Nacionales
Gobierno continúa política irracional de endeudamiento del pais.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes el Senado de la República aprobó de urgencia elevar el monto autorizado en la Ley 90-24 sobre la cantidad de “deuda pública” establecida en el Presupuesto General del Estado de este año, aumentándole RD$ 10,627 millones que podrá utilizar el Poder Ejecutivo en la realización de préstamos con entidades financieras.
El Poder Ejecutivo expresó en el proyecto de ley enviado el pasado 9 de septiembre a la Cámara Alta, que resulta necesario lograr el incremento de este apartado en la estimación financiera del gasto gubernamental, ya que esto permitiría la “adecuación del monto”.
Además, el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader justifica el incremento, destacando que “responde a la expansión del gasto de capital prevista en la modificación del presupuesto estatal”.
“Esta medida se ajusta a una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía nacional y promover un crecimiento sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la regla y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, declara parte de los considerandos del documento legislativo.
La Ley 90-24 le habilita en la actualidad al Ministerio de Hacienda y Economía “colocar valores de deuda pública” hasta una cifra máxima de RD$ 350,990,390,000; siendo menor a la que el Gobierno intenta alcanzar, la cual podría ser elevada a RD$ 361,618,239,013 pese a restar tan solo alrededor de tres meses del año.
Cámara de Diputados
Para entrar en vigencia, esta propuesta de modificación legal debe ser aprobada aún por la Cámara de Diputados en dos discusiones, pudiendo ser luego enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Paren la ola de préstamos”
Mientras tanto, los tres senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), partido opositor único en el órgano legislativo, decidieron votar en contra para rechazar la solicitud “de más préstamos” que realiza la Presidencia.
El vocero de la bancada, senador Eduard Espiritusanto, aseguró que las constantes peticiones de empréstitos presentadas en el Congreso Nacional están provocando el “endeudamiento de hasta dominicanos que todavía no han nacido”.
“Ya hasta la sexta generación debe dinero. Le pido al Gobierno dominicano parar la ola de préstamos y tomar en cuenta que el gasto en publicidad y otros gastos innecesarios que hoy tenemos lo controlemos”, dijo el portavoz al realizar una ponencia durante la sesión.
El congresista considera que las decisiones del tren gubernamental dirigido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo representan la confirmación “de que no existe una estrategia efectiva para controlar el déficit, ni para fortalecer las finanzas públicas con recursos propios”.
Además, Espiritusanto entiende que la rapidez con la cual el Senado sancionó la pieza es una evidencia de la “improvisación y una preocupante falta de previsión en la conducción de la política económica nacional”.
“Este Gobierno privilegia los gastos corrientes por encima de la inversión capital. Son especialistas en tomar préstamos y gastarlos de manera equivocada; en consecuencia, la Fuerza del Pueblo se obtendrá de votar por esos préstamos…”, afirmó.
¿Cuál es el impacto de los préstamos en la sociedad?
La senadora oficialista Ginette Bournigal normalizó este hecho, indicando que “todos los años siempre es lo mismo”, razón por la cual no debe surgir “ninguna alaraca”. Ante el debate originado entre los representantes del PRM y la FP sobre el impacto que tienen estas acciones en la sociedad, la congresista destacó diversas obras realizadas para continuar el desarrollo del país.
“Yo le puedo decir varios sitios donde se pueden ver (las obras de los préstamos). Se construyó una carretera en Puerto Plata, techados, muchos puentes, muchas escuelas con un nudo legal que se terminaron y así vamos solucionando muchas cosas. Ese es el papel de la oposición…”, dijo Bournigal.
El senador opositor Félix Bautista alegó que el proyecto de ley no especifica el uso ideado por las autoridades para este nuevo fondo financiero, razón por la cual no votaron en su favor.
“Porque no se le explica a la ciudadanía en qué se va a gastar el dinero. Si usted me dice que toma 10,000 millones de pesos adicionales para hacer una obra… Pero no explica en qué se va a gastar el dinero, ese incremento que no estaba contemplado en el presupuesto”, concluyó diciendo Bautista.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.