Nacionales
Legisladores apoyan medidas del Gobierno contra Haití por canal en río Masacre
Santo Domingo.-Fueron apoyadas por senadores del país las medidas implementadas por el gobierno en lo que respecta al conflicto entre la República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en la parte de la hermana nación y que se lega que afectaría el río Masacre.
El senador Casimiro Antonio Marte (Santiago rodríguez) se refirió al tema de la frontera y manifestó su agradecimiento hacia Abinader por la postura asumida sobre el tema y lo expresado en la Asamblea General de las Naciones (ONU).
«Este tema de Haití es un problema que yo venía hablando hacía tiempo de lo que estaba pasando en la frontera y lo venía denunciando por la situación que yo veía, el presidente, sabiamente, cuando vio que le tocaron a República Dominicana, a nuestro río, inmediatamente tomó la medida que debiera haber tomado y Dios está con nosotros y por eso es que Dios nos quiere tanto», destacó Marte.
El legislador sostuvo durante la sesión que los haitianos «metieron la pata para joderse» y que no fueron inteligentes a la hora de iniciar la construcción de ese canal de manera arbitraria. Entiede que que con ese accionar tienen «mala intensión».
«La frontera está cuidada, pierden el miedo que la República Dominicana va como esperábamos y el presidente, quiero decirle que no se meta en abrir fronteras, que no la abra, que sigan con la brutalidad de seguir con el canal que nosotros tampoco le vamos a abrir la frontera y vamos a ver quién es quién», dijo el senador de Santiago Rodríguez.
El senador del partido Primero la Gente culminó sus palabras asegurando estar «contento» porque los haitianos están saliendo del país por si solos.
El legislador Moreno Arias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que la República Dominicana no tiene con quién hablar, debido a que en Haití no hay leyes y autoridades militares.
«No es populismo, no es politiquería y es bien sabido por los que conocemos el país que desde Restauración hasta Bánica y Pedro Santana hay un cruce de haitianos, es la soberanía nacional y la dominicanidad que está en juego», dijo Arias.
En iguales términos se refirió Santiago Zorrilla, senador de El Seibo, quien destacó que para el presidente Abinader una de las decisiones más difíciles fue cerrar la frontera por los alimentos que son vendidos en esa región y de los cuales muchas familias haitianas dependen.
«Nuestro presidente, al igual que todos nosotros, tenemos un compromiso con la soberanía de mantener nuestro territorio seguro y la forma de hacerlo fue cerrando la frontera», dijo Zorrilla.
Un gobierno flojo
De su lado el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Valentín Medrano, acusó al gobierno del PRM de ser «improvisador y flojo» por cerrar la frontera y afectar a cientos de dominicanos que tienen sus negocios en esas provincias.
«Hambre, desolación, desesperación y pérdida de recursos es lo que padecen los dominicanos fronterizos por una decisión improvisada de un gobierno flojo, débil, timorato, ambivalente y con falta de gerencia que, buscando sacar provecho electoral en la presente coyuntura, se ha olvidado de que defender y hacer patria es también proteger y cuidar al hombre y la mujer dominicana», dijo Medrano.
Sesión en Duarte
El Senado de la República realizó este miércoles una sesión extraordinaria desde San Francisco de Macorís, en el marco del 245 aniversario de su fundación y se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana, para dar cumplimiento a una resolución presentada por el senador Franklin Romero.
Durante esta sesión, los senadores aprobaron en primera lectura los proyectos que designa al nuevo hospital regional de San Francisco de Macorís, con el nombre de «Doctor Angel María Gatón», el proyecto de Ley de Vacunas de la República Dominicana y designar con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el Estadio de Futbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega.
Abinader hablará en la ONU este miércoles en la tarde
Ángel María Gatón, fue un médico, investigador y catedrático, oriundo de San Francisco de Macorís y el proyecto para designar un centro con su nombre fue iniciativa del senador Franklin Romero.
El proyecto de ley de Vacunas de la República Dominicana tiene el objetivo de garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación.
La iniciativa ha sido aprobada en varias ocasiones en el Congreso Nacional, pero ha perimido. Este proyecto fue presentado por los senadores Faride Raful, Lía Díaz Santana, Melania Salvador de Jiménez, Bautista Rojas Gómez y Ginnette Bournigal de Jiménez.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.