Santo Domingo, RD.-El proyecto que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el cual busca proteger a féminas extranjeras ilegales, será retirado por el senador Félix Bautista, autor del mismo.Más Noticias
Legislador retirará propuesta sobre protección a las mujeres ilegales
Santo Domingo, RD.-El proyecto que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el cual busca proteger a féminas extranjeras ilegales, será retirado por el senador Félix Bautista, autor del mismo.La decisión del legislador está motivada en la confusión que ha generado ese tema, que ha recibido el rechazo de diversos sectores.
“Soy un defensor de la Constitución y del respeto a nuestra soberanía. El Estado dominicano, por mandato de la Constitución y la ley tiene derecho a deportar a cualquier extranjero que se encuentre en territorio Nacional en condición irregular, sin importar su nacionalidad”, precisó el senador Bautista.
Expuso que el derecho a acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva corresponde a toda persona, sin distinción de su condición migratoria.
Pero acotó que esa garantía constitucional no debe entenderse como una herramienta para promover una ilegalidad.
Puntualizó que el proyecto de su autoría establece que la Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de atención frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dure el proceso.
“La Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de la atención integral frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dura el proceso”, establece el artículo 36 de la propuesta legislativa del senador por San Juan.
El legislador argumentó que eso es en virtud del artículo 69 de la Constitución, sobre la tutela judicial efectiva, que se refiera a que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva.
“No se establece en la Constitución una distinción entre legales e ilegales”, enfatizó.
Bautista recordó su propuesta legislativa fue presentada en el 2014 y sostuvo que es diferente a la del Ejecutivo.
La pieza de Bautista fue reintroducida el 19 de enero de 2023.
Proyecto del Ejecutivo
Empero, el Poder Ejecutivo también apoderó al Senado de otro proyecto de ley que contiene similares garantías para las víctimas de violencia de género en situación de ilegalidad y prohíbe su deportación, al igual que de sus parientes.
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla, en su artículo 77, las garantías procesales para las víctimas de violencia de género.
Dispone en la letra D del artículo 77, “que las mujeres extranjeras y migrantes y sus familiares a cargo no sean deportadas (os) como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular”.
Como se observa, esta propuesta no solo prohíbe la deportación de las víctimas, sino también de familiares.
También contiene responsabilidades para los medios de comunicación, que de acuerdo con el artículo 55, tendrán la obligación de proteger la integridad e intimidad de las víctimas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas y sus familiares a la hora de divulgar cualquier tipo de información.
Además, asigna a los medios de comunicación la responsabilidad de proteger los datos personales e informaciones privadas de las víctimas de violencia y sus familiares, que pudieran colocarla en situación de riesgo, y prevenir “la violencia simbólica”.
Retiro del proyecto
Recientemente, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto sobre trata y tráfico Ilícito de migrantes que había sometido, a fin de lograr el consenso público necesario, luego de que fuera cuestionado.
CLAVES
Parte del proyecto.
En ese proyecto se contempló gestionar la permanencia regular de las víctimas de trata y explotación sexual en el país “debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
Algo más.
En la pieza, también se obligaba a que toda persona jurídica o entidad pagará una contribución especial “obligatoria” en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las víctimas.
La presión.
El rechazo colectivo obligó al Poder Ejecutivo a retirar la pieza del Congreso Nacional.
1/7 El Senado de la República está apoderado de dos proyectos de Ley sobre el Sistema Integral Para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Uno de mi autoría y otro presentado por el poder Ejecutivo. pic.twitter.com/DQgZmfbyXz
— Félix Bautista (@felixrbautista) February 18, 2023
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.
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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días
Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.
La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.
Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.
Expedientes por materias
Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.
El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.
En cuanto a transparencia, el Poder Judicial cuenta con un tablero de control en el cual se puede realizar consultas en el Observatorio Judicial, ver desgloses por salas y materias, así como de expedientes activos.
Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.
La SCJ atribuye su logro de superar la mora a un nuevo modelo de gestión que incluye el portal de acceso digital, la firma digital, votación electrónica, el expediente digital, entre otras novedades tecnológicas.
Lo encontrado en 2019
La SCJ recordó que para el año 2019, había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.
Existían expedientes físicos sin clasificar, falta de clasificación en los recursos, procesos manuales ineficientes, dependencia de firma holográfica y larga duración para la tramitación de los expedientes judiciales.
En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.
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23 minutos de persecución: ¿Qué dice la solicitud de medida de coerción y videos sobre muerte de chofer?
Santo Domingo, R.D.-“Un motorista lo chocó, iba abajo”, respondió, de acuerdo a uno de los videos que circula en las redes sociales, Juan Carlos Soto Ortiz, una de las personas que persiguió a Deivy Carlos Abreu Quezada hasta el Palacio de Justicia de Santiago, lugar en donde le propinaron una herida de arma blanca en su pierna derecha, lo que provocó su muerte.
En la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, se indica que la persecución duró alrededor de 23 minutos (desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:23 p. m.).
El recorrido en contra del conductor del camión recolector de basura inició en el Ensanche Bermúdez y concluyó en el Palacio de Justicia. Antes de ese tiempo, la narración de los hechos no abunda en el conflicto.
Según el relato del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, fue la persona que le propinó la estocada a Deivy Carlos Abreu Quezada.
La unión de los videos que circulan en las redes sociales sobre este crimen y los datos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, detallan lo siguiente:
Jhovanny de Jesús Metz Cruz realizó la persecución en contra de Abreu Quezada en su motocicleta, marca Boxer BM150, color negro, con un diseño en el tanque de color amarillo con verde y con un stiker que dice: “Chucho R”. La misma era conducida por una persona “no individualizada”, “Macho”; iba en la parte de atrás.
Esta motocicleta se supone que fue arrastrada por el chofer del camión recolector de basura. La medida de coerción dice que Deivy Carlos Abreu Quezada “presuntamente impactó a un motorista”.
Al llegar al Palacio de Justicia, cuando el camión reduce la velocidad para entrar, Metz Cruz se desmonta de la motocicleta y lo persigue a pie, corriendo, junto a otras personas. Iba vestido con un casco protector negro que impedía ver su rostro, un abrigo negro manga larga, un pantalón negro y unos crocs blancos.
Cuando Abreu Quezada detiene el camión recolector de basura, dos hombres lo atacan por el área del conductor, obligándolo a que este salte del camión y que Beylor Rodríguez Méndez, seguridad del área, dispare su arma para despejar a la multitud.
En el video se observa al hombre con casco protector negro, abrigo negro manga larga, pantalón negro y unos crocs blancos portar un cuchillo en las manos. Según la medida de solicitud de coerción, era un arma “tipo caza, color negro, de aproximadamente doce (12) pulgadas de longitud”, recogida en el Palacio de Justicia.
Según el video, después de que Jhovanny de Jesús Metz Cruz le propinó la estocada en la pierna, Deivy Carlos Abreu Quezada salta del camión y grita: “Me mató”.
Tras esto, “Macho” sale corriendo del Palacio de Justicia y desaparece. Las autoridades lo persiguen por este crimen y le piden que se entregue.
“Me interceptaron por el camino para matarme… Yo no choqué a nadie; ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara; me interceptaron un motor en el medio”, dice Deivy Carlos Abreu Quezada a un hombre que le pregunta qué pasó, mientras se desangra.
Mientras el hombre sigue preguntando, Deivy Carlos Abreu Quezada empieza a orar y a pedir a Dios que lo perdone y que no lo dejen morir. Su muerte se produce entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, de acuerdo al acta del médico legista realizada en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al otro día del incidente, el 18 de abril.
“Su fallecimiento se produjo de dos a tres horas antes del levantamiento del cadáver”, dice la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que el levantamiento del cadáver es el formulario que llena el médico sobre la muerte de una persona. El mismo se realizó a las 6:00 de la mañana.
Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses laborando en la empresa Comlursa S.R.L., que ofrece el servicio de recolección de basura en Santiago.
Su muerte ha dejado a cinco niños en la orfandad.
Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.