Todavía no se logra entender el manejo de la mayoría de los casos por parte del Ministerio Público, cuyo órgano del Estado tiene la sagrada misión de perseguir el crimen y el delito, pero que en los actuales momentos está al servicio de todo lo que está al margen de las leyes, porque no se sabe quién ha bajado la línea de que no sea vean los ilícitos penales.
Lo peligroso del fenómeno es que abarca todo el territorio nacional, cuyas víctimas, principalmente en lo que respecta a violencia de género, no han tenido derecho a la tutela judicial como manda el artículo 69 de la Constitución de la República, sino también en torno a los crímenes y delitos que cuentan como principales aliados a fiscales y jueces y otros actores del Ministerio Público y de la judicatura nacional.
Naturalmente, lo que más sale a la superficie es la violación de la ley por parte del Ministerio Público y la judicatura en lo que respecta a los asesinatos de mujeres por parte de hombres, pero lo que pasa en otros aspectos de la administración de justicia prácticamente se maneja, podría decirse, subterráneamente, pero que no deja de impactar muy peligrosamente la sociedad, porque la conducta de fiscales y jueces envía el meta mensaje de que la víctima recurra a la vía de hecho.
La gente no se imagina lo que ocurre, por ejemplo, en lo que respecta a los embargos mobiliarios e inmobiliarios con documentación falsa y en violación del derecho procesal constitucional, principalmente por parte del Ministerio Público.
La modalidad más usados por el Ministerio Público es el envío a archivo definitivo, lo cual libera al violador de la ley del delito o el crimen cometido, pero la otra opción que tienen los miembros del órgano del Estado encargado de la persecución de los ilícitos penales es cansar a la victima con pedido de asistencia a su sede para en realidad no hacer nada y al final alegar que la querella o denuncia fue abandonada por el querellante.
Nadie debe tener la menor duda de que murió el estado de derecho como consecuencia del colapso del sistema o sencillamente porque el Estado parece haber entrado en un nivel de enfermedad y de cansancio que ya muy poco importa que en el país haya un régimen de consecuencia.
Toda la explicación del fenómeno podría ser, que lo ha planteado este medio de comunicación en una diversidad de veces, por un problema de negligencia, ineptitud o complicidad por parte del Ministerio Público e incluso de la misma judicatura.
En el sistema se observa también una capacidad muy pobre para interpretar correctamente los mandatos de la ley, lo cual abre o da la oportunidad de poner en peligro el estado de derecho tal vez sin darse cuenta del impacto que tiene una decisión a nivel de la armonía y la convivencia nacional.
El fenómeno abordado en este trabajo ya hace crisis en el Distrito Judicial de Santiago, donde delincuentes comparten y tienen una gran empatía con jueces, fiscales y alguaciles y ni qué decir con los actores que no están en la parte más importante de la escala jerárquica de la judicatura y del Ministerio Público.
Tanto es así, que cualquier fiscal o juez plantea un contrasentido jurídico y nadie se sorprende y en muchos de los actores del sistema de justicia lo ven como normal y lógico, fruto, naturalmente, de la pobreza de formación profesional con que egresan una gran cantidad de profesionales del derecho y cuando no por tener vínculos con lo mal hecho.
El sistema de justicia en la República Dominicana ha colapsado en la parte más importante de lo que es el régimen de consecuencia, porque los demás serían la vía de hecho y lo ético y moral, que ya importan muy poco en una sociedad donde lo que más se valora es el dinero, que para conseguirlo no importa que haya que cortarle la cabeza al vecino.