Se impone transparentar sistema electoral dominicano.

La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una propuesta de modificación de más de cien artículos de las leyes 15-19 y 33-18, cuyos aspectos constituyen una transformación de fondo de un elemento fundamental de la vida democrática del país.

Los aspectos que buscan ser tocados por esta reforma lucen muy saludables a partir de las distorsiones que se producen en cada proceso electoral, que abarcan desde violación de las leyes sobre la materia en lo que respecta a la igualdad de género y a otras cuestiones que dejan muy mal parado al Estado y a la sociedad dominicana.

Pero estos detalles, a pesar de que son muy importantes en función de los niveles de democratización que se dan en todo el planeta en materia electoral, tal vez no son tan vitales como los que se refieren a los fraudes que se cometen en cada proceso en la República Dominicana, porque se trata de un fenómeno que arropa toda la vida nacional.

De manera, que combatir un problema integral de la sociedad dominicana como es no respetar las normativas jurídicas en términos electorales, cuyas violaciones se expresan a través de la compra de votos y de otras bellaquerías que dañan mucho la democracia nacional, debe estar en el punto 1-A de la agenda nacional.

Las distorsiones, por ejemplo, en las elecciones del pasado año 2020 hablan muy claro de lo mal que anda la democracia dominicana, porque no sólo hubo compra de votos en plena vía pública, sino que también se produjeron falsificaciones de documentos para inscribir candidaturas que no correspondían, en cuyas conductas hubo participación de funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE).

Pero peor ocurrió con el comportamiento exhibido por todos los partidos, incluido el Revolucionario Moderno, en lo que respecta al manejo fraudulento con los fondos que proporciona el Estado a la Junta Central Electoral.

Es un asunto mucho más serio de lo que cualquiera pueda imaginar, ya que el problema no sólo ocurre en los partidos tradicionales, que ya tienen una cultura de hacer fraude y mal utilizar los fondos que provienen del pueblo dominicano para fortalecer la democracia, sino también de los pequeños, de izquierda y de derecha, que utilizan esos recursos para cuestiones personales porque no existe por parte de la JCE ninguna supervisión.

Hay partidos, sobre todo pequeños, que el dinero que da la JCE se lo reparten entre dos o tres directivos que falsifican documentos para justificar gastos que nunca han existido y viven como verdaderos potentados mediante el fraude y el engaño a la sociedad.

Por esta razón se impone que en estas modificaciones se aumenten las sanciones en contra de los ¨¨vividores¨¨ que mediante una doble moral, porque se la pasan pontificando por los medios de comunicación, reciban un castigo severo por apropiarse del dinero que proporciona la sociedad para construir una democracia mejor.

Lo que si debe quedar claro que estas reformas propuestas por la JCE, si es que tienen acogida en el Congreso Nacional, porque allí están anidados los políticos más delincuentes e inescrupulosos del sistema de partidos, deben ser aplicadas y no quedarse en letras muertas.

El país requiere cambiar el sistema electoral dominicano para que al cabo de algunos años en la nación  se pueda hablar de una mejor democracia, lo cual necesariamente tiene que incluir el aumento de las penas para los partidos que se roban el dinero que debía utilizarse en educación y en otros asuntos que mejore la forma de hacer política en el país.

En hora buena!