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Senado uruguayo aprobó ley para despenalizar el aborto

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Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar la interrumpción del embarazo. Este miércoles el Senado uruguayo aprobó la ley de despenalización del aborto luego de varias horas de debate.

Resta que el presidente José Mujica promulgue la ley para que entre en vigor. (Foto: Archivo)

Con 17 votos a favor, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, tras una jornada de debate de más de cuatro horas.

El corresponsal de teleSUR en Uruguay, Fabián Cardozo, reportó que “17 votos, 16 del Frente Amplio y uno del senador Jorge Sarabia del opositor Partido Nacional, permiten que a partir de ahora sea el Ministerio de Salud Pública quien deba reglamentar esta ley”.

El Partido Nacional adelantó intención de convocar a una consulta popular en rechazo de la normativa y ha dicho que en caso que sea la oposición quien triunfe en las próximas elecciones esta ley podría ser anulada.

Luego de la aprobación en el Senado falta que el presidente uruguayo, José Mujica, la promulgue para que entre en vigor.

La ley establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las remitirá a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.

Posteriormente, la mujer tiene cinco día para reflexionar y podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro de salud. Sin embargo, los abortos que se realicen fuera de esta normativa continuarán siendo ilegales.

La norma estipula que “la interrupción del embarazo no será penalizada”, siempre y cuando la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos establecidos, en casos de existir riesgos de salud para la madre, y mientras el procedimiento se realice en centros de salud y bajo supervisión de las autoridades.

También establece que los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen.

En tanto, a las instituciones que por su “ideario” sean contrarias al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, no se las obligará a realizar los procedimientos, pero sí deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.

Anualmente en Uruguay se producen alrededor de 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales. La nueva ley deja sin efecto la legislación de 1938 que penaliza entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que aborte y hasta dos años de cárcel para quien lo practique.

Tras la aprobación de la propuesta en el Senado, Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o cuando la mujer fue víctima de una violación.

El último antecedente de despenalización del aborto en Uruguay data de 2008, cuando el expresidente Tabaré Vázquez vetó la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, basado en razones filosóficas y biológicas.

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Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación

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La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años

Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.

La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.

Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.

En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.

La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.

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Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo

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Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.

La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.

Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.

Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.

Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.

También, se reconoció la importancia de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), desarrollados con la OIT, como instrumentos clave para alinear políticas laborales nacionales con los estándares internacionales, promoviendo empleos de calidad, protección social y respeto a los derechos laborales.

De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.

Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.

Además del ministro Eddy Olivares, participaron Jacqueline Muñoz de Cedeño, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Andrés Romero de Costa Rica, Wilmer Fernández de Honduras, Oscar Rolando Castro de El Salvador y Miriam Roquel Chávez de Guatemala.

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Haití cerca parálisis económica: Pandillas elevan paso gasolinas

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Por PRENSA LATINA

Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.

Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.

Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.

COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN

De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.

Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).

En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.

LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES

“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.

Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.

De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.

ro/joe

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