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Los Código Penal y Laboral siguen todavía en el limbo en el senado de la Republica.

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Santo Domingo, R.D.-Volvió a quedarse sobre la mesa en el Senado de la República la aprobación de las modificaciones a los códigos Penal y Laboral, a pesar que queda poco más de una semana para que finalice la actual legislatura.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, planteó dejar sobre la mesa el Código Penal, con la condición de que este viernes la pieza, supuesta a ser aprobada en segunda lectura, sea conocida por los legisladores durante una sesión especial exclusivamente para esa propuesta de ley.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra.

El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

La pasada semana, el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, que los retrasos de la aprobación de la pieza se deben a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar.

Esas modificaciones que serán planteadas se sumaran a las que los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.

Código Laboral

Al momento de someter la aprobación en segunda lectura de la reforma, el presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), manifestó que tras escuchar varias de las propuestas de los diferentes sectores, propuso varias modificaciones a lo aprobado durante la primera discusión.

Duluc señaló que los cambios planteados son a cinco artículos, incluyendo dos considerandos y un visto; el cambio principal fue realizado a la propuesta de que las zonas francas paguen bonificaciones a sus empleados, sin embargo, se sometió la modificación para que mantenga esa excepción a las empresas de esa categoría.

El representante volvió a negar que existan presiones de sectores externos para evitar una aprobación en segunda lectura del actual Código Laboral, el cual data desde 1992.

“Estamos en segunda lectura y la segunda lectura es precisamente para eso (presentar cambios), lo que estamos haciendo es el ejercito democrático de lo que establece la Constitución; las segundas lecturas siempre son para corregir, agregar, suprimir y en eso estamos”, argumentó el senador.

El legislador manifestó que están dispuestos a conocer esta propuesta durante una extensión de la legislatura porque lo que se quiere “es terminarla”.

Riesgo de perimir

El Código Laboral corre el riesgo de perimir si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al perimir, el proyecto debería de ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.

La actual propuesta de modificación fue remitida al Senado desde el Poder Ejecutivo; la misma fue realizada a raíz de los resultados del dialogo tripartito, del cual forman parte los sectores empresarial, laboral y el Gobierno.

No obstante, una vez la pieza fue aprobada por los senadores en una primera lectura, los empresarios rechazaron el proyecto de modificación al Código de Trabajo, por considerar que “representa un retroceso” y señalando que el mismo ignora varios “acuerdos alcanzados” durante el desarrollo ese encuentro.

Aunque los empresarios han hecho un llamado a retomar el dialogo, los sindicalistas han manifestado que ese tema no fue tocado en el nuevo proyecto para “mantener el orden laboral y evitar una posible huelga general y explosión social”.

Legislatura especial

El presidente Luis Abinader ha manifestado que se encuentra en la disposición de extender la actual legislatura y/o convocar una especial, en caso de que antes del 26 de julio no sean aprobados estos códigos, ya que los mismos son de “necesidad imperiosa” para que la sociedad dominicana.

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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