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Se repite historia de irresponsabilidad en el Distrito Judicial de Santiago que deja secuela de luto y dolor.
Es poco lo que se hablado sobre la inexistencia del Estado cuando la gente se aparta de la capital dominicana, cuyo buen ejemplo lo constituye la segunda ciudad en importancia del país, donde el Distrito Judicial de Santiago se ha convertido en un verdadero promotor de la impunidad e incluso de la vía de hecho, porque una cosa trae la otra.
Las sentencias medalaganarias de los jueces de los diferentes tribunales que operan en el Palacio de Justicia de Santiago, hace que se entienda que no hay denuncia que valga o que cambie el curso de la evidente incapacidad, negligencia o complicidad de muchos jueces y fiscales que se prestan, incluso, a interpretar caprichosamente los casos que llegan a su poder.
El asunto abarca desde lo civil hasta lo penal y cuyas sentencias son emitidas en función del deseo de la voluntad y los compromisos de los jueces, las cuales son evacuadas años después de ser interpuestas, lo cual se constituye en una denegación de justicia, del debido proceso e incluso de la tutela judicial que consigna la Constitución.
En el Distrito Judicial de Santiago los referimientos y los recursos de amparos son tratados como si fueran recursos convencionales o no prioritarios, cuyos fallos, muchas veces, se toman hasta varias años en violación de los mandatos de la ley al respecto.
El problema ha llegado a unos niveles, que prácticamente, por lo menos en el Distrito Judicial de Santiago, no existe el estado de derecho y la justicia ha perdido tanto el respeto de los ciudadanos que cualquiera que haya resultado lesionado en su dignidad o que haya perdido bienes materiales no piensa en una demanda en daèos y perjuicios porque los jueces sencillamente no le dan ninguna importancia a la misma y generalmente la fallan en contra sin importar la existencia de las pruebas.
El caso de Licey al Medio, donde ha explotado una planta de gas de la compañía Coopegas, que ha dejado hasta el momento unos 13 muertos, ha sido una tragedia que en realidad se pudo evitar si el juez que conoció el caso hubiera actuado como manda la ley, ya que se había establecido que la misma violaba el ordenamiento jurídico sobre la materia y que constituía un gran peligro por operar en una zona donde viven miles de personas.
La tragedia, en la que han muerto niños, mujeres y personas mayores, parece que no tendrá la consecuencia que debía tener si se mide por la impunidad en que ha operado la planta de gas que hoy ha dejado una estela de luto y de dolor en la comunidad de Licey al Medio de la provincia de Santiago.
Sin embargo, nadie se focaliza en la conducta de los que se suponen que deben velar por la seguridad en las comunidades mediante el sistema de justicia y habría que referirse necesariamente a los jueces que la gente se pregunta cómo llegan a sus posiciones si regularmente exhiben un nivel de incapacidad, complicidad y de negligencia que causan grandes daños a la sociedad.
No hay recursos que valga frente a unos jueces que parecen haber sido nombrados como tales por amiguismo o como parte de la cadena de corrupción que se inicia en el Palacio Nacional, entra a un amplio segmento del empresario, pasa por los medios de comunicación y entonces se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
El recurso de amparo negado por un juez del Distrito Judicial de la provincia de Santiago ha sido la razón de que muchas familias hayan perdido a sus hijos sin que exista la posibilidad de que se imponga la ley, cuyo detalle habla claro de la situación de impunidad que vive la República Dominicana.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.