Santo Domingo, RD.-El proyecto que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el cual busca proteger a féminas extranjeras ilegales, será retirado por el senador Félix Bautista, autor del mismo.Más Noticias
Legislador retirará propuesta sobre protección a las mujeres ilegales
Santo Domingo, RD.-El proyecto que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el cual busca proteger a féminas extranjeras ilegales, será retirado por el senador Félix Bautista, autor del mismo.La decisión del legislador está motivada en la confusión que ha generado ese tema, que ha recibido el rechazo de diversos sectores.
“Soy un defensor de la Constitución y del respeto a nuestra soberanía. El Estado dominicano, por mandato de la Constitución y la ley tiene derecho a deportar a cualquier extranjero que se encuentre en territorio Nacional en condición irregular, sin importar su nacionalidad”, precisó el senador Bautista.
Expuso que el derecho a acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva corresponde a toda persona, sin distinción de su condición migratoria.
Pero acotó que esa garantía constitucional no debe entenderse como una herramienta para promover una ilegalidad.
Puntualizó que el proyecto de su autoría establece que la Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de atención frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dure el proceso.
“La Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de la atención integral frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dura el proceso”, establece el artículo 36 de la propuesta legislativa del senador por San Juan.
El legislador argumentó que eso es en virtud del artículo 69 de la Constitución, sobre la tutela judicial efectiva, que se refiera a que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva.
“No se establece en la Constitución una distinción entre legales e ilegales”, enfatizó.
Bautista recordó su propuesta legislativa fue presentada en el 2014 y sostuvo que es diferente a la del Ejecutivo.
La pieza de Bautista fue reintroducida el 19 de enero de 2023.
Proyecto del Ejecutivo
Empero, el Poder Ejecutivo también apoderó al Senado de otro proyecto de ley que contiene similares garantías para las víctimas de violencia de género en situación de ilegalidad y prohíbe su deportación, al igual que de sus parientes.
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla, en su artículo 77, las garantías procesales para las víctimas de violencia de género.
Dispone en la letra D del artículo 77, “que las mujeres extranjeras y migrantes y sus familiares a cargo no sean deportadas (os) como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular”.
Como se observa, esta propuesta no solo prohíbe la deportación de las víctimas, sino también de familiares.
También contiene responsabilidades para los medios de comunicación, que de acuerdo con el artículo 55, tendrán la obligación de proteger la integridad e intimidad de las víctimas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas y sus familiares a la hora de divulgar cualquier tipo de información.
Además, asigna a los medios de comunicación la responsabilidad de proteger los datos personales e informaciones privadas de las víctimas de violencia y sus familiares, que pudieran colocarla en situación de riesgo, y prevenir “la violencia simbólica”.
Retiro del proyecto
Recientemente, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto sobre trata y tráfico Ilícito de migrantes que había sometido, a fin de lograr el consenso público necesario, luego de que fuera cuestionado.
CLAVES
Parte del proyecto.
En ese proyecto se contempló gestionar la permanencia regular de las víctimas de trata y explotación sexual en el país “debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
Algo más.
En la pieza, también se obligaba a que toda persona jurídica o entidad pagará una contribución especial “obligatoria” en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las víctimas.
La presión.
El rechazo colectivo obligó al Poder Ejecutivo a retirar la pieza del Congreso Nacional.
1/7 El Senado de la República está apoderado de dos proyectos de Ley sobre el Sistema Integral Para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Uno de mi autoría y otro presentado por el poder Ejecutivo. pic.twitter.com/DQgZmfbyXz
— Félix Bautista (@felixrbautista) February 18, 2023
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.