Nacionales
Senado de la República corre con los gastos de los empleados de las oficinas senatoriales
- Algunas oficinas parecen pequeñas empresas
- Tienen hasta 48 empleados
Al margen de los recursos del “barrilito” que perciben para obras sociales, los senadores y sus empleados consumen una nómina de RD$ 27.3 millones al mes, además disponen de oficinas en el Congreso Nacional y en sus provincias, que paga el Estado.
Cada representante ante el Senado de la República percibe un salario base de RD$ 320,000.00, a los que se suman otros beneficios marginales de RD$ 50,000 por gastos de representación; RD$ 25,000 de viáticos, RD$ 25,000 de dietas, y RD$ 3,500 por cada sesión a la que asistan. Como complemento por sus servicios tienen derecho a dos exoneraciones de impuestos para vehículos.
Una mirada a los recursos que se disponen para el pago del senador y sus colabores sacó a relucir que muchos de ellos tienen una cantidad de empleados similar a la de cualquier pequeña empresa.
Es el caso de Bahoruco, cuyas oficinas senatoriales cuentan con 48 empleados, incluido el senador, que consumen un presupuesto de RD$ 1,005,360.00. Los sueldos van desde los RD$ 6,000.00 hasta los RD$ 65,000.00.
Para la senaduría de Azua se tiene una nómina de RD$ 1,011,360.00 en sueldos fijos, distribuidos entre su titular y 17 empleados con sueldos entre los RD$ 16,000.00 y RD$ 70,000.00.
Las oficinas de Barahona disponen de 25 empleados con una nómina de RD$ 815,245.50, a quienes se les pagan sueldos de entre RD$ 5,550.00 y los RD$ 65,000.00.
Para Dajabón se destina RD$1,001,480.00 para los servicios de 24 empleados con sueldos entre los RD$ 11,000.00 y RD$ 65,000.00.
En la senaduría del Distrito Nacional solo hay 5 empleados con el cargo de coordinadores, quienes cobran RD$ 138,272.00 cada uno, los que sumados al sueldo de la senadora de RD$ 320,000.00 totalizan RD$ 1,011,360.00.
Para la provincia Duarte, los empleados son nueve con sueldos entre los RD$ 8,500.00 y RD$ 65,000.00 donde se maneja una nómina de RD$562,270.00.
La instancia para El Seibo dispone de 35 trabajadores con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 65,000.00 que ascienden a RD$ 1,036,000.00.
Para Elías Piña, los empleados son 47, quienes devengan entre los RD$ 5,000.00 y RD$ 65,000.00 para un total de RD$ 966,670.00. En Espaillat, los asalariados son 13, con sueldos que van desde los RD$ 11,000.00 a los RD$ 65,000.00 para un presupuesto de RD$ 689,020.00.
En Hato Mayor se dispone de 23 empleados con sueldos entre RD$ 6,000.00 y RD$ 32,500.00 con gastos en nómina por RD$640,840.00.
Hermanas Mirabal posee 10 empleados que ganan entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00, los que totalizan RD$ 612,120.00.
Las oficinas de Independencia tienen 6 empleados con salarios desde los RD$ 7, 000.00 y los RD$ 18,000.00 para un gasto de RD$ 393,100.00.
En La Altagracia hay 15 empleados con sueldos entre los RD$ 9,000.00 y RD$ 65,000.00 con una nómina fija de RD$ 808,400.00.
En las oficinas de La Romana son 25 los empleados con sueldos desde los RD$ 7,560.00 a los RD$ 65,000.00 que hacen un total de RD$ 931,670.00
En La Vega, los empleados son 34 con salarios de RD$ 10,622.00 a RD$ 59,746.00 para un gasto de RD$ 1,091,021.00. En María Trinidad Sánchez se tienen 26 personas contratadas con sueldos fijos entre los RD$ 8,500.00 a RD$ 65,000.00 con una nómina de RD$ 964,760.00.
Monseñor Nouel dispone de 27 empleados con sueldos desde los RD$ 10,400.00 a los RD$ 128,400.00, lo que hace un monto de RD$ 1,008,300.00. En Monte Plata son 23 los nombrados con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00 para una sumatoria de RD$ 956,360.00.
En Montecristi son 31 los empleados con sueldos desde los RD$ 10,000.00 a RD$ 45,000.00 con universo a pagar de RD$ 691,680.00.
En las oficinas de Pedernales suman 41 los colaboradores con pagas que van desde los RD$ 10,000.00 a los RD$ 65,000.00 con un total a pagar de RD$ 1,148,120.00.
En el Senado y en la provincia Peravia se les paga a 29 empleados RD$ 931,670.00; Puerto Plata tiene 27 trabajadores con una nómina que llega a los RD$ 987,600.00.
Mientras Samaná dispone de 24 empleados que hacen un monto a pagar por RD$ 895,680.00; en el caso de San Cristóbal el personal asciende a 26 con un total en nómina de RD$ 960,240,00.
En las oficinas de San José de Ocoa hay 31 empleados a quienes se les paga un total de RD$ 954,260.00; en San Juan 18 con una nómina de RD$ 876,720.00; Sánchez Ramírez dispone de un personal de 27 personas con un monto a pagar de RD$ 1,011,360.00.
En las dependencias de Santiago, los empleados son seis, sumando el senador y se paga un monto de RD$448,720.00; en Santo Domingo son 10 y la nómina es de RD$ 981,360.00. En Santiago Rodríguez son 33 y un monto a pagar RD$ 1,011,360.00; en Valverde son 20 los empleados y se pagan un total de RD$ 953,340.00.
Los legisladores también reciben beneficios de pensiones del Instituto de Previsión del Congresista Dominicano, se les paga hospedaje en la capital y los celulares.
De acuerdo con la partida correspondiente a septiembre, los senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido RD$21.5 millones mensuales, o RD$250 millones anuales.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.