Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.Nacionales
Senado ratifica préstamos por US$500 millones para financiar crisis sanitaria
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.La senadora Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno senatorial, y por el financiamiento el único no votó solamente la banca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Adujo el mismo indica que la pandemia del COVID-19 ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera.
El préstamo fue suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma fue remitida por Poder Ejecutivo.
Desacuerdo
Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó que el actual Gobierno haya tomado en los primeros 44 días, US$500 y 3,800 millones, que suman US$4,300 millones, lo que significa más de RD$97 millones.
Deploró la carrera de endeudamiento que lleva el Gobierno del PRM, “y hemos dicho que vamos a hacer una oposición sensatez y la nobleza del PLD, pero están abusando de un partido que quiere ser solidario, que desea contribuir con las autoridades para que solucionen los problemas de los más pobres de la nación”.
La senadora Raful aclaró al vocero del PLD que el préstamo de US$500 millones es una responsabilidad del Gobierno pasado, que estaban en el Presupuesto, y que cómo estaban dentro, le correspondió al actual gobierno firmarlo para no embarcarse en otros préstamos más onerosos.
La fuerza del Pueblo
Bautista Rojas Gómez, senador por Hermanas Mirabal, expresó que la situación sanitaria del país, y la pandemia sorprendió al pueblo dominicano, generando una crisis económica.
Señaló que no se puede de manera graciosa criticar el financiamiento, ya que es el momento, de una manera responsable, de enfrentar la crisis sanitaria, para que se haga viable la crisis económica.
“Los préstamos eran buenos y hoy son malos, pero debemos pensar en la experiencia que nos dejó la crisis financiera 2008. Exhorto a mis colegas a no politizar la crisis. El momento requiere de madurez para enfrentar la crisis económica, y ser solidario con el pueblo, y por esa situación la fuerza del pueblo dará un voto crítico por el financiamiento”, aclaró Rojas Gómez.
Reformista Social Cristiano
El vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, informó que el endeudamiento externo no solo es del pasado Gobierno, sino de otras administraciones gubernamentales, entre ellos la propia del Partido Reformista, y por eso anunció que votaría a favor del préstamo.
En la sesión de este miércoles, los senadores dieron lectura al quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo por el Estado de Emergencia declarado mediante el decreto No. 265-20, y prorrogado mediante decreto No. 430-20 de fecha 3 de septiembre del año en curso, como medida para enfrentar la covid-19.
En la misma indica las medidas que continúa tomando el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad, así como la reactivación de la economía de manera responsable.
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, declaró que este préstamo debió evitarse, si el gobierno del presidente Danilo Medina hubiera tomada las medidas drásticas y responsable para frenar el avance del coronavirus.
Otras iniciativas
Los legisladores sancionaron varias resoluciones entre estas la que solicita al Poder Ejecutivo ir en auxilio del sector agropecuario por los daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Laura, de la autoría del senador por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado.
Además, fue aprobada la resolución que solicita al Poder Ejecutivo el reinicio y conclusión de los trabajos del Malecón de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, y pide la creación de una comisión especial para la revisión de esta obra, pieza del senador por esa provincia, Alexis Victoria Yeb.
Los senadores sancionaron el proyecto que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de las propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expenden comidas y bebidas, iniciativa que sometieron los exsenadores Adriano Sánchez Roa y Luis Rene Canaán Rojas.
Otro proyecto aprobado es el que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal (Coramirabal). Igualmente, fue aprobada en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre “Doctor Washington de Peña”, la calle diagonal B de la Urbanización Renacimiento, del Distrito Nacional.
También el pleno del Senado aprobó el quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Estado de Emergencia, declarado mediante el decreto No. 265-20 del 20 de julio del 2020, y prorrogado mediante el decreto No. 430-20 del 3 septiembre del 2020 parar enfrentar el COVID-19.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.