de la vida democrática del país.
Los aspectos que buscan ser tocados por esta reforma lucen muy saludables a partir de las distorsiones que se producen en cada proceso electoral, que abarcan desde violación de las leyes sobre la materia en lo que respecta a la igualdad de género y a otras cuestiones que dejan muy mal parado al Estado y a la sociedad dominicana.
Pero estos detalles, a pesar de que son muy importantes en función de los niveles de democratización que se dan en todo el planeta en materia electoral, tal vez no son tan vitales como los que se refieren a los fraudes que se cometen en cada proceso en la República Dominicana, porque se trata de un fenómeno que arropa toda la vida nacional.
De manera, que combatir un problema integral de la sociedad dominicana como es no respetar las normativas jurídicas en términos electorales, cuyas violaciones se expresan a través de la compra de votos y de otras bellaquerías que dañan mucho la democracia nacional, debe estar en el punto 1-A de la agenda nacional.
Las distorsiones, por ejemplo, en las elecciones del pasado año 2020 hablan muy claro de lo mal que anda la democracia dominicana, porque no sólo hubo compra de votos en plena vía pública, sino que también se produjeron falsificaciones de documentos para inscribir candidaturas que no correspondían, en cuyas conductas hubo participación de funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE).
Pero peor ocurrió con el comportamiento exhibido por todos los partidos, incluido el Revolucionario Moderno, en lo que respecta al manejo fraudulento con los fondos que proporciona el Estado a la Junta Central Electoral.
Es un asunto mucho más serio de lo que cualquiera pueda imaginar, ya que el problema no sólo ocurre en los partidos tradicionales, que ya tienen una cultura de hacer fraude y mal utilizar los fondos que provienen del pueblo dominicano para fortalecer la democracia, sino también de los pequeños, de izquierda y de derecha, que utilizan esos recursos para cuestiones personales porque no existe por parte de la JCE ninguna supervisión.
Hay partidos, sobre todo pequeños, que el dinero que da la JCE se lo reparten entre dos o tres directivos que falsifican documentos para justificar gastos que nunca han existido y viven como verdaderos potentados mediante el fraude y el engaño a la sociedad.
Por esta razón se impone que en estas modificaciones se aumenten las sanciones en contra de los ¨¨vividores¨¨ que mediante una doble moral, porque se la pasan pontificando por los medios de comunicación, reciban un castigo severo por apropiarse del dinero que proporciona la sociedad para construir una democracia mejor.
Lo que si debe quedar claro que estas reformas propuestas por la JCE, si es que tienen acogida en el Congreso Nacional, porque allí están anidados los políticos más delincuentes e inescrupulosos del sistema de partidos, deben ser aplicadas y no quedarse en letras muertas.
El país requiere cambiar el sistema electoral dominicano para que al cabo de algunos años en la nación se pueda hablar de una mejor democracia, lo cual necesariamente tiene que incluir el aumento de las penas para los partidos que se roban el dinero que debía utilizarse en educación y en otros asuntos que mejore la forma de hacer política en el país.
En hora buena!
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana