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RD es el país de América Latina con más feminicidios, según la Cepal
Santo Domingo, 22 nov (EFE).- En un mes difícil para las mujeres en la República Dominicana, con al menos ocho feminicidios conocidos hasta la fecha, grupos de derechos humanos cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de estos crímenes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un logro el descenso del 25 % en el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a la baja registrada el año pasado y convertiría 2019 en el mejor de los últimos 14 años.
Entre 2005 y noviembre de 2019, la PGR contabiliza 1,295 feminicidios, pero estos números distan ampliamente de los de publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, en un período menor, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha sumado 1,795 mujeres asesinadas en la República Dominicana.
Por estas cifras, la Cepal posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
Las discrepancias han llevado a grupos feministas y de derechos humanos a sospechar de que la PGR camufla los datos.
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El delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal dominicano ni descrito en una ley; y la Fiscalía solo contabiliza los casos ocurridos en el entorno ‘íntimo’ entre parejas.
‘Feminicidios son los que los ejecutan la expareja o pareja. Solo los íntimos’, resumió la portavoz de la PGR, Julieta Tejada, en declaraciones a Efe.
Por ello, este año solo contabiliza 66 feminicidos, de un total de 114 asesinatos de mujeres, en un país de 10 millones de habitantes.
El organismo atribuye el descenso a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que lleva a cabo desde hace dos años y contiene 22 acciones de prevención y combate a estas agresiones.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye la discrepancia entre las estadísticas a un cambio en la metodología que el órgano persecutor hizo en 2017 para inventariar los feminicidios.
Ni los portavoces de la Fiscalía ni su departamento de estadísticas han sabido informar a Efe de si, en efecto, se produjo este cambio de metodología y en el Portal de Transparencia de la PGR ya no figuran las publicaciones anteriores a 2017, por lo que no se pueden comparar los datos.
‘Obviamente, en el caso de la Procuraduría, hay una mala intención en ese cambio de metodología’, dijo a Efe el portavoz de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, agregando que, más que ocultar el número de feminicidios, manejan el registro de una manera confusa.
Y es esa imprecisión la que, a juicio de Pimentel, no permite dimensionar la realidad del problema y por ende, adoptar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, según un informe presentado el pasado marzo por PC, es altamente probable que la PGR esté imputando, al menos, un 37 % menos de casos de feminicidios desde 2016.
Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal calculan que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, un dato que, a su juicio, las autoridades ‘minimizan’.
‘Esto tiene mucho que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos’, dijo a Efe la portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera.
La activista denuncia que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen.
La misma suerte corren las haitianas residentes en el país, que ni siquiera son incluidas en las estadísticas, según la activista.
El caso más reciente, el pasado lunes, es el de una mujer haitiana fue asesinada en Baní, supuestamente a manos de su pareja, pero la Fiscalía no ha respondido a la pregunta de Efe de si se investiga como un feminicidio.
Entre los problemas que impiden la protección de la mujer, se encuentra la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un ‘sistema de apoyo integral’ para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se encuentra estancado en el Congreso desde el 2012.
‘Cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice’, dice la activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tendrá lugar este domingo.
Asimismo, Galván resalta los altos niveles de impunidad que han permitido salir en libertad a hombres que habían agredido a sus parejas y que, aprovechando su salida de la cárcel, las mataron, como ocurrió en dos casos recientes que estremecieron a los dominicanos, los de Anibel González y Juana Domínguez Salas.
‘Recibir justicia en caso de violencia resulta altamente costoso para las mujeres, porque tenemos un sistema que no tiene una respuesta integral”, criticó Galván. EFE
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.