Santo Domingo, R.D.-Raymundo Mejía,  juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el auto de apertura a juicio en contra de Antonio y Maribel Espaillat dispuso la inmovilización de los bienes por un monto hasta de 500 millones de pesos.

El tribunal aceptó la inclusión de los terceros civilmente demandados y sus elementos probatorios.

Durante la lectura del fallo, el tribunal declaró admisibles las querellas y constituciones en actores civiles que cumplieron con los requisitos legales, enviando sus respectivos medios de prueba a la fase de juicio para su debida valoración.

El magistrado Raymundo Mejía admitió en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público (testimoniales, periciales, documentales y materiales), así como las pruebas de la defensa, al considerar que cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad.

En el aspecto de la medida cautelar, el tribunal decidió mantener las medidas de coerción vigentes contra los encartados, por considerarlas proporcionales y suficientes para garantizar su presencia en el proceso. Estas consisten en una garantía económica de 50 millones de pesos a cada uno, impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 de cada mes.

De igual forma, el juez ratificó las órdenes de inmovilización de fondos y secuestro de bienes previamente dictadas contra los imputados.

Como novedad para asegurar la eventual reparación de los daños y perjuicios, el tribunal acogió la solicitud de medidas conservatorias, imponiendo un embargo conservatorio y retentivo, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes muebles, inmuebles, activos y valores tanto de los imputados como de las empresas y terceros civilmente demandados.

El tribunal ordenó la remisión inmediata del expediente completo al tribunal de juicio correspondiente.

Las partes de este proceso quedaron formalmente convocadas a comparecer ante dicho tribunal de juicio en un plazo de cinco días a partir de la entrega íntegra del fallo para hacer valer sus derechos, momento en el cual también comenzarán a correr los plazos legales correspondientes.

Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público, calificó como «apegada a derecho» la decisión del magistrado Raymundo Mejía de enviar a juicio de fondo a los imputados a Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set.

Respaldada la acusación y asegurados 500 millones de pesos Camacho subrayó el respaldo que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó a la teoría del caso presentada por el órgano persecutor.

«La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público, y no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a nuestra acusación», puntualizó el magistrado.

Asimismo, el procurador adjunto destacó una importante victoria en el plano civil que busca dar tranquilidad económica a los familiares de las víctimas directas ante el inminente juicio de fondo:

Sostuvo que el tribunal impuso de manera consorcial la inmovilización de bienes por un monto de 500 millones de pesos.

Peritaje internacional confirma negligencia e imprudencia

Al ser cuestionado sobre la decisión del tribunal de admitir el informe pericial de la defensa para el juicio de fondo, Wilson Camacho se mostró completamente confiado en la solidez de sus evidencias científicas.

El director de persecución recordó que, desde el «momento uno», las autoridades agotaron todos los recursos legales para esclarecer el colapso. Para ello, el Ministerio Público ordenó un exhaustivo peritaje que contó con la participación de un perito internacional con el objetivo de reconstruir de forma irrefutable cómo ocurrieron los hechos.

Según Camacho, ambos peritajes —tanto el de la fiscalía como el de los acusados— coinciden inequívocamente en que la culpa del colapso estructural de la discoteca Jet Set recae sobre los hombros de los dos acusados.

Un dolor en el alma dominicana

Indicó que, en el auto de apertura a juicio, el Ministerio Público se moviliza hacia la siguiente etapa del proceso penal con un único norte: obtener justicia ante una de las peores tragedias de negligencia estructural registradas en la ciudad.

«Hay que recordar que este es un caso sobre el que no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano”, adujo.

Manifestó que el tribunal ha acogido estos hechos, “nos ha enviado a juicio y ahora pretendemos ir a juicio de fondo a buscar el máximo que permite la ley de penas en este tipo de casos. Vamos al juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron», concluyó Camacho.

Santo Domingo.- Raymundo Mejía,  juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.

El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.

Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.

A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.

El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.