Economía
Sectores advierten impacto económico y más informalidad por Ley Antilavado
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8 años agoon
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LA REDACCIÓNSANTO DOMINGO. A mediados del año pasado, cuando la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo fue aprobada, los empresarios mostraron temor por sus posibles efectos. Siete meses después y ya con todo el marco de normas en vigor, asumen que la aplicación de la Ley 155-17 ha tenido y seguirá teniendo un impacto sobre la actividad de sectores económicos que ahora están obligados a hacer cumplir la ley.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Enrique Fernández, dijo que el año pasado registraron una caída de las ventas por el orden del 15% que estuvo influenciada, no solo por el enfriamiento generalizado de la economía, sino también por la expectativa generada por la aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales.
La forma de hacer negocios para ellos registró un viraje importante desde junio del año pasado, cuando la norma general entró en vigor. Para empezar, no pueden aceptar pagos en efectivo por más de RD$500,000 (que ahora equivalen a US$10,250 al tipo de cambio actual) por la venta de un vehículo. Pero si un cliente espera hacer varios pagos para saltarse esa limitación, tampoco tendrá suerte: todos los sectores económicos que participan en el cumplimiento de la Ley 155-17 deben reportar si, al sumarse, varios pagos vinculados a la misma compra-venta, superan los US$15,000 o su equivalente en moneda nacional.
Al presidente ejecutivo de Acofave le resulta difícil cuantificar el impacto económico que la aplicación de las normas contra el lavado de activos tendrá sobre el sector que representa, pero entiende que lo habrá. En cualquier caso, considera que ese esfuerzo del gobierno por reducir el blanqueo de dinero, aunque proviene de presiones externas, es sano. Lo que exige Fernández es que la ley se le aplique a todo el sector automotor por igual: a concesionarios, dealers y hasta al empresario informal que vende un vehículo en la calle, sin oficina. No hacerlo provocará, a juicio del representante de Acofave, un crecimiento descontrolado de los vendedores informales de vehículos, una situación que terminará por hundir al sector formal y organizado.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, coincidió en el impacto negativo que tendrán las normas antilavado en su sector, específicamente una disminución de la inversión en la construcción. También alertó sobre el riesgo de que la ley destruya la rama formal de la actividad.
Antes de una aplicación tajante de esa Ley, debe existir un periodo determinado de concienciación, de que se entienda esta Ley, porque todavía el 99% de las pequeñas empresas que vienen aquí desconocen todavía, al día de hoy, la responsabilidad tan fuerte que asumen con esa Ley, precisó.
Reconoció la importancia de la norma por lo que advirtió que no está en contra de la misma, pero consideró que debe haber un régimen especial con un organismo que dé apoyo a las Pymes en la investigación necesaria a la hora de vender un inmueble. Cristopher expresó que ese organismo debe funcionar para que las Pymes puedan llevar el nombre de un cliente para saber si puede hacer esas negociaciones y que sea esa entidad la que investigue al comprador de un inmueble.
Agregó que las pequeñas empresas de la construcción no cuentan con las estructuras para investigar si los recursos de los clientes vienen de fondos dudosos. Para poner un ejemplo, a una pequeña empresa viene Juan, Marco o Pedro a comprar un apartamento, ya nosotros tenemos que tener un organismo que investigue de dónde salen esos fondos, ¿y cómo lo hacemos si lo que queremos es vender? Quiere decir que, si por alguna razón nosotros vendemos un apartamento a una persona con fondos dudosos, ya estamos nosotros violando la Ley, explicó el dirigente empresarial.
Por su parte, la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) analizará las recién publicadas normas que rigen los mecanismos con los que el sector prevendrá el lavado de dinero, por lo que todavía no emitirán una opinión. No obstante, a mediados del año pasado su presidenta, María Gatón, había indicado que la aplicación conllevaría a un aumento de los costos para las empresas porque ahora deben desempeñar roles que antes no estaban definidos en su estructura, como la debida diligencia.
Sujetos obligados
Las entidades financieras, cooperativas, constructoras, ventas de vehículos, casinos, bancas de apuestas, joyerías, casas de empeño, armerías, notarios, abogados y contadores. Deben inscribirse en el RNC, implementar un manual de prevención definido por las autoridades y hacer la debida diligencia a sus clientes para identificar a sospechosos de lavar dinero.
Venta de viviendas
Se prohíbe pagar o aceptar más de RD$1,000,000 en efectivo por la compra de una vivienda. Constructoras y agentes inmobiliarios deben evitar esas operaciones y reportarlas a las autoridades.
Compra-venta vehículos
No se puede hacer operaciones en efectivo por más de RD$500,000. Es sospechosa cualquier transacción que, aun sin superar ese monto, sea para adquirir masivamente vehículos, cambio o venta por valores muy inferiores, o pago anticipado y en efectivo de una operación en cuotas.
Casinos y banca de juegos
Prohibido comprar en efectivo boletos o fichas por más de RD$250,000. Los casinos o bancas deberán reportar si un clientes sobrepasa el umbral de US$3,000 diarios o su equivalente en pesos, en una o varias operaciones.
Joyerías y casas de empeño
Están prohibidas las compras en efectivo que superen los RD$450,000. También aplica para armas.
Notarios y registradores
Aplica para notarios, abogados y contadores que registren compra-venta de inmuebles, administren dinero de un cliente, registren empresas y actúen como sus apoderados o directivos.
diariolibre.com
Economía
El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz
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5 días agoon
marzo 16, 2026
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Economía
Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD
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5 días agoon
marzo 16, 2026
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Economía
Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.
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1 semana agoon
marzo 12, 2026
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.
