Nacionales
Senado de la República corre con los gastos de los empleados de las oficinas senatoriales
- Algunas oficinas parecen pequeñas empresas
- Tienen hasta 48 empleados
Al margen de los recursos del “barrilito” que perciben para obras sociales, los senadores y sus empleados consumen una nómina de RD$ 27.3 millones al mes, además disponen de oficinas en el Congreso Nacional y en sus provincias, que paga el Estado.
Cada representante ante el Senado de la República percibe un salario base de RD$ 320,000.00, a los que se suman otros beneficios marginales de RD$ 50,000 por gastos de representación; RD$ 25,000 de viáticos, RD$ 25,000 de dietas, y RD$ 3,500 por cada sesión a la que asistan. Como complemento por sus servicios tienen derecho a dos exoneraciones de impuestos para vehículos.
Una mirada a los recursos que se disponen para el pago del senador y sus colabores sacó a relucir que muchos de ellos tienen una cantidad de empleados similar a la de cualquier pequeña empresa.
Es el caso de Bahoruco, cuyas oficinas senatoriales cuentan con 48 empleados, incluido el senador, que consumen un presupuesto de RD$ 1,005,360.00. Los sueldos van desde los RD$ 6,000.00 hasta los RD$ 65,000.00.
Para la senaduría de Azua se tiene una nómina de RD$ 1,011,360.00 en sueldos fijos, distribuidos entre su titular y 17 empleados con sueldos entre los RD$ 16,000.00 y RD$ 70,000.00.
Las oficinas de Barahona disponen de 25 empleados con una nómina de RD$ 815,245.50, a quienes se les pagan sueldos de entre RD$ 5,550.00 y los RD$ 65,000.00.
Para Dajabón se destina RD$1,001,480.00 para los servicios de 24 empleados con sueldos entre los RD$ 11,000.00 y RD$ 65,000.00.
En la senaduría del Distrito Nacional solo hay 5 empleados con el cargo de coordinadores, quienes cobran RD$ 138,272.00 cada uno, los que sumados al sueldo de la senadora de RD$ 320,000.00 totalizan RD$ 1,011,360.00.
Para la provincia Duarte, los empleados son nueve con sueldos entre los RD$ 8,500.00 y RD$ 65,000.00 donde se maneja una nómina de RD$562,270.00.
La instancia para El Seibo dispone de 35 trabajadores con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 65,000.00 que ascienden a RD$ 1,036,000.00.
Para Elías Piña, los empleados son 47, quienes devengan entre los RD$ 5,000.00 y RD$ 65,000.00 para un total de RD$ 966,670.00. En Espaillat, los asalariados son 13, con sueldos que van desde los RD$ 11,000.00 a los RD$ 65,000.00 para un presupuesto de RD$ 689,020.00.
En Hato Mayor se dispone de 23 empleados con sueldos entre RD$ 6,000.00 y RD$ 32,500.00 con gastos en nómina por RD$640,840.00.
Hermanas Mirabal posee 10 empleados que ganan entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00, los que totalizan RD$ 612,120.00.
Las oficinas de Independencia tienen 6 empleados con salarios desde los RD$ 7, 000.00 y los RD$ 18,000.00 para un gasto de RD$ 393,100.00.
En La Altagracia hay 15 empleados con sueldos entre los RD$ 9,000.00 y RD$ 65,000.00 con una nómina fija de RD$ 808,400.00.
En las oficinas de La Romana son 25 los empleados con sueldos desde los RD$ 7,560.00 a los RD$ 65,000.00 que hacen un total de RD$ 931,670.00
En La Vega, los empleados son 34 con salarios de RD$ 10,622.00 a RD$ 59,746.00 para un gasto de RD$ 1,091,021.00. En María Trinidad Sánchez se tienen 26 personas contratadas con sueldos fijos entre los RD$ 8,500.00 a RD$ 65,000.00 con una nómina de RD$ 964,760.00.
Monseñor Nouel dispone de 27 empleados con sueldos desde los RD$ 10,400.00 a los RD$ 128,400.00, lo que hace un monto de RD$ 1,008,300.00. En Monte Plata son 23 los nombrados con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00 para una sumatoria de RD$ 956,360.00.
En Montecristi son 31 los empleados con sueldos desde los RD$ 10,000.00 a RD$ 45,000.00 con universo a pagar de RD$ 691,680.00.
En las oficinas de Pedernales suman 41 los colaboradores con pagas que van desde los RD$ 10,000.00 a los RD$ 65,000.00 con un total a pagar de RD$ 1,148,120.00.
En el Senado y en la provincia Peravia se les paga a 29 empleados RD$ 931,670.00; Puerto Plata tiene 27 trabajadores con una nómina que llega a los RD$ 987,600.00.
Mientras Samaná dispone de 24 empleados que hacen un monto a pagar por RD$ 895,680.00; en el caso de San Cristóbal el personal asciende a 26 con un total en nómina de RD$ 960,240,00.
En las oficinas de San José de Ocoa hay 31 empleados a quienes se les paga un total de RD$ 954,260.00; en San Juan 18 con una nómina de RD$ 876,720.00; Sánchez Ramírez dispone de un personal de 27 personas con un monto a pagar de RD$ 1,011,360.00.
En las dependencias de Santiago, los empleados son seis, sumando el senador y se paga un monto de RD$448,720.00; en Santo Domingo son 10 y la nómina es de RD$ 981,360.00. En Santiago Rodríguez son 33 y un monto a pagar RD$ 1,011,360.00; en Valverde son 20 los empleados y se pagan un total de RD$ 953,340.00.
Los legisladores también reciben beneficios de pensiones del Instituto de Previsión del Congresista Dominicano, se les paga hospedaje en la capital y los celulares.
De acuerdo con la partida correspondiente a septiembre, los senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido RD$21.5 millones mensuales, o RD$250 millones anuales.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.