Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar la interrumpción del embarazo. Este miércoles el Senado uruguayo aprobó la ley de despenalización del aborto luego de varias horas de debate.
Resta que el presidente José Mujica promulgue la ley para que entre en vigor. (Foto: Archivo)
Con 17 votos a favor, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, tras una jornada de debate de más de cuatro horas.
El corresponsal de teleSUR en Uruguay, Fabián Cardozo, reportó que “17 votos, 16 del Frente Amplio y uno del senador Jorge Sarabia del opositor Partido Nacional, permiten que a partir de ahora sea el Ministerio de Salud Pública quien deba reglamentar esta ley”.
El Partido Nacional adelantó intención de convocar a una consulta popular en rechazo de la normativa y ha dicho que en caso que sea la oposición quien triunfe en las próximas elecciones esta ley podría ser anulada.
Luego de la aprobación en el Senado falta que el presidente uruguayo, José Mujica, la promulgue para que entre en vigor.
La ley establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las remitirá a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.
Posteriormente, la mujer tiene cinco día para reflexionar y podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro de salud. Sin embargo, los abortos que se realicen fuera de esta normativa continuarán siendo ilegales.
La norma estipula que “la interrupción del embarazo no será penalizada”, siempre y cuando la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos establecidos, en casos de existir riesgos de salud para la madre, y mientras el procedimiento se realice en centros de salud y bajo supervisión de las autoridades.
También establece que los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen.
En tanto, a las instituciones que por su “ideario” sean contrarias al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, no se las obligará a realizar los procedimientos, pero sí deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.
Anualmente en Uruguay se producen alrededor de 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales. La nueva ley deja sin efecto la legislación de 1938 que penaliza entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que aborte y hasta dos años de cárcel para quien lo practique.
Tras la aprobación de la propuesta en el Senado, Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o cuando la mujer fue víctima de una violación.
El último antecedente de despenalización del aborto en Uruguay data de 2008, cuando el expresidente Tabaré Vázquez vetó la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, basado en razones filosóficas y biológicas.
Ciudad Juárez, (México).-Migrantes en la frontera norte de México luchan contrarreloj por una cita de asilo en Estados Unidos con ‘CBP One’, aplicación digital de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que el próximo presidente, Donald Trump, ha prometido eliminar, lo que deja a miles en el limbo.
El clima de angustia ha crecido en los últimos meses en Ciudad Juárez, limítrofe con el estadounidense El Paso, Texas, donde migrantes afirman a EFE que se han extendido los tiempos de espera para agendar citas, hay fallas técnicas y una alta demanda antes de la investidura de Trump, el 20 de enero.
«Primeramente, espero que me llegue la aprobación de la cita antes que tome posesión (Trump) y, en caso de que no llegue, esperar a ver qué sucede», comentó Ricardo Bravo, venezolano que lleva días viviendo en la frontera de Ciudad Juárez.
Los migrantes recuerdan que, durante su primera Presidencia (2017-2021), Trump implementó medidas restrictivas como el programa ‘Quédate en México’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos.
“Yo pienso que, si no se busca una manera antes de que Trump tome su mandato, todo eso va a desbordar las fronteras, nuevamente todos los venezolanos, cubanos, haitianos, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, todas esas personas van a buscar la manera de ingresar al país ilegalmente”, vaticinó Ricardo.
La migración no para
A pesar de una caída del 76 % en la detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos desde diciembre, según el Gobierno mexicano, la migración irregular a través de México subió un 193 % interanual hasta un récord de más de 712.000 personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.
Entre quienes buscan llegar a Estados Unidos también hay mexicanos, como Fátima García Morales, originaria del sureño estado de Campeche que lleva siete meses en Ciudad Juárez en espera de una cita de asilo.
“Nosotros venimos huyendo por el riesgo de que nos vayan a quitar a nuestras hijas para prostituirlas más adelante, cuando ellas crezcan más, o a nosotras las mujeres nos vayan a hacer algo. Ese es el riesgo del que nosotros los mexicanos también estamos huyendo», explicó.
Una tecnología insuficiente
La Administración del presidente Joe Biden anunció la aplicación ‘CBP One’ como una solución tecnológica para ordenar el acceso a los puertos de entrada en la frontera, pero los activistas la critican por su limitada capacidad para responder a la alta demanda.
Muchos migrantes denuncian problemas constantes, como bloqueos en la plataforma, horarios restrictivos para agendar citas y falta de asistencia técnica.
«No todos tienen un teléfono adecuado o acceso a internet. Es una herramienta que excluye a los más vulnerables», sostuvo Lourdes Contreras, voluntaria en un albergue local.
«La gente aquí está desesperada, y cada día que pasa sin una cita aumenta su ansiedad», agregó.
La situación se agrava por el clima de urgencia que ha despertado el triunfo de Trump en los migrantes, quienes temen que el tiempo no les permita completar los trámites necesarios antes de posibles cambios legales, como las deportaciones masivas.
Los albergues en Ciudad Juárez también están a la expectativa, y las organizaciones que trabajan en la región advierten de que la falta de soluciones efectivas está poniendo en riesgo tanto a los migrantes como a las comunidades que los acogen.
Además, el impacto psicológico de la espera y la incertidumbre se ha vuelto evidente.
“No sabemos qué es lo que va a suceder, si van a deportar a todos aquí por la franja fronteriza o únicamente a los desplazados mexicanos o los mexicanos que están en Estados Unidos aquí a la frontera», expresó el pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano de la Iglesia Metodista de México.
“Creo yo que México, y todas las fronteras de México, no estamos preparados para poder recibir a esas personas y poder darles algún tipo de albergue», alertó.
Uruguay celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para las que 2,7 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado entre el oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio).
Las últimas encuestas expusieron gran paridad entre ambos políticos, con una leve ventaja de la izquierda, aunque con una distancia dentro del margen de error de las consultoras.
Las encuestas del balotaje en Uruguay pronostican una reñida definición entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi (AP)
En la primera vuelta celebrada el pasado 27 de octubre Orsi consiguió el 43,92% de los votos frente al 26,7% de Delgado, con la diferencia que, ahora, el oficialismo compite con el respaldo de todos sus socios que, en su totalidad, suman el 47,7 por ciento.
jornada de votación
La jornada de votación se desarrollará entre las 08:00 y las 19:30 hora local, dada la alta incertidumbre, no se prevé que haya datos disponibles antes de las 21:30.
Este jueves, antes del inicio de la veda, los políticos hicieron sus cierres de campaña en los que, una vez más, aprovecharon para hablar de sus proyectos y promesas para un posible gobierno.
“Hoy no representamos partidos, nosotros representamos proyectos”, dijo en Montevideo Delgado, en alusión a la coalición que formó con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista. “No solamente júntense para ganar, sino júntense para gobernar. Más que mayoría, (es importante) buscar acuerdos”, agregó en referencia a la postura dialoguista que prometió adoptar ante un eventual triunfo.
Por su parte, el delfín del ex presidente José Mujica habló en Las Piedras e insistió en la idea de que Uruguay debe “resolver entre dos proyectos”: “Nuestro proyecto pasa por el país de las certezas. Por el proyecto de la certidumbre y el país de las certezas”.
La elección del presidente será clave para los próximos años de la política uruguaya, ya que definirá el clima en que uno u otro partido podrá gobernar, puesto que 16 de los 30 escaños del Senado quedaron en manos del Frente Amplio, mientras que 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados son de la coalición gobernante.
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Esta misma semana, dos aviones comerciales estadounidenses fueron tiroteados, lo que llevó al cierre del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el principal del país, y a la suspensión de vuelos por parte de varias compañías.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
El Gobierno de Moise llegó a denunciar planes para asesinarlo en medio de controversias sobre el fin de su mandato que, según la oposición expiraba el 7 de febrero de 2021, pero el mandatario dada una interpretación personal de la Constitución, aseguraba que era un año después, desatando entonces multitudinarias protestas, en muchas ocasiones violentas.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».