Nacionales
Senado de la República corre con los gastos de los empleados de las oficinas senatoriales
- Algunas oficinas parecen pequeñas empresas
- Tienen hasta 48 empleados
Al margen de los recursos del “barrilito” que perciben para obras sociales, los senadores y sus empleados consumen una nómina de RD$ 27.3 millones al mes, además disponen de oficinas en el Congreso Nacional y en sus provincias, que paga el Estado.
Cada representante ante el Senado de la República percibe un salario base de RD$ 320,000.00, a los que se suman otros beneficios marginales de RD$ 50,000 por gastos de representación; RD$ 25,000 de viáticos, RD$ 25,000 de dietas, y RD$ 3,500 por cada sesión a la que asistan. Como complemento por sus servicios tienen derecho a dos exoneraciones de impuestos para vehículos.
Una mirada a los recursos que se disponen para el pago del senador y sus colabores sacó a relucir que muchos de ellos tienen una cantidad de empleados similar a la de cualquier pequeña empresa.
Es el caso de Bahoruco, cuyas oficinas senatoriales cuentan con 48 empleados, incluido el senador, que consumen un presupuesto de RD$ 1,005,360.00. Los sueldos van desde los RD$ 6,000.00 hasta los RD$ 65,000.00.
Para la senaduría de Azua se tiene una nómina de RD$ 1,011,360.00 en sueldos fijos, distribuidos entre su titular y 17 empleados con sueldos entre los RD$ 16,000.00 y RD$ 70,000.00.
Las oficinas de Barahona disponen de 25 empleados con una nómina de RD$ 815,245.50, a quienes se les pagan sueldos de entre RD$ 5,550.00 y los RD$ 65,000.00.
Para Dajabón se destina RD$1,001,480.00 para los servicios de 24 empleados con sueldos entre los RD$ 11,000.00 y RD$ 65,000.00.
En la senaduría del Distrito Nacional solo hay 5 empleados con el cargo de coordinadores, quienes cobran RD$ 138,272.00 cada uno, los que sumados al sueldo de la senadora de RD$ 320,000.00 totalizan RD$ 1,011,360.00.
Para la provincia Duarte, los empleados son nueve con sueldos entre los RD$ 8,500.00 y RD$ 65,000.00 donde se maneja una nómina de RD$562,270.00.
La instancia para El Seibo dispone de 35 trabajadores con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 65,000.00 que ascienden a RD$ 1,036,000.00.
Para Elías Piña, los empleados son 47, quienes devengan entre los RD$ 5,000.00 y RD$ 65,000.00 para un total de RD$ 966,670.00. En Espaillat, los asalariados son 13, con sueldos que van desde los RD$ 11,000.00 a los RD$ 65,000.00 para un presupuesto de RD$ 689,020.00.
En Hato Mayor se dispone de 23 empleados con sueldos entre RD$ 6,000.00 y RD$ 32,500.00 con gastos en nómina por RD$640,840.00.
Hermanas Mirabal posee 10 empleados que ganan entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00, los que totalizan RD$ 612,120.00.
Las oficinas de Independencia tienen 6 empleados con salarios desde los RD$ 7, 000.00 y los RD$ 18,000.00 para un gasto de RD$ 393,100.00.
En La Altagracia hay 15 empleados con sueldos entre los RD$ 9,000.00 y RD$ 65,000.00 con una nómina fija de RD$ 808,400.00.
En las oficinas de La Romana son 25 los empleados con sueldos desde los RD$ 7,560.00 a los RD$ 65,000.00 que hacen un total de RD$ 931,670.00
En La Vega, los empleados son 34 con salarios de RD$ 10,622.00 a RD$ 59,746.00 para un gasto de RD$ 1,091,021.00. En María Trinidad Sánchez se tienen 26 personas contratadas con sueldos fijos entre los RD$ 8,500.00 a RD$ 65,000.00 con una nómina de RD$ 964,760.00.
Monseñor Nouel dispone de 27 empleados con sueldos desde los RD$ 10,400.00 a los RD$ 128,400.00, lo que hace un monto de RD$ 1,008,300.00. En Monte Plata son 23 los nombrados con salarios entre los RD$ 10,000.00 y RD$ 80,000.00 para una sumatoria de RD$ 956,360.00.
En Montecristi son 31 los empleados con sueldos desde los RD$ 10,000.00 a RD$ 45,000.00 con universo a pagar de RD$ 691,680.00.
En las oficinas de Pedernales suman 41 los colaboradores con pagas que van desde los RD$ 10,000.00 a los RD$ 65,000.00 con un total a pagar de RD$ 1,148,120.00.
En el Senado y en la provincia Peravia se les paga a 29 empleados RD$ 931,670.00; Puerto Plata tiene 27 trabajadores con una nómina que llega a los RD$ 987,600.00.
Mientras Samaná dispone de 24 empleados que hacen un monto a pagar por RD$ 895,680.00; en el caso de San Cristóbal el personal asciende a 26 con un total en nómina de RD$ 960,240,00.
En las oficinas de San José de Ocoa hay 31 empleados a quienes se les paga un total de RD$ 954,260.00; en San Juan 18 con una nómina de RD$ 876,720.00; Sánchez Ramírez dispone de un personal de 27 personas con un monto a pagar de RD$ 1,011,360.00.
En las dependencias de Santiago, los empleados son seis, sumando el senador y se paga un monto de RD$448,720.00; en Santo Domingo son 10 y la nómina es de RD$ 981,360.00. En Santiago Rodríguez son 33 y un monto a pagar RD$ 1,011,360.00; en Valverde son 20 los empleados y se pagan un total de RD$ 953,340.00.
Los legisladores también reciben beneficios de pensiones del Instituto de Previsión del Congresista Dominicano, se les paga hospedaje en la capital y los celulares.
De acuerdo con la partida correspondiente a septiembre, los senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido RD$21.5 millones mensuales, o RD$250 millones anuales.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.