Economía
Sector construcción pierde impulso tras década de expansión sostenida
El empleo informal domina la actividad y la inversión privada muestra signos de desaceleración
Santo Domingo, R.D.-El sector construcción fue, durante la década 2014-2023, uno de los más dinámicos de la economía dominicana, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8.3 %, por encima del promedio nacional de 5 %.
Esta actividad no solo tuvo un impacto decisivo en el producto interno bruto (PIB), sino también en la generación de empleo, con una participación promedio de 7.9 % en el total de ocupados del país, la mayoría en condiciones de informalidad. Su desempeño estuvo directamente vinculado a las inversiones públicas y privadas, en particular aquellas orientadas a infraestructura de transporte, turismo y vivienda.
En 2022, el valor agregado del sector representó el 15.2 % del PIB, reduciéndose ligeramente a 14.7 % en 2023, lo que aún lo mantiene como uno de los motores claves de la economía. Este empuje ha sido reflejo tanto del gasto público como del repunte de la inversión privada en construcción, que pasó de RD$8,732 millones en 2013 a RD$203,820 millones en 2019. Aunque en 2020 se produjo una caída de 58.8 %, la recuperación fue gradual, con un crecimiento promedio de 32 por ciento en el trienio 2021-2023. En ese mismo período, las construcciones privadas crecieron en 534 %, pasando de 1,767 en 2014 a 9,433 en 2023, extendiéndose hacia provincias fuera del eje tradicional urbano y turístico, como La Vega, Samaná y San Pedro de Macorís.
Sin embargo, el panorama actual muestra un cambio. De acuerdo con el Banco Central, durante el primer trimestre de 2025 el sector construcción registró una caída interanual de -1.2 %, contrastando con el desempeño positivo de otras actividades como los servicios financieros (9.3 %), transporte (5.5 %) y comercio (4.1 %). La desaceleración reciente responde a una combinación de factores, entre ellos el incremento sostenido de los precios de los materiales de construcción tras la crisis global por la guerra en Ucrania, con aumentos de hasta 291 % en el acero y más del 50 % en el cemento entre 2019 y 2023, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Estas alzas inflacionarias llevaron a una política monetaria restrictiva desde noviembre de 2021, encareciendo los créditos hipotecarios y reduciendo la demanda. Pese a una leve reactivación observada en los primeros meses de 2024 (6 %), impulsada por la flexibilización de la política monetaria y mayor liquidez bancaria, el sector no ha logrado mantener el ritmo de los años anteriores.
En términos anuales, los resultados también confirman la pérdida de dinamismo del sector. En 2023, la construcción apenas creció un 0.9 %, mientras que en 2024 registró una variación de apenas 2.1 %, lejos de los niveles de expansión observados en la década anterior.
Estas cifras consolidan la tendencia descendente iniciada tras el repunte de 2021 y reflejan el impacto de los altos costos y otros factores.
El impacto sobre el empleo ha sido evidente. La construcción fue el quinto sector que más empleo generó en la última década, con 7.7 % del total de ocupados. No obstante, el 86.3 % de los trabajadores lo hacían en condiciones de informalidad en 2023, ubicándose sólo por debajo del sector agropecuario en este indicador.
El estudio “Mercado laboral y mano de obra extranjera en el sector construcción en República Dominicana”, elaborado por Marina Ortiz y Rita Mena para el Instituto Nacional de Migración, destaca que nueve de cada diez trabajadores del sector están fuera del sistema formal.
La evolución del empleo ha sido paralela al comportamiento del sector. En 2018, el empleo en construcción creció 9.2 %, de la mano de un crecimiento sectorial de 10.4 %.
En 2020, en plena pandemia, el empleo total cayó 5.5 %, destacándose una reducción de 22.2 % en los ocupados formales, frente a una caída de sólo 2.8 % entre los informales. Para 2021, se recuperaron 65 mil empleos, de los cuales el 98 % eran informales.
El informe de Ortiz y Mena subraya también que los trabajadores extranjeros, principalmente de origen haitiano, están mayoritariamente insertos en este segmento informal del sector.
En el primer trimestre de 2020 había 41,396 trabajadores formales y 323,538 informales en construcción.
Durante el segundo trimestre, la ocupación informal se redujo en 30,000 plazas, mientras los formales aumentaron levemente, efecto de los programas de apoyo implementados por el Gobierno.
Sin embargo, en el tercer trimestre de ese año se invirtió la tendencia: se redujo el empleo formal y repuntó la mano de obra informal, que ganó 98,336 plazas hasta el tercer trimestre de 2021.
La brecha entre ocupados formales e informales se ha mantenido amplia. Mientras en 2015 era de 232,407 trabajadores, en 2019 ascendía a 297,507 y en 2021 alcanzó 372,875, para estabilizarse entre 360 mil y 370 mil trabajadores en los trimestres siguientes. Esta característica estructural del mercado laboral en construcción plantea importantes desafíos en términos de regulación, seguridad social y garantías laborales.
Pese a los esfuerzos por impulsar el sector, las cifras actuales muestran que su dinamismo se ha moderado. El crecimiento registrado en el primer cuatrimestre de 2024 no logró sostenerse en el inicio de 2025, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de reactivación. Si bien el sector sigue siendo un pilar de la economía, su dependencia de insumos importados y de condiciones de crédito favorables lo hacen particularmente vulnerable ante choques externos y decisiones de política monetaria.
Las estrategias, el estímulo
En síntesis, aunque el sector construcción ha sido clave para la economía dominicana en la última década, su situación actual exige atención. La caída de 1.2 % en el primer trimestre de 2025 y el alto grado de informalidad laboral indican que los retos van más allá del crecimiento económico.
Se trata de una actividad con fuerte efecto multiplicador, pero que también concentra vulnerabilidades que deben ser abordadas desde la política pública, la inversión responsable y la gestión eficiente de los recursos materiales y humanos.
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.