Nacionales
Se profundizan diferencias entre la Procuraduría y la Policía Nacional
SANTO DOMINGO. Las críticas al sistema de investigación acentuaron ayer las diferencias entre la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía Nacional.
Ayer, el procurador Francisco Domínguez Brito renovó sus cuestionamientos, y fue más lejos, al declarar inadmisible la utilización de métodos de tortura para sacar confesiones a imputados de crímenes y delitos.
Mientras que el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, desligó a la institución de que delincuentes detenidos estén hoy en libertad.
Domínguez Brito abogó porque el método de investigación policial no sea darle un tiro en las rodillas a un imputado, porque esa etapa fue superada. «Que a nadie se le ocurra, a ningún policía se le ocurra, y que no permitamos nunca, ponerle una plancha en el pie a un imputado para obtener una declaración, porque esa no es la sociedad dominicana, porque eso no es lo que manda la Constitución».
El funcionario planteó que el gobierno tiene un compromiso con los derechos humanos, en la lucha contra el crimen y darle a la sociedad lo que merece, que es la paz.
Observó que no quiere polemizar, sino que la posición como gobierno es buscar una policía más eficiente, para lo cual está trabajando. «Queremos una policía más técnica, y vamos a trabajar para ello, queremos profesionalidad en el sistema de acceso y de contratación de la policía». También abogó por un sistema de capacitación.
Afirmó que aspira a que no existan sólo policías de investigación que no hayan sido egresados de la academia policial, bachilleres y con cuatro años de academia.
«Que la academia policial en materia investigativa no sean solo cursos de derecho y sean abogados, sino especialistas en investigación», señaló.
El Jefe PN
En tanto, el jefe de la Policía Nacional argumentó que a pesar de que los policías tienen sueldos muy bajos, trabajan con el corazón las 24 horas del día para llevarle tranquilidad y paz a la ciudadanía.
Dijo que la uniformada ha sido mal valorada por distintos sectores, y se ha creado una errónea percepción de que es la única responsable de la seguridad.
Asimismo, que durante los últimos años han logrado grandes avances tecnológicos, capacitación de personal y adquirir herramientas que le capacitan para enfrentar la criminalidad y la inseguridad.
Señala que esa apreciación se agudiza cuando ciudadanos autorizados critican y señalan deficiencias de la función de la Policía.
Profilaxis
Castro Castillo declaró que la institución que dirige es la única que constantemente hace profilaxis dentro de sus filas, y puso como ejemplo que en tan sólo un año ha expulsado a 3,208 agentes como muestra del esfuerzo que están haciendo.
Dijo que en la actualidad se ha destinado una inversión de recursos, «nunca realizada a lo interno de la institución, con el interés de acelerar el proceso de reforma y modernización de la Policía».
Detención de «Cristian Matatán»trajo tranquilidad
San Cristóbal. Comerciantes y residentes de esta provincia coincidieron que tras el apresamiento del presunto narcotraficante Cristian Pozo (Cristian Matatán) aquí se respira un aire de tranquilidad.
En tanto, un oficial de la Policía que pidió reservas de su nombre dijo que Cristian «sonsacó» a once policías, tres de ellos oficiales para que cuidaran sus operaciones.
El comerciante Fausto Rodríguez Almonte alega que esta banda, la que llamó poderosa y temible, obligaba a muchos comerciantes de barrios marginados a pagarle para cuidarlos de los ladrones y atracadores y ese cobro lo hacían semanal.
En tanto, la profesora Martina Rosario dijo que Cristian se tornaba una persona buena y muy respetuosa, «pero una vez discutimos, porque quería poner un punto de venta de droga al lado del liceo donde imparto docencia».
Residentes de barrios Lava Pies, Jeringa y Madre Vieja Sur, dijeron que ahora están más tranquilos y se sienten más seguros una vez la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a «Cristian Matatán», sindicado como el más grande narco de aquí.
«El matatan»
El Procurador manifestó que se está investigando informaciones concretas de que gente asociada a «Cristian el Matatán» supuestamente recibía RD$6 millones todas las semanas, para comprar complicidades entre personas que tenían que perseguirlo.
Deploró que quienes deben perseguir el crimen se conviertan en sus aliados.
Domínguez Brito indicó que fiscales tuvieron problemas en esa fiscalía por esa conducta.
Advirtió que si los encargados de combatir el crimen se asocian al mismo, no se logrará ningún resultado.
PUNTA CANA. – Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo a los gobiernos municipales para seguir elevando las condiciones de vida de todos los dominicanos.
Al intervenir en la vigésimo tercera Asamblea General de Municipios 2024, dijo que mantiene las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta con todos las alcaldías para que las políticas y servicios públicos lleguen con calidad.
Para este segundo mandato, dijo: “vamos a superar los cuatro años pasados y vamos a tener más obras, más resultados y más satisfacción de la gente en cada uno de los municipios”.
El Jefe de Estado adelantó que para finales de este 2024 o principios de 2025 se presentarán propuestas para el aumento de los ingresos municipales y aportes especiales para la ejecución de obras demandadas en sus territorios.
Asimismo, indicó que antes del próximo 27 de febrero espera se apruebe en el Congreso Nacional la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales como un acto de justicia social para el sustento de quienes dedican su vida al servicio de sus comunidades.
Otra disposición es la instrucción al Ministerio Administrativo de la Presidencia para crear una estructura de contacto, supervisión y coordinación junto a la Liga Municipal Dominicana que permita reforzar el apoyo para que estas instituciones puedan realizar cada día una labor más eficiente.
SEIS MIL MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS EN 4 AÑOS
De su lado, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, presentó un recuento de las ejecutorias logradas en favor de los ciudadanos y empleados municipales, destacando la eliminación de vertederos de cielo abierto y el destino de RD$ 6 mil millones en estos cuatro años en infraestructuras básicas como aceras, contenes, vías asfaltadas, cementerios, funerarias, mercados y mataderos.
Asimismo, dijo que presentó una reforma al artículo 21 de la ley 176-07 respecto a los porcentajes para el destino de los fondos; se elaboró el proyecto para la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales.
Señaló también que se pondrá en marcha el cobro de la tasa por servicio de manejo de residuos sólidos a través de la factura eléctrica; la integración al SIGEF, avanzado así en la transparencia de sus procesos y el pago de incentivos al buen desempeño municipal.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional es escenario de un gran debate sobre la reforma del Código de Trabajo, cuya medida implica una confrontación entre empresarios y trabajadores.
El proyecto entregado por el Poder Ejecutivo al Senado de la República pretende actualizar la Ley 16-92, que fue promulgada en el año 1992, hace 32 años, agregando nuevas modalidades laborales y fortaleciendo el marco regulatorio del país.
Sin embargo, el principal tema de discusión es la cesantía laboral, ya que mientras el sector empresarial solicita desde hace años una revisión para modificarla, los empleados y las centrales sindicales demandan lo contrario, asegurando que este es un derecho adquirido de los asalariados dominicanos que no debe ser perjudicado.
La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.
Así lo dicta el artículo 80 de la ley, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.
Mientras que para quienes hayan cumplido con su labor entre seis meses y un año, la norma jurídica ordena el pago de 13 días de sueldo.
Por último, en el caso de quienes tengan más de cinco años, la pieza legislativa vigente dispone una indemnización de 23 días de salarios, de igual forma, por cada año.
Según el artículo 86, las compensaciones económicas deben ser pagadas al trabajador en un plazo de diez días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. Cuando ocurra un incumplimiento, el empleador debe adicionar el pago de un día del salario por cada día de retraso.
Temor y preocupación
La pieza elaborada por el Ministerio de Trabajo no pretende afectar el artículo de la Cesantía, debido a que este tema no pudo ser consensuado por el sector tripartito (Gobierno, empresarios y empleados). Esto, a pesar de los más de 100 encuentros en los que participaron estas tres representaciones de la sociedad.
Sin importar las garantías que ofrece el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, asegurando que la intención del tren gubernamental no es adicionar o modificar algún artículo, el cual no haya sido acordado en los diálogos, iniciados en 2022.
Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, cuentan con total soberanía por conformar al Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, para decidir finalmente los proyectos de ley que se aprueban o pasan a ser rechazados. Y, precisamente, así lo entienden los sindicalistas.
Es por eso que el pasado jueves, al visitar la comisión especial del Senado que estudia el proyecto, las cuatro principales Centrales Sindicales manifestaron temor y preocupación ante la existencia de esa posibilidad.
Sin importar la incertidumbre que puedan tener, El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, fungió como vocero de otras tres entidades que estaban presentes para reiterar su rechazo al pedimento de la clase empresarial.
Al finalizar, Abreu expresó tener esperanza de que los congresistas de ambas cámaras cumplirán con mantener la cesantía intacta.
“Tenemos fe en que va a ser cumplido. De este hemiciclo, de esta cámara alta, no va a salir una propuesta que incluya la cesantía laboral. Esa es la fe que tenemos nosotros”, dijo Abreu. Momentos antes se escuchaba desde las afueras del salón de reuniones en el Senado al senador Antonio Marte pedir confianza en la voluntad de los congresistas.
¿Seguridad social?
Mientras tanto, hay legisladores que consideran oportuno colocar la discusión sobre la cesantía dentro de la reforma a la Ley 87-01 de la Seguridad Social, la cual es parte de las 12 transformaciones legislativas anunciadas el pasado 6 de junio por la Presidencia.
“Si en la mesa tripartita no se acordó tocar la cesantía. Pues no se puede tocar… Como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y senador de La Vega, entiendo que ese tema debe abordarse al discutirse la reforma de la Seguridad Social”, afirmó el pasado viernes el representante Rogelio Genao, quien comparte la misma declaración de otros senadores que, incluso, pertenecen a la comisión especial.
Genao entiende que una solución podría ser establecer dentro de la Ley 87-01 un seguro de desempleo. A esta visión también se une la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), quien publicó un comunicado el 22 de julio para pedir la exclusión de la cesantía.
“Profundizar el diálogo”
Por otro lado, una de las grandes agrupaciones empresariales, el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), reiteró el pasado viernes su compromiso con el bienestar de los trabajadores. No obstante, el presidente, Celso Juan Marranzini, espera que el Senado sirva de espacio para que se profundice el diálogo.
“Quieren forzar una discusión en el Congreso donde ya se abortó, no se logró consenso en la mesa tripartita”, esta fue la respuesta de Genao ante las declaraciones de los empresarios.
Tiempo de discusión
Este proyecto podrá permanecer, de manera vigente, durante dos legislaturas en el órgano legislativo, de acuerdo con lo fijado en el reglamento. Por lo que quedará en manos de los congresistas si finalmente este apartado será modificado en los próximos o cuando sea desarrollada la evolución en la Ley de Seguridad Social.
Santo Domingo, R.D.-Sigue causando sorpresa a muchos dominicanos la solicitud de la cédula de identidad en los chequeos de migración de los diferentes aeropuertos, entendiendo que para este filtro solo es necesaria la documentación del pasaporte y que lo contrario es un “fastidio burocrático”.
Sin embargo, la intención es impedir la salida de militares que están llamados a honrar su asignación en un puesto, por lo cual incurren en violaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 219, ordena a los miembros requerir autorización para vacaciones, licencias o permisos a disfrutar en el extranjero.
Esta medida fue a solicitud del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, que en una carta enviada al director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, le demanda fortalecer el control migratorio respecto a uniformados que “pretendan viajar al extranjero por los diferentes puertos y aeropuertos del país, sin la autorización correspondiente”.
La carta integra mediante la que Fernández Onofre se dirige a Lee Ballester, en fecha 22 de octubre del 2024. Listín Diario tuvo acceso a la comunicación. Fuente Externa
Los filtros implementados terminaron en una sanción disciplinaria contra un cabo, consistente en veintiún días de encierro a cumplirse en la cárcel de alistados de su estación, luego de intentar abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas con destino a San Juan, Puerto Rico.
Este no contaba con el permiso correspondiente, cometiendo una violación a lo dictado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, sobre las vacaciones, licencias o permisos en el extranjero, establece que los miembros “requerirán la autorización del ministro de Defensa”.