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Se Masifica el Fraude y la Estafa a través de variedad de modalidades que retratan de cuerpo entero la sociedad.
Por Elba García
En la República Dominicana se observa que se consolida y se institucionaliza el fraude, la estafa y una variedad de hechos asociados a una cultura del engaño que convierte al país en un peligro para las transacciones comerciales y las inversiones de nacionales y extranjeros que reclaman una seguridad jurídica que todavía es un sueño.
Hace algún tiempo que alrededor de cinco mil médicos escogieron un examen de evaluación para hacer una sub-especialidad y solo ochenta lograron aprobarlo e igual ocurrió con el examen nacional único de residencias, el cual fue aprobado por sólo 1,862 para un 38 por ciento, mientras que los restantes 4,906 lo reprobaron, realidad que se traduce en una revelación muy importante que atraviesa la República Dominicana en lo que respecta a la formación de este profesional y de todos los demás que egresan de las universidades nacionales.
Cuando un médico no tiene la capacidad para tratar cualquier enfermedad y que no conoce ni los síntomas de la misma, constituye una amenaza para la vida de la gente, cuyo fenómeno no es exclusivo de la Medicina, sino también de otras carreras académicas como el Derecho, las ingenierías, entre otras.
Igual situación ocurrió con una cantidad de profesionales docentes que buscaban ocupar diferentes plazas de maestros, pero de 33 mil 69, el 73.86 por ciento no pudo pasar la prueba, lo que también evidencia la crisis que atraviesa la educación dominicana a todos los niveles, pero con el agravante de que siempre sale a la superficie algún tipo de fraude y también de estafa, porque colocan muchos de contrabando por razones politiqueras.
Lo mismo hemos visto con los estudiantes que se someten a las pruebas nacionales, cuya mayoría reprueba los exámenes a que son sometidos y se ha denunciado que los mismos son comercializados por responsables de ese tipo de evaluación, lo cual constituye una vergüenza nacional.
Otra variedad del fraude y la estafa tiene ver con embargos mobiliarios e inmobiliarios mediante la utilización de documentación falsa para la comisión de una estafa en la que juegan un papel importante abogados, alguaciles, notarios públicos, fiscales y jueces.
Este fraude convertido en estafa es a través de falsos títulos auténticos o ejecutorios, en cuyo proceso intervienen los mismos actores mencionados más arriba, sin que nadie pueda con eso, porque los actores del sistema de justicia tienen mucho que ver con este tipo de ilícito penal, es un gran dolor de la cabeza para la clase media y los que están colocados en la parte más baja de la pirámide social y económica.
Los fraudes y las estafas son encontradas en la sociedad dominicana con una variedad realmente impresionante, que abarcan desde la educación y todas las transacciones comerciales que se realizan en el territorio nacional.
Un ejemplo de la forma como se ha institucionalizado el fraude y la estafa en contra del ciudadano y del Estado, es que cuando en la República Dominicana se vende una propiedad inmobiliaria la gente hace dos actos de venta, uno con el valor real y otro con un monto muy por debajo para evadir la tributación que impone la Dirección Nacional de Impuestos Internos por concepto de la transferencia de la misma.
Este fraude y estafa en contra del Estado tiene su razón de ser en el hecho de que el ciudadano paga los impuestos por ser el producto de una ley del derecho público, es decir, que es obligatoria, pero generalmente lo hace bajo protesta porque el Estado no devuelve a la sociedad los ingresos que recibe por una obligación tributaria, sino que esos recursos terminan generalmente en los bolsillos de los políticos que tienen el control de la administración pública a través de la corrupción.
Sería muy prolijo hablar de todos y cada uno de los fraudes para estafar a ciudadanos y al Estado, porque la variedad es muy grande, pero lo más importante es que en la República Dominicana se ha desarrollado una cultura del fraude y de la estafa.
Ahora el caso más reciente de fraude y de estafa ha sido la gran cantidad de ciudadanos que aparece con multas de transito que nunca ha manejado ni una bicicleta, pero que todo parece indicar que se trata de una orden dada a los agentes de tránsito del país para que cometan semejante abuso.
Lo grave del problema es que luego de una serie de denuncias al respecto, las multas falsas han aumentado en un 12 por ciento, lo cual quiere decir que en la República Dominicana ya nada importa y que ni un poder fáctico como los medios de comunicación tienen la capacidad de modificar conductas como pasaba hace algunas décadas.
En realidad se trata de otra República Dominicana, donde el fenómeno del fraude y la estafa son partes del diario vivir del ciudadano y el funcionario estatal, cuya generalización constituye una negación de la tendencia que debe tener cualquier democracia para consolidarse y blindar la inversión pública y privada, tanto de extranjeros como nacionales, para que al cabo del tiempo disfrutar de una economía transparente, fuerte y vigorosa.
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Debates de proyecto para regular candidaturas independientes parece ser escenario sólo para partidos políticos.
El Pleno de la Junta Central Electoral ha invitado a los partidos políticos a plantear sus posiciones en contra de las candidaturas independientes, cuyo escenario también debe ser abierto para todas las personalidades y organizaciones que defienden esta figura jurídica.
Hasta el momento ha prevalecido en los medios de comunicación la posición de la llamada partidocracia, pero a partir de los debates convocados por la JCE es muy importante que se escuchen las voces que entienden que las candidaturas independientes hacen más participativa la democracia nacional y que a través de ellas se crea otra vía para que los ciudadanos se acojan al derecho de elegir y ser elegible.
Los debates al respecto permitirán que se escuchen las voces de los que entienden que los partidos políticos son los responsables de la gran desgracia de la democracia dominicana, cuya corrupción administrativa lacera todo el sistema institucional de la nación.
Aunque las candidaturas independientes no sean necesariamente la panacea a un problema histórico y cultural, porque a través de ellas se pueden colar personajes del bajo mundo, lo cual ya se produce hace mucho tiempo a través de los partidos políticos del país, pero por lo menos representa una opción diferente a lo que siempre está presente en el escenario electoral.
El debate de esta figura, que llevó al Tribunal Constitucional a emitir la sentencia numero TC/0788/2e, lo que provocó la anulación de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, ha abierto la posibilidad de que cualquier persona con las condiciones para aspirar a un puesto de elección popular no tenga que adherirse a los grupos mafiosos que operan a lo interno de los partidos políticos y tampoco pagar un millón de pesos para presentar una candidatura presidencial como tienen de requisito las principales organizaciones del país.
Una multiplicidad de voces de diferentes sectores de la vida nacional ha satanizado la sentencia del TC bajo el argumento de que la misma socava la fortaleza de los partidos políticos, pese a que trata de todo contrario.
Entre las organizaciones que han solicitado ser incorporadas al debate del proyecto de reglamento que contempla someter al Congreso Nacional la Junta Central Electoral están el Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI), el cual está conformado por una serie de profesionales de diferentes ramas de las ciencias.
Entre ellos se encuentran el creador del proyecto de acción de inconstitucionalidad ante el TC, licenciado Alberto Fiallo Billini, el doctor Isaías Ramos, Edgar Paniagua Miguel, licenciado Elba García Hernández, el licenciado Domingo Suarez Sabés y el doctor José Antonio Cabral Salcedo.
Otras organizaciones sin fines de lucro que han solicitado ser incorporadas a los debates sobre el reglamento de las candidaturas independientes son el Foro Cívico y Social y la Fundación Grupo Nacional Azul (Fungrana).
La sentencia del Tribunal Constitucional ha revivido una figura jurídica que tiene décadas en el sistema electoral dominicano, pero que nadie se había interesado en ponerla en vigencia para buscar una respuesta a una serie de partidos políticos que sólo representan la negación de una democracia con transparencia y no corrupta.
La llamada partidocracia sólo ha servido hasta los actuales momentos para sustraer el patrimonio nacional a través del control del Estado y de auto asignarse mediante el Congreso Nacional de grandes cantidades de miles de millones de pesos que nadie sabe a cuáles bolsillos van.
En la República Dominicana los partidos han logrado imponer una serie de antivalores por lo que ninguna persona seria y honesta quiere hacer vida política porque la primera condición para ello es que se defienda lo indefendible.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes ya trabaja para impartir conferencias en todo el territorio nacional, así como en las universidades y en otros lugares de concentración de personas para dejar claro el alcance que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
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El abuso de poder, la componenda y la perversidad política en su mayor expresión en el municipio de San José de las Matas
Hace algunos días que en el municipio de San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la alcaldesa de allí cuando varios desconocidos en horas de la noche atacaron la residencia de ésta y un vehículo de su propiedad.
En el ataque no hubo heridos ni daños de consideración y el mismo provocó un proceso de investigación que también revela hasta dónde el Ministerio Público cada día actúa en detrimento de su propia credibilidad.
Los acusados del acto criminal en contra de la referida dama ya están bajo custodia policial, pero en el proceso han ocurrido una serie de hechos que dejan lo suficientemente claro que la República Dominicana atraviesa por una verdadera crisis ético-moral a nivel de todas las instancias del Estado.
Lo primero es que el principal sospechoso del atentado, el cual está adornado con la figura del sicariato, de nombre Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), ha sido acusado sobre la base de que se ha establecido que fue quien prestó el vehículo en que se movilizaban los supuestos responsables de los hechos.
Este hombre ya ha ofrecido sus declaraciones en el interrogatorio hecho por el Ministerio Público, el cual resulta altamente contradictorio, porque revela una serie de detalles de los hechos que parecen ser el resultado de las alegadas fuertes torturas físicas que ha recibido por parte de la Policía Nacional para que diga lo que los funcionarios del órgano persecutor del crimen y el delito quieren escuchar y que se inscriban en el contexto de lo que el alcalde de Sajoma busca lograr.
Sin embargo, lo más grave del expediente presentado es que acusan al regidor del referido municipio, Brayan Enmanuel Collado, de ser el autor intelectual y en esa virtud aparece en el caso como prófugo de la justicia, lo que lo ha llevado a éste a presentarse en no menos de cuatro veces ante los fiscales que investigan el caso para que sea investigado al respecto, pero éstos se han negado.
El legislador municipal, quien es estudiante de ingeniería civil de la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) y reconocido empresario inmobiliario y del sector de las remesas de la mano de su padre en el municipio de San José de las Matas, así como el poseedor del más alto crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorros y Créditos San José, el cual asciende a cerca de cien millones de pesos, fue el más votado en las pasadas elecciones municipales en Sajoma.
El caso mientras pasan las horas toma un color que desmiente todo lo que ha plasmado en el expediente el Ministerio Público, el cual aparece sin la fuerza que demanda la presentación, principalmente, de una medida de coerción en contra de cualquier imputado.
El atentado parece tornarse como una auto agresión patrocinada por el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, para sacar de circulación al regidor Brayan Collado en razón de que éste inició una ofensiva de denuncias en contra de una serie de irregularidades que ocurren en el ayuntamiento de Sajoma.
La audacia del regidor ha llegado tan lejos que en algún momento se atrevió a decir que aspiraría en el 2028 a la alcaldía de San José de las Matas, donde parece tener algún apoyo social y político.
Esas intenciones de Collado, un joven de unos unos 29 años, fue motivo de preocupación para el actual incumbente del cargo, quien en la actualidad desarrolla su segundo periodo al frente del ayuntamiento, pero que además ha creado una especie de dinastía en la zona de La Sierra, que incluye a su mujer como alcaldesa del Distrito Municipal de El Rubio y de igual modo financia a los que ocupan el mismo puesto en La Cuesta y en Las Placetas, todos pertenecientes al municipio de San José de las Matas.
Este alcalde, que de acuerdo a lo que se ha podido comprobar, paga hasta seis mil pesos por un voto para mantenerse en el cargo, controla personalmente la Sala Capitular del municipio, cuyos regidores no se atreven ni a pedir cuentas de los ingresos y egresos del cabildo.
Carta enviada por el regidor Collado a la alcaldía de Sajoma.
La confrontación entre el alcalde y el regidor Brayan Collado tomó un giro más preocupante cuando el edil le envió una carta al ejecutivo municipal en la que le anunciaba que presentaría una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo por éste manejar en favor de sus intereses grupales las propiedades que tiene la corporación edilicia en Sajoma, algunas de las cuales fueron otorgadas sin la introducción de esos contratos de arrendamientos en la Sala Capitular, que es la tiene la facultad de aprobarlos o rechazarlos.
Continuación de la carta.
Un total de 185 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento fueron identificados en un levantamiento al respecto y los mismos los controla de manera personal el alcalde, quien, además, maneja sin transparencia la compra de combustibles y el pago de las nóminas de las brigadas que trabajan al servicio de la alcaldía en el principal municipio de La Sierra.
El alcalde Reyes también recibe varios millones de pesos mensuales por concepto de renta de equipos pesados al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual renunció el regidor muchos días antes de la ocurrencia de los hechos en los que se le involucra.
Respuesta del ayuntamiento de Sajoma a carta del regidor
El atentado, en el que el regidor aparece como supuesto autor intelectual, se ha tornado complicado para que quienes lo concibieron en virtud de que el último de los interrogados por el Ministerio Público, ha dicho que lo ocurrido obedece a un problema de falda, lo cual, de antemano, descarta la teoría de los fiscales que trabajan en el caso, ya que el último imputado del supuesto atentado también dice desconocer al joven Collado.
Otro elemento que parece complicar más el caso es cómo se han presentado los hechos, ya que ha trascendido que la persona que entrega al principal imputado del hecho, Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), es el alcalde Alfredo Reyes, quien incluso, según una fuente de entero crédito, le puso un abogado a éste, lo cual resulta contradictorio en razón de que ello sólo puede ocurrir si tratara de un auto atentado para inculpar al regidor.
El asunto se ha tornado sumamente preocupante porque el poder económico del alcalde ha permitido que la gente esté llena de miedo para enfrentarlo, sobre todo porque el cabildo se maneja como si San José de las Matas estuviera dirigido por un “Trujillito” o cacique que entiende que la institución pública es un patrimonio personal.
El poder acumulado en La Sierra por el referido ejecutivo municipal ha llegado al nivel que uno de los diputados de la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago, Braulio Espinal, cuya curul fue pasada a éste por el alcalde Reyes, es un títere puesto y totalmente controlado por el cacique y por su grupo, cuyo sueldo, según lo que ha circulado, debe entregárselo a su jefe político.
El atentado en contra de la vicealcaldesa, quien tiene vínculos muy estrechos con el alcalde, ya que fue él quien la colocó en el cargo, presenta una situación que explica el corrompimiento del Ministerio Público, dado que los abogados apoderados del regidor se han presentado en no menos de cuatro veces con el imputado para someterse al interrogatorio que disponga el órgano y los fiscales que investigan el caso se han negado a recibirlo, pese a que aparece en el expediente como prófugo por supuestamente ser el autor intelectual del atentado.
Tanto es así, que este jueves se celebró en la sala de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal inculpado del atentado y a la misma se presentó el regidor Collado con sus abogados con la intención de accionar en contra del expediente instrumentado por el Ministerio Público, pero la jueza de ese tribunal dijo que no era posible conocer su caso por razones procesales, ya que Ministerio Público sólo había presentado expediente en contra de Gabriel Rodríguez Góris (El Chino).
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El órgano responsable de combatir el crimen y el delito convertido en promotor y violador de derechos.
Por Elba García
Ante la inminencia de la escogencia de un nuevo procurador general de la Republica, el país no cuenta con la más mínima garantía ante el creciente deterioro moral, ético e institucional del órgano «persecutor» del crimen y el delito, el cual en vez de cumplir con su misión promueve esos flagelos y pone en peligro el Estado de Derecho.
A pesar de que se trata de un problema sistémico, pero en los actuales momentos la gente se ha creado alguna expectativa con quien sea escogido para el cargo, lo cual implica un compromiso muy serio frente al reto de recuperar el Estado de Derecho, ya que la mayoría de querellas y denuncias que se presentan en este órgano del Estado tienen como destino las gavetas de las oficinas donde opera.
Es una situación de alta peligrosidad en razón de que parece no haber muchas posibilidades de que el fenómeno pueda ser contrarrestado, ya que lo que se ve es que nadie quiere afrontar el problema con la seriedad que amerita.
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de aprobar el reglamento para la escogencia del nuevo Procurador General de la República en sustitución de Miriam German Brito, quien no parece tener todo el control del Ministerio Público, ya que hasta para la sanción de cualquier funcionario de este órgano debe conocerse primero en el Consejo que lo gobierna.
La situación del Ministerio Público representa uno de los principales retos de la sociedad dominicana, ya que la gran mayoría de los fiscales están comprometidos con causas que no son precisamente el combate del crimen y el delito.
Se ha observado que algunos de ellos ponen mucho empeño en los casos con una gran importancia mediática como una forma de proyectar una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La situación se complica con el apoyo que recibe el fiscal comprometido con lo peor por parte de tribunales nacionales, sobre todo a nivel de los jueces de instrucción y administrativo, cuyos fallos al respecto dejan ver que prácticamente todo está perdido.
En realidad, la sociedad dominicana está desamparada por los órganos del Estado que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad pública y ciudadana, cuyo desempeño es desastroso y preocupante.
Ahora mismo el peor referente de lo mal que está el Estado dominicano es el Ministerio Público, el cual tiene un nivel de descomposición que no deja ninguna posibilidad de que la situación pueda ser corregida.
Sólo falta ver cuál es el curso de ese órgano del Estado, el cual es un instrumento vital para recomponer lo mal que está el país, porque éste en vez de ser un persecutor de lo mal hecho, lo estimula y le sirve de soporte frente a las víctimas que claman por justicia en todo el territorio nacional.