Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.Nacionales
Senado ratifica préstamos por US$500 millones para financiar crisis sanitaria
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por el COVID-19, así como el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.La senadora Faride Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno senatorial, y por el financiamiento el único no votó solamente la banca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Adujo el mismo indica que la pandemia del COVID-19 ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera.
El préstamo fue suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma fue remitida por Poder Ejecutivo.
Desacuerdo
Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó que el actual Gobierno haya tomado en los primeros 44 días, US$500 y 3,800 millones, que suman US$4,300 millones, lo que significa más de RD$97 millones.
Deploró la carrera de endeudamiento que lleva el Gobierno del PRM, “y hemos dicho que vamos a hacer una oposición sensatez y la nobleza del PLD, pero están abusando de un partido que quiere ser solidario, que desea contribuir con las autoridades para que solucionen los problemas de los más pobres de la nación”.
La senadora Raful aclaró al vocero del PLD que el préstamo de US$500 millones es una responsabilidad del Gobierno pasado, que estaban en el Presupuesto, y que cómo estaban dentro, le correspondió al actual gobierno firmarlo para no embarcarse en otros préstamos más onerosos.
La fuerza del Pueblo
Bautista Rojas Gómez, senador por Hermanas Mirabal, expresó que la situación sanitaria del país, y la pandemia sorprendió al pueblo dominicano, generando una crisis económica.
Señaló que no se puede de manera graciosa criticar el financiamiento, ya que es el momento, de una manera responsable, de enfrentar la crisis sanitaria, para que se haga viable la crisis económica.
“Los préstamos eran buenos y hoy son malos, pero debemos pensar en la experiencia que nos dejó la crisis financiera 2008. Exhorto a mis colegas a no politizar la crisis. El momento requiere de madurez para enfrentar la crisis económica, y ser solidario con el pueblo, y por esa situación la fuerza del pueblo dará un voto crítico por el financiamiento”, aclaró Rojas Gómez.
Reformista Social Cristiano
El vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, informó que el endeudamiento externo no solo es del pasado Gobierno, sino de otras administraciones gubernamentales, entre ellos la propia del Partido Reformista, y por eso anunció que votaría a favor del préstamo.
En la sesión de este miércoles, los senadores dieron lectura al quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo por el Estado de Emergencia declarado mediante el decreto No. 265-20, y prorrogado mediante decreto No. 430-20 de fecha 3 de septiembre del año en curso, como medida para enfrentar la covid-19.
En la misma indica las medidas que continúa tomando el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad, así como la reactivación de la economía de manera responsable.
El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, declaró que este préstamo debió evitarse, si el gobierno del presidente Danilo Medina hubiera tomada las medidas drásticas y responsable para frenar el avance del coronavirus.
Otras iniciativas
Los legisladores sancionaron varias resoluciones entre estas la que solicita al Poder Ejecutivo ir en auxilio del sector agropecuario por los daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Laura, de la autoría del senador por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado.
Además, fue aprobada la resolución que solicita al Poder Ejecutivo el reinicio y conclusión de los trabajos del Malecón de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, y pide la creación de una comisión especial para la revisión de esta obra, pieza del senador por esa provincia, Alexis Victoria Yeb.
Los senadores sancionaron el proyecto que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de las propinas en hoteles, restaurantes, cafés, barras y establecimientos comerciales donde se expenden comidas y bebidas, iniciativa que sometieron los exsenadores Adriano Sánchez Roa y Luis Rene Canaán Rojas.
Otro proyecto aprobado es el que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal (Coramirabal). Igualmente, fue aprobada en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre “Doctor Washington de Peña”, la calle diagonal B de la Urbanización Renacimiento, del Distrito Nacional.
También el pleno del Senado aprobó el quinto informe remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Estado de Emergencia, declarado mediante el decreto No. 265-20 del 20 de julio del 2020, y prorrogado mediante el decreto No. 430-20 del 3 septiembre del 2020 parar enfrentar el COVID-19.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.