Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.Nacionales
Senado ratifica préstamos por US$500 millones para financiar crisis sanitaria
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.La senadora Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno senatorial, y por el financiamiento el único no votó solamente la banca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Adujo el mismo indica que la pandemia del COVID-19 ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera.
El préstamo fue suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma fue remitida por Poder Ejecutivo.
Desacuerdo
Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó que el actual Gobierno haya tomado en los primeros 44 días, US$500 y 3,800 millones, que suman US$4,300 millones, lo que significa más de RD$97 millones.
Deploró la carrera de endeudamiento que lleva el Gobierno del PRM, “y hemos dicho que vamos a hacer una oposición sensatez y la nobleza del PLD, pero están abusando de un partido que quiere ser solidario, que desea contribuir con las autoridades para que solucionen los problemas de los más pobres de la nación”.
La senadora Raful aclaró al vocero del PLD que el préstamo de US$500 millones es una responsabilidad del Gobierno pasado, que estaban en el Presupuesto, y que cómo estaban dentro, le correspondió al actual gobierno firmarlo para no embarcarse en otros préstamos más onerosos.
La fuerza del Pueblo
Bautista Rojas Gómez, senador por Hermanas Mirabal, expresó que la situación sanitaria del país, y la pandemia sorprendió al pueblo dominicano, generando una crisis económica.
Señaló que no se puede de manera graciosa criticar el financiamiento, ya que es el momento, de una manera responsable, de enfrentar la crisis sanitaria, para que se haga viable la crisis económica.
“Los préstamos eran buenos y hoy son malos, pero debemos pensar en la experiencia que nos dejó la crisis financiera 2008. Exhorto a mis colegas a no politizar la crisis. El momento requiere de madurez para enfrentar la crisis económica, y ser solidario con el pueblo, y por esa situación la fuerza del pueblo dará un voto crítico por el financiamiento”, aclaró Rojas Gómez.
Reformista Social Cristiano
El vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, informó que el endeudamiento externo no solo es del pasado Gobierno, sino de otras administraciones gubernamentales, entre ellos la propia del Partido Reformista, y por eso anunció que votaría a favor del préstamo.
En la sesión de este miércoles, los senadores dieron lectura al quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo por el Estado de Emergencia declarado mediante el decreto No. 265-20, y prorrogado mediante decreto No. 430-20 de fecha 3 de septiembre del año en curso, como medida para enfrentar la covid-19.
En la misma indica las medidas que continúa tomando el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad, así como la reactivación de la economía de manera responsable.
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, declaró que este préstamo debió evitarse, si el gobierno del presidente Danilo Medina hubiera tomada las medidas drásticas y responsable para frenar el avance del coronavirus.
Otras iniciativas
Los legisladores sancionaron varias resoluciones entre estas la que solicita al Poder Ejecutivo ir en auxilio del sector agropecuario por los daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Laura, de la autoría del senador por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado.
Además, fue aprobada la resolución que solicita al Poder Ejecutivo el reinicio y conclusión de los trabajos del Malecón de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, y pide la creación de una comisión especial para la revisión de esta obra, pieza del senador por esa provincia, Alexis Victoria Yeb.
Los senadores sancionaron el proyecto que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de las propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expenden comidas y bebidas, iniciativa que sometieron los exsenadores Adriano Sánchez Roa y Luis Rene Canaán Rojas.
Otro proyecto aprobado es el que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal (Coramirabal). Igualmente, fue aprobada en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre “Doctor Washington de Peña”, la calle diagonal B de la Urbanización Renacimiento, del Distrito Nacional.
También el pleno del Senado aprobó el quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Estado de Emergencia, declarado mediante el decreto No. 265-20 del 20 de julio del 2020, y prorrogado mediante el decreto No. 430-20 del 3 septiembre del 2020 parar enfrentar el COVID-19.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.