Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.Nacionales
Senado ratifica préstamos por US$500 millones para financiar crisis sanitaria
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.La senadora Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno senatorial, y por el financiamiento el único no votó solamente la banca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Adujo el mismo indica que la pandemia del COVID-19 ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera.
El préstamo fue suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma fue remitida por Poder Ejecutivo.
Desacuerdo
Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó que el actual Gobierno haya tomado en los primeros 44 días, US$500 y 3,800 millones, que suman US$4,300 millones, lo que significa más de RD$97 millones.
Deploró la carrera de endeudamiento que lleva el Gobierno del PRM, “y hemos dicho que vamos a hacer una oposición sensatez y la nobleza del PLD, pero están abusando de un partido que quiere ser solidario, que desea contribuir con las autoridades para que solucionen los problemas de los más pobres de la nación”.
La senadora Raful aclaró al vocero del PLD que el préstamo de US$500 millones es una responsabilidad del Gobierno pasado, que estaban en el Presupuesto, y que cómo estaban dentro, le correspondió al actual gobierno firmarlo para no embarcarse en otros préstamos más onerosos.
La fuerza del Pueblo
Bautista Rojas Gómez, senador por Hermanas Mirabal, expresó que la situación sanitaria del país, y la pandemia sorprendió al pueblo dominicano, generando una crisis económica.
Señaló que no se puede de manera graciosa criticar el financiamiento, ya que es el momento, de una manera responsable, de enfrentar la crisis sanitaria, para que se haga viable la crisis económica.
“Los préstamos eran buenos y hoy son malos, pero debemos pensar en la experiencia que nos dejó la crisis financiera 2008. Exhorto a mis colegas a no politizar la crisis. El momento requiere de madurez para enfrentar la crisis económica, y ser solidario con el pueblo, y por esa situación la fuerza del pueblo dará un voto crítico por el financiamiento”, aclaró Rojas Gómez.
Reformista Social Cristiano
El vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, informó que el endeudamiento externo no solo es del pasado Gobierno, sino de otras administraciones gubernamentales, entre ellos la propia del Partido Reformista, y por eso anunció que votaría a favor del préstamo.
En la sesión de este miércoles, los senadores dieron lectura al quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo por el Estado de Emergencia declarado mediante el decreto No. 265-20, y prorrogado mediante decreto No. 430-20 de fecha 3 de septiembre del año en curso, como medida para enfrentar la covid-19.
En la misma indica las medidas que continúa tomando el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad, así como la reactivación de la economía de manera responsable.
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, declaró que este préstamo debió evitarse, si el gobierno del presidente Danilo Medina hubiera tomada las medidas drásticas y responsable para frenar el avance del coronavirus.
Otras iniciativas
Los legisladores sancionaron varias resoluciones entre estas la que solicita al Poder Ejecutivo ir en auxilio del sector agropecuario por los daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Laura, de la autoría del senador por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado.
Además, fue aprobada la resolución que solicita al Poder Ejecutivo el reinicio y conclusión de los trabajos del Malecón de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, y pide la creación de una comisión especial para la revisión de esta obra, pieza del senador por esa provincia, Alexis Victoria Yeb.
Los senadores sancionaron el proyecto que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de las propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expenden comidas y bebidas, iniciativa que sometieron los exsenadores Adriano Sánchez Roa y Luis Rene Canaán Rojas.
Otro proyecto aprobado es el que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal (Coramirabal). Igualmente, fue aprobada en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre “Doctor Washington de Peña”, la calle diagonal B de la Urbanización Renacimiento, del Distrito Nacional.
También el pleno del Senado aprobó el quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Estado de Emergencia, declarado mediante el decreto No. 265-20 del 20 de julio del 2020, y prorrogado mediante el decreto No. 430-20 del 3 septiembre del 2020 parar enfrentar el COVID-19.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.