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RD es el país de América Latina con más feminicidios, según la Cepal
Santo Domingo, 22 nov (EFE).- En un mes difícil para las mujeres en la República Dominicana, con al menos ocho feminicidios conocidos hasta la fecha, grupos de derechos humanos cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de estos crímenes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un logro el descenso del 25 % en el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a la baja registrada el año pasado y convertiría 2019 en el mejor de los últimos 14 años.
Entre 2005 y noviembre de 2019, la PGR contabiliza 1,295 feminicidios, pero estos números distan ampliamente de los de publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, en un período menor, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha sumado 1,795 mujeres asesinadas en la República Dominicana.
Por estas cifras, la Cepal posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
Las discrepancias han llevado a grupos feministas y de derechos humanos a sospechar de que la PGR camufla los datos.
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El delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal dominicano ni descrito en una ley; y la Fiscalía solo contabiliza los casos ocurridos en el entorno ‘íntimo’ entre parejas.
‘Feminicidios son los que los ejecutan la expareja o pareja. Solo los íntimos’, resumió la portavoz de la PGR, Julieta Tejada, en declaraciones a Efe.
Por ello, este año solo contabiliza 66 feminicidos, de un total de 114 asesinatos de mujeres, en un país de 10 millones de habitantes.
El organismo atribuye el descenso a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que lleva a cabo desde hace dos años y contiene 22 acciones de prevención y combate a estas agresiones.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye la discrepancia entre las estadísticas a un cambio en la metodología que el órgano persecutor hizo en 2017 para inventariar los feminicidios.
Ni los portavoces de la Fiscalía ni su departamento de estadísticas han sabido informar a Efe de si, en efecto, se produjo este cambio de metodología y en el Portal de Transparencia de la PGR ya no figuran las publicaciones anteriores a 2017, por lo que no se pueden comparar los datos.
‘Obviamente, en el caso de la Procuraduría, hay una mala intención en ese cambio de metodología’, dijo a Efe el portavoz de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, agregando que, más que ocultar el número de feminicidios, manejan el registro de una manera confusa.
Y es esa imprecisión la que, a juicio de Pimentel, no permite dimensionar la realidad del problema y por ende, adoptar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, según un informe presentado el pasado marzo por PC, es altamente probable que la PGR esté imputando, al menos, un 37 % menos de casos de feminicidios desde 2016.
Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal calculan que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, un dato que, a su juicio, las autoridades ‘minimizan’.
‘Esto tiene mucho que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos’, dijo a Efe la portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera.
La activista denuncia que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen.
La misma suerte corren las haitianas residentes en el país, que ni siquiera son incluidas en las estadísticas, según la activista.
El caso más reciente, el pasado lunes, es el de una mujer haitiana fue asesinada en Baní, supuestamente a manos de su pareja, pero la Fiscalía no ha respondido a la pregunta de Efe de si se investiga como un feminicidio.
Entre los problemas que impiden la protección de la mujer, se encuentra la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un ‘sistema de apoyo integral’ para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se encuentra estancado en el Congreso desde el 2012.
‘Cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice’, dice la activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tendrá lugar este domingo.
Asimismo, Galván resalta los altos niveles de impunidad que han permitido salir en libertad a hombres que habían agredido a sus parejas y que, aprovechando su salida de la cárcel, las mataron, como ocurrió en dos casos recientes que estremecieron a los dominicanos, los de Anibel González y Juana Domínguez Salas.
‘Recibir justicia en caso de violencia resulta altamente costoso para las mujeres, porque tenemos un sistema que no tiene una respuesta integral”, criticó Galván. EFE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.