Nacionales
Gobierno continúa política irracional de endeudamiento del pais.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes el Senado de la República aprobó de urgencia elevar el monto autorizado en la Ley 90-24 sobre la cantidad de “deuda pública” establecida en el Presupuesto General del Estado de este año, aumentándole RD$ 10,627 millones que podrá utilizar el Poder Ejecutivo en la realización de préstamos con entidades financieras.
El Poder Ejecutivo expresó en el proyecto de ley enviado el pasado 9 de septiembre a la Cámara Alta, que resulta necesario lograr el incremento de este apartado en la estimación financiera del gasto gubernamental, ya que esto permitiría la “adecuación del monto”.
Además, el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader justifica el incremento, destacando que “responde a la expansión del gasto de capital prevista en la modificación del presupuesto estatal”.
“Esta medida se ajusta a una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía nacional y promover un crecimiento sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la regla y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, declara parte de los considerandos del documento legislativo.
La Ley 90-24 le habilita en la actualidad al Ministerio de Hacienda y Economía “colocar valores de deuda pública” hasta una cifra máxima de RD$ 350,990,390,000; siendo menor a la que el Gobierno intenta alcanzar, la cual podría ser elevada a RD$ 361,618,239,013 pese a restar tan solo alrededor de tres meses del año.
Cámara de Diputados
Para entrar en vigencia, esta propuesta de modificación legal debe ser aprobada aún por la Cámara de Diputados en dos discusiones, pudiendo ser luego enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Paren la ola de préstamos”
Mientras tanto, los tres senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), partido opositor único en el órgano legislativo, decidieron votar en contra para rechazar la solicitud “de más préstamos” que realiza la Presidencia.
El vocero de la bancada, senador Eduard Espiritusanto, aseguró que las constantes peticiones de empréstitos presentadas en el Congreso Nacional están provocando el “endeudamiento de hasta dominicanos que todavía no han nacido”.
“Ya hasta la sexta generación debe dinero. Le pido al Gobierno dominicano parar la ola de préstamos y tomar en cuenta que el gasto en publicidad y otros gastos innecesarios que hoy tenemos lo controlemos”, dijo el portavoz al realizar una ponencia durante la sesión.
El congresista considera que las decisiones del tren gubernamental dirigido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo representan la confirmación “de que no existe una estrategia efectiva para controlar el déficit, ni para fortalecer las finanzas públicas con recursos propios”.
Además, Espiritusanto entiende que la rapidez con la cual el Senado sancionó la pieza es una evidencia de la “improvisación y una preocupante falta de previsión en la conducción de la política económica nacional”.
“Este Gobierno privilegia los gastos corrientes por encima de la inversión capital. Son especialistas en tomar préstamos y gastarlos de manera equivocada; en consecuencia, la Fuerza del Pueblo se obtendrá de votar por esos préstamos…”, afirmó.
¿Cuál es el impacto de los préstamos en la sociedad?
La senadora oficialista Ginette Bournigal normalizó este hecho, indicando que “todos los años siempre es lo mismo”, razón por la cual no debe surgir “ninguna alaraca”. Ante el debate originado entre los representantes del PRM y la FP sobre el impacto que tienen estas acciones en la sociedad, la congresista destacó diversas obras realizadas para continuar el desarrollo del país.
“Yo le puedo decir varios sitios donde se pueden ver (las obras de los préstamos). Se construyó una carretera en Puerto Plata, techados, muchos puentes, muchas escuelas con un nudo legal que se terminaron y así vamos solucionando muchas cosas. Ese es el papel de la oposición…”, dijo Bournigal.
El senador opositor Félix Bautista alegó que el proyecto de ley no especifica el uso ideado por las autoridades para este nuevo fondo financiero, razón por la cual no votaron en su favor.
“Porque no se le explica a la ciudadanía en qué se va a gastar el dinero. Si usted me dice que toma 10,000 millones de pesos adicionales para hacer una obra… Pero no explica en qué se va a gastar el dinero, ese incremento que no estaba contemplado en el presupuesto”, concluyó diciendo Bautista.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.