Nacionales
Senado de la República corre con los gastos de los empleados de las oficinas senatoriales
- Algunas oficinas parecen pequeñas empresas
- Tienen hasta 48 empleados
Al margen de los recursos del “barrilito” que perciben para obras sociales, los senadores y sus empleados consumen una nómina de RD$ 27.3 millones al mes, además disponen de oficinas en el Congreso Nacional y en sus provincias, que paga el Estado.
Cada representante ante el Senado de la República percibe un salario base de RD$ 320,000.00, a los que se suman otros beneficios marginales de RD$ 50,000 por gastos de representación; RD$ 25,000 de viáticos, RD$ 25,000 de dietas, y RD$ 3,500 por cada sesión a la que asistan. Como complemento por sus servicios tienen derecho a dos exoneraciones de impuestos para vehículos.
Una mirada a los recursos que se disponen para el pago del senador y sus colabores sacó a relucir que muchos de ellos tienen una cantidad de empleados similar a la de cualquier pequeña empresa.
Es el caso de Bahoruco, cuyas oficinas senatoriales cuentan con 48 empleados, incluido el senador, que consumen un presupuesto de RD$ 1,005,360.00. Los sueldos van desde los RD$ 6,000.00 hasta los RD$ 65,000.00.
Para la senaduría de Azua se tiene una nómina de RD$ 1,011,360.00 en sueldos fijos, distribuidos entre su titular y 17 empleados con sueldos entre los RD$ 16,000.00 y RD$ 70,000.00.
Las oficinas de Barahona disponen de 25 empleados con una nómina de RD$ 815,245.50, a quienes se les pagan sueldos de entre RD$ 5,550.00 y los RD$ 65,000.00.
Para Dajabón se destina RD$1,001,480.00 para los servicios de 24 empleados con sueldos entre los RD$ 11,000.00 y RD$ 65,000.00.
En la senaduría del Distrito Nacional solo hay 5 empleados con el cargo de coordinadores, quienes cobran RD$ 138,272.00 cada uno, los que sumados al sueldo de la senadora de RD$ 320,000.00 totalizan RD$ 1,011,360.00.
Para la provincia Duarte, los empleados son nueve con sueldos entre los RD$ 8,500.00 y RD$ 65,000.00 donde se maneja una nómina de RD$562,270.00.
La instancia para El Seibo dispone de 35 trabajadores con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 65,000.00 que ascienden a RD$ 1,036,000.00.
Para Elías Piña, los empleados son 47, quienes devengan entre los RD$ 5,000.00 y RD$ 65,000.00 para un total de RD$ 966,670.00. En Espaillat, los asalariados son 13, con sueldos que van desde los RD$ 11,000.00 a los RD$ 65,000.00 para un presupuesto de RD$ 689,020.00.
En Hato Mayor se dispone de 23 empleados con sueldos entre RD$ 6,000.00 y RD$ 32,500.00 con gastos en nómina por RD$640,840.00.
Hermanas Mirabal posee 10 empleados que ganan entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00, los que totalizan RD$ 612,120.00.
Las oficinas de Independencia tienen 6 empleados con salarios desde los RD$ 7, 000.00 y los RD$ 18,000.00 para un gasto de RD$ 393,100.00.
En La Altagracia hay 15 empleados con sueldos entre los RD$ 9,000.00 y RD$ 65,000.00 con una nómina fija de RD$ 808,400.00.
En las oficinas de La Romana son 25 los empleados con sueldos desde los RD$ 7,560.00 a los RD$ 65,000.00 que hacen un total de RD$ 931,670.00
En La Vega, los empleados son 34 con salarios de RD$ 10,622.00 a RD$ 59,746.00 para un gasto de RD$ 1,091,021.00. En María Trinidad Sánchez se tienen 26 personas contratadas con sueldos fijos entre los RD$ 8,500.00 a RD$ 65,000.00 con una nómina de RD$ 964,760.00.
Monseñor Nouel dispone de 27 empleados con sueldos desde los RD$ 10,400.00 a los RD$ 128,400.00, lo que hace un monto de RD$ 1,008,300.00. En Monte Plata son 23 los nombrados con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00 para una sumatoria de RD$ 956,360.00.
En Montecristi son 31 los empleados con sueldos desde los RD$ 10,000.00 a RD$ 45,000.00 con universo a pagar de RD$ 691,680.00.
En las oficinas de Pedernales suman 41 los colaboradores con pagas que van desde los RD$ 10,000.00 a los RD$ 65,000.00 con un total a pagar de RD$ 1,148,120.00.
En el Senado y en la provincia Peravia se les paga a 29 empleados RD$ 931,670.00; Puerto Plata tiene 27 trabajadores con una nómina que llega a los RD$ 987,600.00.
Mientras Samaná dispone de 24 empleados que hacen un monto a pagar por RD$ 895,680.00; en el caso de San Cristóbal el personal asciende a 26 con un total en nómina de RD$ 960,240,00.
En las oficinas de San José de Ocoa hay 31 empleados a quienes se les paga un total de RD$ 954,260.00; en San Juan 18 con una nómina de RD$ 876,720.00; Sánchez Ramírez dispone de un personal de 27 personas con un monto a pagar de RD$ 1,011,360.00.
En las dependencias de Santiago, los empleados son seis, sumando el senador y se paga un monto de RD$448,720.00; en Santo Domingo son 10 y la nómina es de RD$ 981,360.00. En Santiago Rodríguez son 33 y un monto a pagar RD$ 1,011,360.00; en Valverde son 20 los empleados y se pagan un total de RD$ 953,340.00.
Los legisladores también reciben beneficios de pensiones del Instituto de Previsión del Congresista Dominicano, se les paga hospedaje en la capital y los celulares.
De acuerdo con la partida correspondiente a septiembre, los senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido RD$21.5 millones mensuales, o RD$250 millones anuales.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.