Nacionales
Senadores aprueban Código Penal acogiéndose a la religión y no a la ciencia
27 de los 29 legisladores presentes en el hemiciclo rechazaron las observaciones del Poder Ejecutivo
Lectura y aprobación de la nueva reforma fiscal que propone el gobierno del presidente Danilo Medina.
Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do
Fecha: 02/11/2012.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Código Penal ya es ley y se mantiene penalización del aborto en cualquier circunstancia, dejando a la mujer dominicana sin el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Este miércoles tras la presentación de un informe ‘‘desfavorable’’ por parte de la comisión especial que evaluó las observaciones del Ejecutivo, los senadores aprobaron el Código Penal de la República Dominicana.
Primero se sometió a la aprobación de la ley y más adelante 27 de los 29 senadores presentes rechazaron las observaciones que remitió el presidente Danilo Medina.
Medina entendía que era necesario permitir la interrupción del embarazo cuando:
- Sea resultado de una violación, rapto o incesto;
- Peligra la vida de la madre;
- La vida del concebido se considere inviable, es decir, debido a una malformación congénita, clínicamente establecida
No obstante, la comisión designada para estudiar las eximentes recomendó a los miembros del Senado ‘‘mantener la Ley del Congreso del nuevo Código Penal tal y como fue remitida al Poder Ejecutivo en fecha 15 de diciembre de 2016’’.
La delegación que revisó la propuesta del mandatario estuvo integrada por los senadores Porfirio Calderón –quien fungió como presidente–, Julio César Valentín, Félix Nova, Luis René Canaán, José Ignacio Paliza, Amarilis Santana, Pedro José Alegría, Juan Olando Mercedes y Amable Aristy Castro.
Aunque eran miembros de la misión, tres de los nueve congresistas no firmaron el informe. En efecto, Paliza, Valentín y Nova discrepaban del documento que se presentó durante la sesión la tarde de este 31 de mayo.
Mujeres desprotegidas
Al tiempo que los legisladores decidían sobre las mujeres, organizaciones feministas miraban esperanzadas hacia el Senado, expectantes de una decisión que las dejara decidir sobre su salud. Pero la decisión no fue satisfactoria.
‘‘Hoy el Congreso, integrado por políticos, reasume y da otra vez lo que son ellos: partidos machistas, un Congreso machista, que no cree en la mujer, que por discurso ya tiene que asumirlo todo como política, pero que a la hora de pasar las palabras a las acciones, se quedan atrás’’, manifestó la ministra de la Mujer, Janet Camilo.
Camilo veló, junto a otras mujeres, desde la explanada del Congreso que se aprobaran las modificaciones sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
‘‘Nosotras hemos defendido esas tres causales, porque es un problema de salud de la vida de las mujeres dominicanas.
Camilo explicó que se debió analizar la situación desde dos aristas: El gasto público hace Salud Pública para prevenir la mortalidad materna, ‘‘que es producto de abortos’’; y segundo, es el tema de la cantidad de niñas en nuestro país que tienen embarazos en adolescentes productos de violaciones
Consideró que el problema no se va a resolver con aumentar la edad mínima para el matrimonio, ‘‘porque aquí la mayoría de niñas no se casan, aquí la mayoría de dominicanos lo que hacen es que se unen consensualmente; entonces el tema de las tres causales es un problema de vida, de salud’’.
Aprovecharon el contexto de Odebrecht para promulgar el Código
De su lado, la diputada y feminista Guadalupe Valdez entendió que los legisladores aprovecharon el escándalo de Odebrecht para ‘‘darle un golpe a los derechos de las mujeres’’.
Aunque prometieron ir hasta instancias internacionales para defender sus derechos, el ambiente tenía un aura de tristeza y maltrato.
‘‘A mí me duele mucho, estoy muy triste, no solamente como ministra, sino como mujer y como feminista ver una sociedad indolente ante las mujeres. Que nos usa para que votemos, que nos usa para que marchemos, pero aquí, pero aquí es más importante el dinero, aquí todas las cámaras están en ese juicio de Odebrecht, pero aquí a nadie le importa que nos sigan matando’’, concluyó.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.