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¿Se inhibirá o se expone a recusacion presidente de Suprema en juicio Odebrecht?
Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se enfrenta hoy a un mandato que le impone la norma, el cual consiste en decidir si inhibirse o exponerse a la posibilidad de ser recusado en el proceso que se les sigue a los seis imputados en el juicio por US$92 millones pagados en sobornos por la constructora Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.
El artículo 78 del Código Procesal Penal establece de manera clara que “tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con cualquiera de las partes e intervinientes en un proceso”, es uno de los motivos para la inhibición o recusación de los jueces.
Esta nueva situación en el proceso judicial se prevé, luego de que salieran a la luz pública informaciones que ponen en evidencia los lazos de amistad y relación política que tuvo Luis Henry Molina, quien preside el pleno de jueces que conoce el caso Odebrecht y el senador Tommy Galán, imputado que mantiene el proceso anclado en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con los recortes periodísticos, el actual presidente de la Suprema y el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, trabajaron de manera conjunta en la campaña política del presidente Danilo Medina en el año 2016.
Los archivos indican que Molina fue el coordinador provincial de campaña en San Cristóbal, mientras que Galán fue una persona clave, además de candidato a senador en ese proceso electoral.
A pesar de lo que establece el Código, varios de los abogados de los imputados le tienen mucha consideración al presidente de la Suprema y han dicho que hasta el momento no han pensado en recusar.
Por ejemplo, el abogado Carlos Salcedo, quien defiende a Andrés Bautista, dijo que no han pensado en recusar a Molina. Pues “conociendo el nivel de integridad de Luis Henry, su nivel ético y su moral, pensamos que lo más seguro era que él iba a analizar esa situación a lo interno e iba a evaluar su inhibición”, comentó a Diario Libre.
El abogado José Miguel Minier, defensor de Ángel Rondón también expresó que no recusarán.
“No hemos pensado en recusar al magistrado presidente. Él es quien tiene que decidir si esto afecta su objetividad e imparcialidad”, expresó Minier.
Mientras que Ricardo Taveras, abogado de Galán, no quiso emitir opinión al respecto y dijo que prefiere esperar a ver cuál será la decisión que tome el presidente de la Suprema.
Con los demás abogados no se logró el contacto para recabar su opinión.
El presidente de Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno, consideró ayer que Luis Henry Molina debe inhibirse.
“Tratándose de la cabeza del Poder Judicial, nunca debió esperar que esta información se difundiera por los medios, sino que motu proprio, debió presentar su inhibición en el caso Odebrecht. Su presencia será un elemento contaminante del proceso, por sus vínculos políticos manifiestos en el partido gobernante y particularmente con la facción de Danilo Medina”, explicó Moreno.
Calificó de insólito el silencio del Ministerio Público ante la situación y manifestó que en un juicio real e independiente, ese organismo requeriría la inhibición del presidente de la Suprema a fin de evitar que el acusado Tommy Galán, sea juzgado por un juez “con manifiestos afectos y vínculos que ponen en tela de juicio su imparcialidad”, expresó Moreno en una comunicación.
Los abogados de los imputados han advertido al pleno de la Suprema que la audiencia pasada fue atropellante e inhumana. Solicitaron que se tomen medidas para evitar que la audiencia se prolongue como en la ocasión pasada.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.