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Senadores aprueban Código Penal acogiéndose a la religión y no a la ciencia

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27 de los 29 legisladores presentes en el hemiciclo rechazaron las observaciones del Poder Ejecutivo

Lectura y aprobación de la nueva reforma fiscal que propone el gobierno del presidente Danilo Medina.
Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do
Fecha: 02/11/2012.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Código Penal ya es ley y se mantiene penalización del aborto en cualquier circunstancia, dejando a la mujer dominicana sin el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Este miércoles tras la presentación de un informe ‘‘desfavorable’’ por parte de la comisión especial que evaluó las observaciones del Ejecutivo, los senadores aprobaron el Código Penal de la República Dominicana.

Primero se sometió a la aprobación de la ley y más adelante 27 de los 29 senadores presentes rechazaron las observaciones que remitió el presidente Danilo Medina.

Medina entendía que era necesario permitir la interrupción del embarazo cuando:

  1. Sea resultado de una violación, rapto o incesto;
  2. Peligra la vida de la madre;
  3. La vida del concebido se considere inviable, es decir, debido a una malformación congénita, clínicamente establecida

No obstante, la comisión designada para estudiar las eximentes recomendó a los miembros del Senado ‘‘mantener la Ley del Congreso del nuevo Código Penal tal y como fue remitida al Poder Ejecutivo en fecha 15 de diciembre de 2016’’.

La delegación que revisó la propuesta del mandatario estuvo integrada por los senadores Porfirio Calderón –quien fungió como presidente–, Julio César Valentín, Félix Nova, Luis René Canaán, José Ignacio Paliza, Amarilis Santana, Pedro José Alegría, Juan Olando Mercedes y Amable Aristy Castro.

Aunque eran miembros de la misión, tres de los nueve congresistas no firmaron el informe. En efecto, Paliza, Valentín y Nova discrepaban del documento que se presentó durante la sesión la tarde de este 31 de mayo.

Mujeres desprotegidas

Al tiempo que los legisladores decidían sobre las mujeres, organizaciones feministas miraban esperanzadas hacia el Senado, expectantes de una decisión que las dejara decidir sobre su salud. Pero la decisión no fue satisfactoria.

‘‘Hoy el Congreso, integrado por políticos, reasume y da otra vez lo que son ellos: partidos machistas, un Congreso machista, que no cree en la mujer, que por discurso ya tiene que asumirlo todo como política, pero que a la hora de pasar las palabras a las acciones, se quedan atrás’’, manifestó la ministra de la Mujer, Janet Camilo.

Camilo veló, junto a otras mujeres, desde la explanada del Congreso que se aprobaran las modificaciones sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

‘‘Nosotras hemos defendido esas tres causales, porque es un problema de salud de la vida de las mujeres dominicanas.

Camilo explicó que se debió analizar la situación desde dos aristas: El gasto público hace Salud Pública para prevenir la mortalidad materna, ‘‘que es producto de abortos’’; y segundo, es el tema de la cantidad de niñas en nuestro país que tienen embarazos en adolescentes productos de violaciones

Consideró que el problema no se va a resolver con aumentar la edad mínima para el matrimonio, ‘‘porque aquí la mayoría de niñas no se casan, aquí la mayoría de dominicanos lo que hacen es que se unen consensualmente; entonces el tema de las tres causales es un problema de vida, de salud’’.

Aprovecharon el contexto de Odebrecht para promulgar el Código

De su lado, la diputada y feminista Guadalupe Valdez entendió que los legisladores aprovecharon el escándalo de Odebrecht para ‘‘darle un golpe a los derechos de las mujeres’’.

Aunque prometieron ir hasta instancias internacionales para defender sus derechos, el ambiente tenía un aura de tristeza y maltrato.

‘‘A mí me duele mucho, estoy muy triste, no solamente como ministra, sino como mujer y como feminista ver una sociedad indolente ante las mujeres. Que nos usa para que votemos, que nos usa para que marchemos, pero aquí, pero aquí es más importante el dinero, aquí todas las cámaras están en ese juicio de Odebrecht, pero aquí a nadie le importa que nos sigan matando’’, concluyó.

acento.com.do

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Sin incluir indexación salarial diputados aprueban en primera lectura Presupuesto 2026.

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Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.

El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.

Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.

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Nuevas coberturas que SeNaSa acaba de aprobar

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Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.

Entre las nuevas coberturas aprobadas se encuentran procedimientos quirúrgicos especializados, incluyendo mamoplastia de reducción por gigantomastia, mamoplastia de reducción por hipertrofia mamaria sintomática y mamoplastia de reducción por ginecomastia.

En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.

También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.

Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.

Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).

Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.

Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.

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Crean consejo consultivo en SeNaSa para supervisar operaciones de altos montos

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Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud  conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.

Peralta explicó que la creación de este consejo consultivo busca garantizar que las decisiones financieras significativas sean tomadas de forma colegiada. “Lo que quiere decir es que, de ahora en adelante, para que se haga un fraude tendría que involucrar a un grupo de personas. No es lo mismo que lo haga un funcionario individual”, señaló durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.

Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.

La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.

En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.

Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).

Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.

Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

 

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