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Gobierno continúa política irracional de endeudamiento del pais.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes el Senado de la República aprobó de urgencia elevar el monto autorizado en la Ley 90-24 sobre la cantidad de “deuda pública” establecida en el Presupuesto General del Estado de este año, aumentándole RD$ 10,627 millones que podrá utilizar el Poder Ejecutivo en la realización de préstamos con entidades financieras.
El Poder Ejecutivo expresó en el proyecto de ley enviado el pasado 9 de septiembre a la Cámara Alta, que resulta necesario lograr el incremento de este apartado en la estimación financiera del gasto gubernamental, ya que esto permitiría la “adecuación del monto”.
Además, el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader justifica el incremento, destacando que “responde a la expansión del gasto de capital prevista en la modificación del presupuesto estatal”.
“Esta medida se ajusta a una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía nacional y promover un crecimiento sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la regla y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, declara parte de los considerandos del documento legislativo.
La Ley 90-24 le habilita en la actualidad al Ministerio de Hacienda y Economía “colocar valores de deuda pública” hasta una cifra máxima de RD$ 350,990,390,000; siendo menor a la que el Gobierno intenta alcanzar, la cual podría ser elevada a RD$ 361,618,239,013 pese a restar tan solo alrededor de tres meses del año.
Cámara de Diputados
Para entrar en vigencia, esta propuesta de modificación legal debe ser aprobada aún por la Cámara de Diputados en dos discusiones, pudiendo ser luego enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Paren la ola de préstamos”
Mientras tanto, los tres senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), partido opositor único en el órgano legislativo, decidieron votar en contra para rechazar la solicitud “de más préstamos” que realiza la Presidencia.
El vocero de la bancada, senador Eduard Espiritusanto, aseguró que las constantes peticiones de empréstitos presentadas en el Congreso Nacional están provocando el “endeudamiento de hasta dominicanos que todavía no han nacido”.
“Ya hasta la sexta generación debe dinero. Le pido al Gobierno dominicano parar la ola de préstamos y tomar en cuenta que el gasto en publicidad y otros gastos innecesarios que hoy tenemos lo controlemos”, dijo el portavoz al realizar una ponencia durante la sesión.
El congresista considera que las decisiones del tren gubernamental dirigido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo representan la confirmación “de que no existe una estrategia efectiva para controlar el déficit, ni para fortalecer las finanzas públicas con recursos propios”.
Además, Espiritusanto entiende que la rapidez con la cual el Senado sancionó la pieza es una evidencia de la “improvisación y una preocupante falta de previsión en la conducción de la política económica nacional”.
“Este Gobierno privilegia los gastos corrientes por encima de la inversión capital. Son especialistas en tomar préstamos y gastarlos de manera equivocada; en consecuencia, la Fuerza del Pueblo se obtendrá de votar por esos préstamos…”, afirmó.
¿Cuál es el impacto de los préstamos en la sociedad?
La senadora oficialista Ginette Bournigal normalizó este hecho, indicando que “todos los años siempre es lo mismo”, razón por la cual no debe surgir “ninguna alaraca”. Ante el debate originado entre los representantes del PRM y la FP sobre el impacto que tienen estas acciones en la sociedad, la congresista destacó diversas obras realizadas para continuar el desarrollo del país.
“Yo le puedo decir varios sitios donde se pueden ver (las obras de los préstamos). Se construyó una carretera en Puerto Plata, techados, muchos puentes, muchas escuelas con un nudo legal que se terminaron y así vamos solucionando muchas cosas. Ese es el papel de la oposición…”, dijo Bournigal.
El senador opositor Félix Bautista alegó que el proyecto de ley no especifica el uso ideado por las autoridades para este nuevo fondo financiero, razón por la cual no votaron en su favor.
“Porque no se le explica a la ciudadanía en qué se va a gastar el dinero. Si usted me dice que toma 10,000 millones de pesos adicionales para hacer una obra… Pero no explica en qué se va a gastar el dinero, ese incremento que no estaba contemplado en el presupuesto”, concluyó diciendo Bautista.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.