Editorial
Se impone transparentar sistema electoral dominicano.
La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una propuesta de modificación de más de cien artículos de las leyes 15-19 y 33-18, cuyos aspectos constituyen una transformación de fondo de un elemento fundamental de la vida democrática del país.
Los aspectos que buscan ser tocados por esta reforma lucen muy saludables a partir de las distorsiones que se producen en cada proceso electoral, que abarcan desde violación de las leyes sobre la materia en lo que respecta a la igualdad de género y a otras cuestiones que dejan muy mal parado al Estado y a la sociedad dominicana.
Pero estos detalles, a pesar de que son muy importantes en función de los niveles de democratización que se dan en todo el planeta en materia electoral, tal vez no son tan vitales como los que se refieren a los fraudes que se cometen en cada proceso en la República Dominicana, porque se trata de un fenómeno que arropa toda la vida nacional.
De manera, que combatir un problema integral de la sociedad dominicana como es no respetar las normativas jurídicas en términos electorales, cuyas violaciones se expresan a través de la compra de votos y de otras bellaquerías que dañan mucho la democracia nacional, debe estar en el punto 1-A de la agenda nacional.
Las distorsiones, por ejemplo, en las elecciones del pasado año 2020 hablan muy claro de lo mal que anda la democracia dominicana, porque no sólo hubo compra de votos en plena vía pública, sino que también se produjeron falsificaciones de documentos para inscribir candidaturas que no correspondían, en cuyas conductas hubo participación de funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE).
Pero peor ocurrió con el comportamiento exhibido por todos los partidos, incluido el Revolucionario Moderno, en lo que respecta al manejo fraudulento con los fondos que proporciona el Estado a la Junta Central Electoral.
Es un asunto mucho más serio de lo que cualquiera pueda imaginar, ya que el problema no sólo ocurre en los partidos tradicionales, que ya tienen una cultura de hacer fraude y mal utilizar los fondos que provienen del pueblo dominicano para fortalecer la democracia, sino también de los pequeños, de izquierda y de derecha, que utilizan esos recursos para cuestiones personales porque no existe por parte de la JCE ninguna supervisión.
Hay partidos, sobre todo pequeños, que el dinero que da la JCE se lo reparten entre dos o tres directivos que falsifican documentos para justificar gastos que nunca han existido y viven como verdaderos potentados mediante el fraude y el engaño a la sociedad.
Por esta razón se impone que en estas modificaciones se aumenten las sanciones en contra de los ¨¨vividores¨¨ que mediante una doble moral, porque se la pasan pontificando por los medios de comunicación, reciban un castigo severo por apropiarse del dinero que proporciona la sociedad para construir una democracia mejor.
Lo que si debe quedar claro que estas reformas propuestas por la JCE, si es que tienen acogida en el Congreso Nacional, porque allí están anidados los políticos más delincuentes e inescrupulosos del sistema de partidos, deben ser aplicadas y no quedarse en letras muertas.
El país requiere cambiar el sistema electoral dominicano para que al cabo de algunos años en la nación se pueda hablar de una mejor democracia, lo cual necesariamente tiene que incluir el aumento de las penas para los partidos que se roban el dinero que debía utilizarse en educación y en otros asuntos que mejore la forma de hacer política en el país.
En hora buena!
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.