Editorial
Se impone transparentar sistema electoral dominicano.
La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una propuesta de modificación de más de cien artículos de las leyes 15-19 y 33-18, cuyos aspectos constituyen una transformación de fondo de un elemento fundamental de la vida democrática del país.
Los aspectos que buscan ser tocados por esta reforma lucen muy saludables a partir de las distorsiones que se producen en cada proceso electoral, que abarcan desde violación de las leyes sobre la materia en lo que respecta a la igualdad de género y a otras cuestiones que dejan muy mal parado al Estado y a la sociedad dominicana.
Pero estos detalles, a pesar de que son muy importantes en función de los niveles de democratización que se dan en todo el planeta en materia electoral, tal vez no son tan vitales como los que se refieren a los fraudes que se cometen en cada proceso en la República Dominicana, porque se trata de un fenómeno que arropa toda la vida nacional.
De manera, que combatir un problema integral de la sociedad dominicana como es no respetar las normativas jurídicas en términos electorales, cuyas violaciones se expresan a través de la compra de votos y de otras bellaquerías que dañan mucho la democracia nacional, debe estar en el punto 1-A de la agenda nacional.
Las distorsiones, por ejemplo, en las elecciones del pasado año 2020 hablan muy claro de lo mal que anda la democracia dominicana, porque no sólo hubo compra de votos en plena vía pública, sino que también se produjeron falsificaciones de documentos para inscribir candidaturas que no correspondían, en cuyas conductas hubo participación de funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE).
Pero peor ocurrió con el comportamiento exhibido por todos los partidos, incluido el Revolucionario Moderno, en lo que respecta al manejo fraudulento con los fondos que proporciona el Estado a la Junta Central Electoral.
Es un asunto mucho más serio de lo que cualquiera pueda imaginar, ya que el problema no sólo ocurre en los partidos tradicionales, que ya tienen una cultura de hacer fraude y mal utilizar los fondos que provienen del pueblo dominicano para fortalecer la democracia, sino también de los pequeños, de izquierda y de derecha, que utilizan esos recursos para cuestiones personales porque no existe por parte de la JCE ninguna supervisión.
Hay partidos, sobre todo pequeños, que el dinero que da la JCE se lo reparten entre dos o tres directivos que falsifican documentos para justificar gastos que nunca han existido y viven como verdaderos potentados mediante el fraude y el engaño a la sociedad.
Por esta razón se impone que en estas modificaciones se aumenten las sanciones en contra de los ¨¨vividores¨¨ que mediante una doble moral, porque se la pasan pontificando por los medios de comunicación, reciban un castigo severo por apropiarse del dinero que proporciona la sociedad para construir una democracia mejor.
Lo que si debe quedar claro que estas reformas propuestas por la JCE, si es que tienen acogida en el Congreso Nacional, porque allí están anidados los políticos más delincuentes e inescrupulosos del sistema de partidos, deben ser aplicadas y no quedarse en letras muertas.
El país requiere cambiar el sistema electoral dominicano para que al cabo de algunos años en la nación se pueda hablar de una mejor democracia, lo cual necesariamente tiene que incluir el aumento de las penas para los partidos que se roban el dinero que debía utilizarse en educación y en otros asuntos que mejore la forma de hacer política en el país.
En hora buena!
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.