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Legisladores apoyan medidas del Gobierno contra Haití por canal en río Masacre
Santo Domingo.-Fueron apoyadas por senadores del país las medidas implementadas por el gobierno en lo que respecta al conflicto entre la República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en la parte de la hermana nación y que se lega que afectaría el río Masacre.
El senador Casimiro Antonio Marte (Santiago rodríguez) se refirió al tema de la frontera y manifestó su agradecimiento hacia Abinader por la postura asumida sobre el tema y lo expresado en la Asamblea General de las Naciones (ONU).
«Este tema de Haití es un problema que yo venía hablando hacía tiempo de lo que estaba pasando en la frontera y lo venía denunciando por la situación que yo veía, el presidente, sabiamente, cuando vio que le tocaron a República Dominicana, a nuestro río, inmediatamente tomó la medida que debiera haber tomado y Dios está con nosotros y por eso es que Dios nos quiere tanto», destacó Marte.
El legislador sostuvo durante la sesión que los haitianos «metieron la pata para joderse» y que no fueron inteligentes a la hora de iniciar la construcción de ese canal de manera arbitraria. Entiede que que con ese accionar tienen «mala intensión».
«La frontera está cuidada, pierden el miedo que la República Dominicana va como esperábamos y el presidente, quiero decirle que no se meta en abrir fronteras, que no la abra, que sigan con la brutalidad de seguir con el canal que nosotros tampoco le vamos a abrir la frontera y vamos a ver quién es quién», dijo el senador de Santiago Rodríguez.
El senador del partido Primero la Gente culminó sus palabras asegurando estar «contento» porque los haitianos están saliendo del país por si solos.
El legislador Moreno Arias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que la República Dominicana no tiene con quién hablar, debido a que en Haití no hay leyes y autoridades militares.
«No es populismo, no es politiquería y es bien sabido por los que conocemos el país que desde Restauración hasta Bánica y Pedro Santana hay un cruce de haitianos, es la soberanía nacional y la dominicanidad que está en juego», dijo Arias.
En iguales términos se refirió Santiago Zorrilla, senador de El Seibo, quien destacó que para el presidente Abinader una de las decisiones más difíciles fue cerrar la frontera por los alimentos que son vendidos en esa región y de los cuales muchas familias haitianas dependen.
«Nuestro presidente, al igual que todos nosotros, tenemos un compromiso con la soberanía de mantener nuestro territorio seguro y la forma de hacerlo fue cerrando la frontera», dijo Zorrilla.
Un gobierno flojo
De su lado el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Valentín Medrano, acusó al gobierno del PRM de ser «improvisador y flojo» por cerrar la frontera y afectar a cientos de dominicanos que tienen sus negocios en esas provincias.
«Hambre, desolación, desesperación y pérdida de recursos es lo que padecen los dominicanos fronterizos por una decisión improvisada de un gobierno flojo, débil, timorato, ambivalente y con falta de gerencia que, buscando sacar provecho electoral en la presente coyuntura, se ha olvidado de que defender y hacer patria es también proteger y cuidar al hombre y la mujer dominicana», dijo Medrano.
Sesión en Duarte
El Senado de la República realizó este miércoles una sesión extraordinaria desde San Francisco de Macorís, en el marco del 245 aniversario de su fundación y se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana, para dar cumplimiento a una resolución presentada por el senador Franklin Romero.
Durante esta sesión, los senadores aprobaron en primera lectura los proyectos que designa al nuevo hospital regional de San Francisco de Macorís, con el nombre de «Doctor Angel María Gatón», el proyecto de Ley de Vacunas de la República Dominicana y designar con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el Estadio de Futbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega.
Abinader hablará en la ONU este miércoles en la tarde
Ángel María Gatón, fue un médico, investigador y catedrático, oriundo de San Francisco de Macorís y el proyecto para designar un centro con su nombre fue iniciativa del senador Franklin Romero.
El proyecto de ley de Vacunas de la República Dominicana tiene el objetivo de garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación.
La iniciativa ha sido aprobada en varias ocasiones en el Congreso Nacional, pero ha perimido. Este proyecto fue presentado por los senadores Faride Raful, Lía Díaz Santana, Melania Salvador de Jiménez, Bautista Rojas Gómez y Ginnette Bournigal de Jiménez.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.