Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.Nacionales
Senado ratifica préstamos por US$500 millones para financiar crisis sanitaria
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.La senadora Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno senatorial, y por el financiamiento el único no votó solamente la banca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Adujo el mismo indica que la pandemia del COVID-19 ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera.
El préstamo fue suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma fue remitida por Poder Ejecutivo.
Desacuerdo
Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó que el actual Gobierno haya tomado en los primeros 44 días, US$500 y 3,800 millones, que suman US$4,300 millones, lo que significa más de RD$97 millones.
Deploró la carrera de endeudamiento que lleva el Gobierno del PRM, “y hemos dicho que vamos a hacer una oposición sensatez y la nobleza del PLD, pero están abusando de un partido que quiere ser solidario, que desea contribuir con las autoridades para que solucionen los problemas de los más pobres de la nación”.
La senadora Raful aclaró al vocero del PLD que el préstamo de US$500 millones es una responsabilidad del Gobierno pasado, que estaban en el Presupuesto, y que cómo estaban dentro, le correspondió al actual gobierno firmarlo para no embarcarse en otros préstamos más onerosos.
La fuerza del Pueblo
Bautista Rojas Gómez, senador por Hermanas Mirabal, expresó que la situación sanitaria del país, y la pandemia sorprendió al pueblo dominicano, generando una crisis económica.
Señaló que no se puede de manera graciosa criticar el financiamiento, ya que es el momento, de una manera responsable, de enfrentar la crisis sanitaria, para que se haga viable la crisis económica.
“Los préstamos eran buenos y hoy son malos, pero debemos pensar en la experiencia que nos dejó la crisis financiera 2008. Exhorto a mis colegas a no politizar la crisis. El momento requiere de madurez para enfrentar la crisis económica, y ser solidario con el pueblo, y por esa situación la fuerza del pueblo dará un voto crítico por el financiamiento”, aclaró Rojas Gómez.
Reformista Social Cristiano
El vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, informó que el endeudamiento externo no solo es del pasado Gobierno, sino de otras administraciones gubernamentales, entre ellos la propia del Partido Reformista, y por eso anunció que votaría a favor del préstamo.
En la sesión de este miércoles, los senadores dieron lectura al quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo por el Estado de Emergencia declarado mediante el decreto No. 265-20, y prorrogado mediante decreto No. 430-20 de fecha 3 de septiembre del año en curso, como medida para enfrentar la covid-19.
En la misma indica las medidas que continúa tomando el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad, así como la reactivación de la economía de manera responsable.
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, declaró que este préstamo debió evitarse, si el gobierno del presidente Danilo Medina hubiera tomada las medidas drásticas y responsable para frenar el avance del coronavirus.
Otras iniciativas
Los legisladores sancionaron varias resoluciones entre estas la que solicita al Poder Ejecutivo ir en auxilio del sector agropecuario por los daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Laura, de la autoría del senador por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado.
Además, fue aprobada la resolución que solicita al Poder Ejecutivo el reinicio y conclusión de los trabajos del Malecón de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, y pide la creación de una comisión especial para la revisión de esta obra, pieza del senador por esa provincia, Alexis Victoria Yeb.
Los senadores sancionaron el proyecto que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de las propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expenden comidas y bebidas, iniciativa que sometieron los exsenadores Adriano Sánchez Roa y Luis Rene Canaán Rojas.
Otro proyecto aprobado es el que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal (Coramirabal). Igualmente, fue aprobada en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre “Doctor Washington de Peña”, la calle diagonal B de la Urbanización Renacimiento, del Distrito Nacional.
También el pleno del Senado aprobó el quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Estado de Emergencia, declarado mediante el decreto No. 265-20 del 20 de julio del 2020, y prorrogado mediante el decreto No. 430-20 del 3 septiembre del 2020 parar enfrentar el COVID-19.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.